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Hazel Zamora Mendieta / Cimacnoticias*
Ciudad de México / Jueves 1 de marzo de 2018
- Organizaciones presentan amparo ante Corte; viola DH, afirman
El Congreso de Guatemala analiza la iniciativa 5385 “Ley de procedimiento alternativo para la sanción y resolución de procesos de violencia sexual, explotación y trata de personas” la cual propone reducir hasta una pena mínima a quienes cometan alguno de estos delitos si se declaran culpables.
En un comunicado, la Articulación de Organizaciones de Mujeres para el Avance de la Agenda Legislativa rechazó la propuesta pues consideran que “genera condiciones de impunidad y retroceso en las garantías de protección para las mujeres, niñez y adolescencia víctimas de violencia sexual y trata”, más cuando persisten casos de violaciones sexuales y maternidades forzadas en este país.
Datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del año pasado revelaron que 4 mil 195 niñas menores de 14 años de edad presentaron un embarazo; mientras que en días pasados, un grupo de organizaciones guatemaltecas hablaron sobre el tema de violencia sexual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante las audiencias públicas que se realizan en Bogotá, Colombia, donde señalaron que el Instituto Nacional de Ciencia Forenses de Guatemala registró en 2017 un total de 409 casos de violación en niñas entre 7 y 12 años de edad y otras 230 contra menores de 6 años.
Imagen: Anayeli García Martínez / Cimacnoticias.
Si bien la iniciativa establece que esta reducción de la pena únicamente la puede promover un Ministerio Público y posteriormente autorizar un juez, en un análisis elaborado por abogadas de las asociaciones “Mujeres Transformando el Mundo”, “Alas de Mariposas” y la diputada Sandra Morán, sostienen que es un procedimiento ilegal porque viola el artículo 464 del Código Procesal Penal de Guatemala que regula la reducción de la pena únicamente en delitos menores y está prohibido dar un tratamiento penal especial a delitos específicos.
El análisis jurídico asevera que esta ley violenta los derechos a la vida, la dignidad, la justicia y el desarrollo integral de las personas y constituye una forma de discriminación estructural contra las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas.
Además las abogadas que hicieron este análisis advierten que esta Ley está “creando un fuero especial que va en contra de la norma constitucional, convenios y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos” con el falso argumento de “velar por la corrección de mora judicial”.
Por ello y con el objetivo de echar abajo esta propuesta, la Asociación de Mujeres Transformando el Mundo, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, entre otras agrupaciones, presentaron este 28 de febrero un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
* Agencia de noticias multimedia especializada en periodismo con Perspectiva de Género.
Foto de portada: Pixabay.
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