Preocupa a ONU-DH «Ley Chayote» aprobada por el PRI: «No cumple estándares internacionales»

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Martes 10 de abril de 2018

 

Con 205 votos de las bancadas del PRI, PVEM y PANAL, ninguna abstención y 128 en contra de Morena, PRD, PES y Movimiento Ciudadano, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Comunicación Social. El dictamen fue turnado de inmediato al Senado de la República, donde deberá ser ratificado antes del 30 de abril o devuelto al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Una vez conocido el resultado de la votación, a través de las redes sociales, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) dijo «que ve con preocupación el dictamen aprobado hoy por la Cámara de Diputados sobre la publicidad oficial, debido a que no cumple con los estándares internacionales sobre esta materia y mantiene el manejo discrecional de los recursos destinados a ello».

El posicionamiento de la ONU-DH México se da en concordancia con lo expresado con antelación por el Colectivo Medios Libres, que ha calificado a esa norma como «Ley Chayote» porque centraliza el control del gasto en publicidad oficial, alienta su uso proselitista, permite la ineficiencia y discrecionalidad del uso de los recursos públicos y, por el contrario, inhibe la libertad de expresión, no fomenta el pluralismo, la diversidad de medios, la transparencia ni la regulación de la medición de audiencia, circulación, vistas y rating de los distintos medios de comunicación del país.

El colectivo, integrado por un centenar de organizaciones civiles, medios de comunicación, activistas y académicos, insistió desde el 3 de abril en que el dictamen que hoy se aprobó “no atiende los problemas que supone la publicidad oficial como mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros”, además de que institucionaliza las malas prácticas que actualmente se llevan a cabo desde el poder público y atenta contra el Estado democrático de derecho. Pese ello, no fueron escuchados por las bancadas del PRI, PEM y PANAL.

Al eso del medio día de hoy inició la discusión en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro. En lo particular, se presentaron 103 propuestas de modificación a 61 artículos y sólo se aceptaron dos: una del diputado Ricardo David García Portilla, del PRI, a seis artículos de la ley con el propósito, dijo, de mejorar los controles democráticos en la contratación de la publicidad oficial. Otra, del legislador de Movimiento Ciudadano, Macedonio Tamez Guajardo, para agregar al artículo 5 el principio de veracidad, pues consideró ocioso pretender que las autoridades publiquen y anuncien en los medios sus actividades si no son apegadas a la verdad.

Ya en los posicionamientos, el diputado de Morena, Virgilio Caballero, sostuvo que esta ley legaliza las campañas de promoción personalizada, permite el uso de los recursos públicos para difundir logros personales, reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de la publicidad oficial y avala su contratación como un botín de negociación política. Por ello se pronunció por establecer los principios de la comunicación social y la publicidad oficial, las directrices de los contenidos que verdaderamente sean de interés público, así como prohibiciones explícitas a la promoción personalizada, colocar topes presupuestarios, prohibir la modificación del gasto y establecer límites a los porcentajes de asignación a cada medio o agencia de comunicación con el fin de garantizar la pluralidad y la diversidad de medios.

El perredista Rafael Hernández Soriano rechazó la ley porque el dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación no aporta nada “a la relación perversa que se encuentra establecida entre los medios de comunicación y la Secretaría de Gobernación, (pues) lo que se propone es institucionalizar la política del ominoso chayote”. No determina un límite claro y contundente al monto de los recursos públicos destinados a la propaganda gubernamental, mantiene la discrecionalidad no solamente para su manejo, asignación, sino también para su reasignación, incremento o decremento; ni se establecen las razones de adjudicación de los contratos de publicidad, “lo que deja la posibilidad de que se siga contratando de manera discrecional y con opacidad”.

Jorge Triana Tena, del PAN, consideró que la ley no atiende el problema de comunicación gubernamental en el país, toda vez que carece de criterios claros para la asignación de recursos públicos emanados de los impuestos. Tampoco fomenta la pluralidad democrática en la participación en los medios de comunicación y concentra de manera perniciosa, en la Secretaría de Gobernación, la distribución de los tiempos y asignaciones de comunicación social. Incluso, mantiene prácticas que atentan contra la libertad de expresión e incentiva el proselitismo “del que se ha valido el gobierno actual, gastando recursos públicos por el orden de 40 mil millones de pesos en lo que va del sexenio. No podemos prestarnos a aprobar un proyecto con estas características; le estamos dando el avión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una simulación lo que se vota».

En su turno, Tamez Guajardo calificó de “vergüenza que el Poder Judicial haya tenido que enmendarnos la plana al Poder Legislativo, a través de una sentencia de amparo. Es una vergüenza, porque exhibe públicamente la crónica de tendencia que hay en este Poder Legislativo a la negligencia, ausentismos, impuntualidad, falta de sesión de comisiones y a la manipulación de algunos presidentes de comisiones para sacar dictámenes a favor del sistema”. El dictamen “es una atrocidad, tiene fallas en el procedimiento legislativo”; se deja a la Secretaría de Gobernación como administradora, dándole facultades para llevar el padrón, registrar programas, autorizar planes y manejar presupuesto; omite el principio de veracidad así como las sanciones, y no se castiga a quien rebasa el tope de gastos en comunicación.

Los reclamos no fueron suficientes. El dictamen fue aprobado y si lo ratifica el Senado de la República, la Ley General de Comunicación Social será aplicable a cualquier campaña de comunicación social pagada con recursos públicos, que sea transmitida en el territorio nacional o en el extranjero; los tiempos oficiales serán utilizados por los entes públicos para la difusión de contenidos de carácter institucional y con fines informativos, educativos, culturales y otros asuntos de interés social.

La Secretaría de Gobernación será la que administre el uso de los tiempos de Estado y de los fiscales, conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones, salvo en el caso de los que administra el Instituto Nacional Electoral.

La distribución de los tiempos fiscales se realizará en la siguiente proporción: 40 por ciento al Ejecutivo federal; 30 por ciento al Poder Legislativo federal; 10 por ciento al Poder Judicial Federal, y 20 por ciento a los entes autónomos constitucionales.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, la priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente, afirmó que la ley es de interés nacional y observancia en toda la República; asegura el acceso a una información completa, oportuna, veraz y prevé el manejo transparente de los recursos públicos destinados a esta responsabilidad esencial del Estado mexicano; fiscaliza el gasto en comunicación social de todos los Poderes, de los tres órdenes de gobierno y los entes públicos para someterlo a principios de racionalidad, economía, transparencia, tal y como lo prescribe el artículo 2, con el fin de evitar la improvisación y establecer mecanismos para una estricta evaluación de la comunicación social.

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Imagen de portada: Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro. | Foto: UdeG-Tv.