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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 21 de marzo de 2018
«Sin considerar opiniones de gran relevancia», el legislador federal Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), «traiciona al pueblo mexicano» al intentar aprobar la Ley de Biodiversidad en Semana Santa. «Un madruguete en favor de intereses económicos» y que mercantiliza la naturaleza, denunció la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad (LGB).
Arturo Álvarez Angli, diputado del Partido Verde Ecologista de México. | Foto: PVEM.
La coalición hizo énfasis en que despreciando las opiniones de gran cantidad de instancias gubernamentales, científicos y académicos, como la de José Sarukhán, titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que ha señalado que por su trascendencia para las y los mexicanos la LGB debe ser ampliamente consultada, el diputado Álvarez Angli quiere que se apruebe una ley que como está diseñada es «inconstitucional».
La coalición explicó a través de un comunicado que la minuta de la ley es inconstitucional porque, de manera sesgada, se fundamenta sólo en la fracción XXIX-G del Artículo 73 de la Constitución que otorga facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena y omite el Artículo 27 constitucional que regula los elementos naturales.
Ninfa Salinas, senadora por el PVEM. | Foto: Senado de la República.
Añade que, además, pasa por alto el Artículo 1 constitucional referente a derechos humanos y tratados internacionales; el Artículo 2, respecto a los pueblos y comunidades indígenas y comunidades equiparables; viola derechos humanos básicos, como el uso y disfrute de la biodiversidad, al medio ambiente sano, a la participación; transgrede el derecho a la alimentación y no considera que la cocina mexicana es Patrimonio de la Humanidad, ya que es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales [1]; afectaría el sistema completo de la agricultura, desde la siembra y cosecha, los conocimientos ligados a ella, desconociendo que los impactos del cambio climático «sólo pueden enfrentarse con la agricultura campesina e indígena»; el proyecto de ley entra en conflicto con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados vigentes.
La coalición recordó que la minuta impulsada por el diputado Álvarez Angli ignora las 50 mil firmas contra la iniciativa a través de la plataforma Change.org, los comunicados firmados por más de 200 personas y 300 organizaciones civiles en los que exigen que el proyecto se detenga hasta que no se realice una consulta amplia entre la población, académicos y personas «no afines a los intereses de (la senadora del PVEM) Ninfa Salinas y su grupo».
Se insiste en que no se ha tomado en cuenta la postura de José Sarukhán, quien la semana pasada declaró que está en riesgo el conocimiento de los pueblos toda vez que “hay alimentos básicos en muchos países que han sido desarrollados por su gente, y no es correcto que sean capturados y presentados en otra forma, haciendo todo lo posible por desplazar el trabajo que hicieron aquellas personas”, como esta ley que permitirá la apropiación de los elementos de la naturaleza que son base de la comida mexicana, incluso de conocimientos sobre el uso de las plantas a favor de las grandes industrias: la alimentaria, la farmacéutica, y la de cosméticos.
Silvia Garza, senadora del PAN. | Foto: GPPAN en el Senado de la República.
Aunado a ello, en el proyecto de ley se hace a un lado lo dicho por la Sagarpa en el sentido de que genera conflictos en las atribuciones de las dependencias federales y no define una participación sustantiva, sino que otorga máxima autoridad a la Semarnat y a la Conabio «incluso en temas que le atañen a la agricultura»; la petición de legisladores de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados para que la minuta sea consultada con los pueblos y comunidades indígenas; y la advertencia de la legisladora Silvia Garza, presidenta de la Comisión de Cambio Climático del Senado de la República, sobre las inconsistencias en el trabajo legislativo realizado porque «abrirán la puerta a múltiples violaciones a los derechos humanos, además de constantes ataques a los ecosistemas que ya de por sí se encuentran muy vulnerados.
La Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, entre otras, está integrada por la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), Greenpeace México, el Centro para la Diversidad Biológica, la Fundación Henrich Böll, Global Youth Biodiversity Network y Semillas de Vida.
[1] Página Oficial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura: https://ich.unesco.org/es/RL/l
Foto de portada: DGCS UNAM.
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