SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Guerrero / Martes 6 de marzo de 2018
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (CADHM), red de 15 organizaciones e instituciones alemanas, condenó la criminalización de los defensores y defensoras del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP), así como las amenazas y difamaciones a los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ocurridos recientemente.
Miembros de la CADHM visitaron el sábado 3 de marzo, junto con el equipo del Centro Tlachinollan, el Centro de Reinserción Social de Las Cruces en Acapulco, Guerrero, donde se reunieron con los 25 detenidos de los hechos ocurridos el 7 de enero. Entre ellos, el vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz y su hermano Vicente.
Marco Antonio Suástegui Muñoz. | Foto: Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Los y las defensoras escucharon testimonios de los presos sobre las restricciones que enfrentan dentro del centro penitenciario. Por ejemplo, a su derecho a la salud, pues muchos no reciben atención médica y no existe abasto de los medicamentos que necesitan para atenderse, informó el Centro Tlachinollan a través de un comunicado.
Añadió que los hermanos Suástegui Muñoz y sus compañeros del CECOP permanecen hacinados y sólo se les permite salir alrededor de 15 minutos al día, sin permitirles el acceso a actividades recreativas, deportivas y laborales, que son derechos que toda persona en situación de reclusión se le deben garantizar y que el resto de la población carcelaria cuenta.
Las familias de los 25 detenidos, por su parte, resaltaron que presentan obstáculos para visitarlos o comunicarse con ellos, pues además de no dejar que ellos puedan marcarles (por teléfono), y en los días de visita enfrentan problemas que les restan tiempo con sus familiares.
El Centro Tlachinollan, representante legal de los detenidos, denunció «la comisión de graves violaciones contra los derechos humanos de integrantes del CECOP, y que dichas detenciones se enmarcan en una estrategia de criminalización del proceso comunitario para frenar la oposición al proyecto hidroeléctrico La Parota». Además, por su vinculación en la defensa legal del caso, los abogados de Tlachinollan «han sido blanco de amenazas y difamaciones», de tal cuenta que «su legítima labor -reconocida internacionalmente- y sus espacios de actuación se ven obstaculizados y limitados». «En Guerrero persiste una falta de garantías, así como de condiciones adecuadas para que las organizaciones de la sociedad civil puedan ejercer su derecho a defender los derechos humanos».
Foto: Sipaz.
En este contexto, «y ante la intensificación de la evidente crisis de derechos humanos en el estado de Guerrero», la Coordinación Alemana instó a las autoridades mexicanas y guerrerenses a garantizar a los presos, de acuerdo al reglamento del Centro de Reinserción Social de Las Cruces, el derecho a la salud y atención médica, así como al trabajo para poder realizar actividades remuneradas y poder seguir proveyendo a sus familias; agilizar el acceso de los familiares al penal respetando el tiempo destinado durante sus visitas; asegurar una investigación efectiva e imparcial de los hechos del 7 de enero y de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el operativo; garantizar una investigación imparcial y efectiva conforme al debido proceso legal de los 25 presos de la CECOP; establecer garantías y condiciones para que las organizaciones de derechos humanos puedan realizar su labor en la defensa de derechos humanos en Guerrero.
Foto de portada: Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
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