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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 13 de abril de 2018
En nuestro país, uno de los mecanismos que permiten al grupo en el poder crear y reproducir condiciones para el ejercicio y mantenimiento de su dominio es el sistema electoral.
Sujeto a un férreo control ideológico y político, al pueblo le han hecho creer que vivimos en un régimen democrático y que el sistema electoral vigente es la única vía para que la ciudadanía participe en la política y elija, la mayoría de las veces entre candidatos propuestos por partidos políticos que representan intereses ajenos y diferentes de los del pueblo, a quienes ocuparán las instancias de gobierno donde se toman las decisiones que mantienen el estado de cosas que beneficia a los que detentan el poder.
El sistema electoral mexicano dilapida una cantidad enorme de recursos, establece la legalidad y las normas que impiden que el poder político escape de quienes tienen el poder económico; y cuando surge el mínimo riesgo de perder el control de ciertos espacios de gobierno que implique reducción de su dominio, no dudan en violar su legalidad y pasar sobre sus normas, como ocurrió en las elecciones de 1988, 2006 y 2012, o como sucede en la actual coyuntura electoral: existen candidatos de muy dudosa probidad y otros que mediante acciones fraudulentas alcanzaron las condiciones para presentarse como «candidatos independientes».
Si como pueblo aspiramos a crear las condiciones que nos permitan aspirar a una vida digna, mediante el acceso por vías pacíficas a las instancias de gobierno donde se toman las decisiones para lograrlo, una de esas vías es la lucha electoral.
Una condición esencial en la participación en esa lucha, como en otras, es no pecar de ingenuos.
Si pensamos que la lucha electoral se circunscribe al apoyo a los candidatos de los partidos políticos que el sistema nos ofrece; o a los «independientes» que cuentan con las artimañas y los suficientes recursos económicos para entrar en ese juego; o si creemos que en el estrecho margen de acción que ofrecen las viciadas prácticas de los partidos políticos tradicionales, podremos lograr algún cambio insertándonos en uno de ellos, la habremos perdido antes de iniciarla.
Por otro lado, a lo largo y ancho de la geografía nacional y en prácticamente todos los estratos sociales, con excepción de la oligarquía y la alta burguesía, se dan expresiones y manifestaciones de descontento e indignación causadas por el constante deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de quienes habitamos este país; ello, con diferente intensidad y en torno a problemas o necesidades disímiles, sin embargo todos tienen en común que son causados por quienes constituyen esa excepción.
Pero la indignación y el descontento existentes poco pueden ayudar a cambiar esa situación si quienes la padecen no actúan de una manera conciente y organizada, con claridad respecto del origen de los problemas y el objetivo que se persigue.
Por ello, si se aspira a ganar espacios en las diferentes instancias de gobierno en nuestras comunidades, la participación en la lucha electoral deberá darse mediante la organización ciudadana, lo más amplia posible, con autonomía y al margen de los partidos políticos tradicionales.
Una organización construida con base en objetivos comunes cuya consecución se sustente en un programa mínimo, elaborado colectivamente y que responda a las necesidades y aspiraciones de la mayoría de la población, programa que opere como un elemento que convoque a diferentes sectores sociales, los cohesione y comprometa a impulsarlo.
Si aspiramos a colaborar en la construcción de una organización que dispute el gobierno a quienes lo han usurpado, deberemos ser diferentes a ellos. La práctica de una real democracia, el respeto a personas y organizaciones participantes, la formación política e ideológica, la confrontación de tesis y posiciones con la realidad y la práctica de la crítica y la autocrítica constructivas, entre otros, son aspectos dignos de considerarse y atenderse.
Y no sería algo novedoso. En algunas comunidades del país, nuestros compatriotas han dado muestra de que es posible lograrlo.
* Alfonso Díaz Rey es miembro de la Constituyente Ciudadana Popular y del Frente Regional en Defensa de la Soberanía en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: INE.
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