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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 12 de abril de 2018
- El órgano especializado de Naciones Unidas documenta corrupción en cárceles y confirma que la impunidad en los casos de tortura es la regla.
- El SPT documentó que niños, niñas y adolescentes privados de libertad también son víctimas de tortura.
Gracias a una solicitud de acceso a la información, el gobierno de Enrique Peña Nieto se vio forzado a entregar el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) de la ONU que confirma que en México la práctica de la tortura es generalizada y que alcanza a niños, niñas y adolescentes privados de la libertad. La Secretaría de Relaciones Exteriores mantuvo el documento en calidad de reservado por cuatro meses.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Luis Videgaray, deberá rendir un informe en junio ante el SPT de la ONU sobre las medidas adoptadas para prevenir la tortura. | Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro.
El informe es resultado de la visita realizada por el SPT a nuestro país en diciembre de 2016 y entregado al gobierno federal al año siguiente. Luego de ser solicitado el 16 de febrero de este año, casi dos meses después, el 4 de abril fue obtenido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), que junto con las organizaciones ASILEGAL, Centro Prodh, EQUIS Justicia para las Mujeres, Instituto de Justicia Procesal Penal, INSYDE y OCS Justicia hizo un «enérgico llamado» a las instituciones del Estado mexicano a cumplir a cabalidad las recomendaciones formuladas por el SPT y que incluyan a las organizaciones de la sociedad civil en su implementación. Y llamaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que haga público el informe que deberá presentar en junio de este año a dicho órgano de las Naciones Unidas sobre la implementación de las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
Entre las recomendaciones del SPT al Estado mexicano se encuentra la eliminación de la figura del arraigo, el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), por ejemplo, para establecer mecanismos para iniciar quejas o denuncias que deriven de los casos individuales que documenta. El Subcomité también observó la necesidad de que el MNPT interactúe con diversas autoridades, entre otras, las instituciones judiciales para que éstas desarrollen acciones de prevención y sanción de la tortura.
A través de un comunicado, las organizaciones señalaron que en el informe entregado al gobierno mexicano el SPT reconoció avances legislativos en torno a la prevención de la tortura, pero también «reiteró que la tortura es una práctica generalizada, tal y como lo han reconocido otros mecanismos internacionales. Asimismo, confirmó que la impunidad, casi absoluta, que prevalece en los casos de tortura fomenta su repetición.
Personas privadas de la libertad no denuncian la tortura y malos tratos por temor a represalias. | Foto: Pixabay.
En ese sentido, el Subcomité resaltó que la falta de independencia de los servicios forenses de las procuradurías se traduce en el encubrimiento de actos de tortura. Asimismo, documentó que muchas personas privadas de la libertad no denuncian la tortura y malos tratos por temor a represalias». Además, señaló su preocupación por “distintas formas de corrupción y connivencia entre grupos de criminalidad compleja y las autoridades y personal de los penales”.
El SPT identificó que la tortura es comúnmente aplicada durante el arresto, traslado, ingreso a lugares de detención e interrogatorios, con el fin de que las víctimas hagan declaraciones auto-incriminatorias o incluso para obligarlas a firmar hojas en blanco. En el informe se señala como responsables de la tortura a funcionarios públicos de diferentes dependencias: agentes de la policía (federal, estatal y municipal), de migración e integrantes de las Fuerzas Armadas.
Se dijo particularmente preocupado por la situación de niños, niñas y adolescentes privados de libertad, ya que documentó tanto actos de tortura física como hacinamiento, falta de actividades, acceso al aire libre y otros.
El Subcomité verificó también condiciones de hacinamiento en estaciones migratorias y que no se suministra información a las personas migrantes sobre la detención. Los funcionarios de migración no asisten a las personas migrantes, por ejemplo para contactar a sus familias y para aquellas cuestiones necesarias para su regreso al país de origen. A la vez constató preocupantes actos de amenazas que afectan particularmente a las mujeres madres e hijos que permanecen en esos lugares de detención.
Niños, niñas y adolescentes privados de libertad también son víctimas de tortura y hacinamiento. | Foto: Pixabay.
Otra de las preocupaciones expresadas en especial por el SPT fue en relación a la situación de «personas con condiciones de salud mental», por casos de personas en centros de reclusión que llevan años en aislamiento en condiciones infrahumanas y sin recibir atención especializada. Y en cuanto a personas internadas en instituciones psiquiátricas, mostró su preocupación por la aplicación de tratamientos con el consentimiento de la familia, en vez del consentimiento de la persona.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) es un mecanismo de las Naciones Unidas que tiene por objeto monitorear las condiciones de detención y el trato de las personas privadas de libertad mediante visitas a los países y asesorar a éstos sobre la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura.
El Informe del SPT puede consultarse aquí.
Foto de portada: Pixabay.
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