Alertan ante CIDH por intención del gobierno mexicano de cerrar el caso Ayotzinapa

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Martes 8 de mayo de 2018

 

Mientras familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la intención del gobierno de la República de cerrar el expediente, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva expresó su preocupación por las descalificaciones de la administración federal contra Jan Jařab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH, quien en marzo presentó un informe en el que señala que los testimonios de 34 de los 129 detenidos, en los que se basa la «verdad histórica», fueron obtenidos bajo tortura.

Durante la audiencia de oficio realizada en el 168 periodo de sesiones de la CIDH, las familias de los 43 normalistas y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República: «Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan», advirtió Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien pidió a las y los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que, a su vez, la representación legal de las familias destacó cuatro señales que advierten de un posible cierre del caso: «El rechazo del gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial (verdad histórica); la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados -proporcionados por la DEA- con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales; el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones; y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial».

Durante la audiencia de la CIDH celebrada este día en Santo Domingo, República Dominicana, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva dijo entender el dolor de las familias por no encontrar resultados sustanciales al cumplirse 43 meses de los hechos, y pidió al gobierno mexicano informar detalladamente si hubo avances significativos en el cronograma de trabajo.

Fue entonces que Vargas Silva enfatizó su preocupación por las descalificaciones contra Jan Jařab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH, y señaló que se debe prestar máxima atención a lo señalado en marzo pasado en el informe de la ONU. A ello, la comisionada Flávia Piovesan agregó que tiene dudas sobre la independencia de las instituciones encargadas de investigar la tortura y destacó, en contraste, la pericia de la ONU en estos temas.

En este contexto, en la audiencia los abogados de las víctimas detallaron que los mensajes filtrados a la prensa, interceptados la noche del 26 de septiembre de 2014, indican que pasada la media noche, cuando de acuerdo con las “confesiones” que sustentan la teoría del caso los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos.

Destacaron que «esta información muestra que el poder trasnacional y los vínculos con el gobierno de la organización criminal sobrepasan por mucho el ámbito municipal, de forma contraria a la narrativa oficial del caso, y llegan hasta el ámbito estatal y federal, señaladamente a la Policía Federal y al Ejército, y que por ello se deben recabar más de 60 pruebas pedidas por la defensa.

Se denunció, además, que se siguen acumulando rezagos en la atención a las víctimas y que el Gobierno federal se niega a firmar una declaración de intención que buscaba que se cumplieran las recomendaciones en esta área.

Los representantes de las víctimas exigieron respeto al trabajo de la ONU en México y señalaron que el documento circulado por el Estado, unas horas antes de la audiencia, tiene señalamientos propios de un gobierno autoritario.

«Compromiso con la atención del caso»

La Procuraduría General de la República, en tanto, emitió un comunicado de escasos cinco párrafos en el que asegura que una representación de alto nivel del gobierno de la República participó en la audiencia de la CIDH como parte de «su cooperación» y «compromiso con la atención al caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero».

Fue, aseguró, la oportunidad de compartir información actualizada sobre el seguimiento a las medidas cautelares de a CIDH, «en específico a lo que se refiere a los avances registrados en materia de investigaciones, búsqueda y atención integral a víctimas». En particular, «las nuevas consignaciones de presuntos responsables, así como el resultado de las gestiones de la Procuraduría General de la República, que permitió unificar las distintas causas penales ante un solo juzgado y asegurar así su atención integral».

La PGR hizo entonces referencia al documento de observaciones del gobierno al informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, documento que contiene observaciones que buscan aclarar «cuestiones sustantivas importantes en torno a las alegaciones de presuntas irregularidades en la investigación del caso, además que se trató de conclusiones prematuras que podrían afectar el resultado de las investigaciones». Y que «resulta relevante para el trabajo de la CIDH en el marco de la labor del mecanismo de seguimiento» del caso Ayotzinapa.

 

La PGR se refería al documento que el gobierno mexicano entregó la víspera a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su sede de Ginerba, Suiza. Ahí, la PGR, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores descalifican el reporte Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, presentado desde el 15 de marzo pasado por Jan Jařab, representante en México de la ONU-DH.

Las tres dependencias del gobierno mexicano acusan a Jan Jařab de incumplir con la publicación de su informe «el Acuerdo entre ambas Partes sobre la Continuidad de sus Actividades en México, del 22 de febrero de 2017», tanto en su letra como en su espíritu, además de que «desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el gobierno de México manifestó en varias ocasiones, que permitiera dar cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la Oficina en torno al asunto».

Esa respuesta del gobierno mexicano, que se dio casi dos meses después de publicado el informe de Jan Jařab, afirma también que «después de haber realizado los dictámenes periciales en el marco del manual de investigación conocido como Protocolo de Estambul, que aporta los estándares y parámetros mínimos mediante los cuales puede comprobarse la existencia de tortura, los resultados a la fecha no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos». Y establece: «El gobierno de la República reitera su determinación de agotar todas las líneas de investigación en el caso Iguala y de continuar trabajando con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, en interés de arribar a conclusiones en el caso en el presente año».

Por esa postura es que las familias de los 43 estudiantes y sus representantes legales consideran que se trata de un documento propio «de un gobierno autoritario», que revela la intención de dar por cerrado el caso Ayotzinapa al finalizar el año 2018 ante la probable próxima alternancia en la presidencia de la República.

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Foto de portada: Paulina Negrete / Cuartoscuro.