Denuncian deficiencias del Estado mexicano en búsqueda de desaparecidos

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 24 de mayo de 2018

 

Organizaciones de la sociedad civil y de familiares de desaparecidos en México denunciaron ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que el gobierno mexicano incurre en deficiencias en la aplicación de la Ley General de Víctimas y del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada.

Además, añadieron, hay falta de asignación de recursos financieros y humanos; se carece de capacidades técnicas en la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y en las fiscalías estatales, a lo que se suman la inadecuada gestión de restos de personas fallecidas sin identificar y actitudes discriminatorias y de estigmatización de las autoridades hacia las víctimas y sus familiares.

La asociación civil I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y once colectivos de los estados de Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Veracruz, integrados por personas que buscan a sus familiares recordaron que de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en México existe un total de 35 mil 410 personas víctimas de desaparición (1,142 del fuero federal y 34,268 del fuero común), incluidas 8 mil 982 mujeres y 6,290 menores de edad. Y que según cifras  oficiales, 21 mil 602 de esas desapariciones han ocurrido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

«La mayoría de los familiares de personas desaparecidas siguen enfrentándose a procedimientos ineficaces, complicados, lentos, discrecionales y burocráticos que no solamente obstaculizan el acceso a sus derechos, sino también acentúan su situación de vulnerabilidad», afirmaron.

El cumplimiento de México con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue revisado por primera vez en febrero de 2015 por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), que en su informe final declaró que en nuestro país existe «un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas». Y emitió una serie de recomendaciones en las que, precisamente, pide contar con un registro confiable de personas desaparecidas, redoblar esfuerzos para realizar investigaciones exhaustivas en casos de desapariciones, reconocer facultades al CED para conocer casos individuales, adoptar medidas para que los casos que involucren a militares sean excluidos de la jurisdicción y avanzar en las investigaciones de los casos ocurridos durante el periodo de la guerra sucia de los años 70.

Al cabo de tres años, el 13 de febrero pasado, el Estado mexicano presentó un informe para rendir cuentas sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones que le fueron enviadas por el CED. Pero, a la vez, rechazó la competencia de ese organismo de la ONU para recibir comunicaciones individuales y se negó a aceptar su visita a México, lo que «demuestra su falta de apertura (de las autoridades mexicanas) frente al escrutinio internacional, así como falta de voluntad política para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales».

Fue en ese contexto que I(dh)eas y los colectivos de familiares de personas desaparecidas presentaron el 15 de mayo un informe alternativo al del Comité de la ONU en el que expresaron su preocupación por la situación en que se encuentra el fenómeno de las desapariciones en nuestro país y denunciaron la falta de avances sustantivos en la prevención, investigación y sanción del delito, así como en la protección y asistencia a las víctimas.

Estimaron que el escrutinio internacional es una oportunidad para superar los graves desafíos en materia de desaparición e impunidad, por lo que instaron al Estado mexicano «a mostrar su voluntad política implementando a la brevedad las recomendaciones del CED y las contenidas en el informe presentado el 15 de mayo por los colectivos.

Además de I(dh)eas, los colectivos que hacen las denuncias son Coahuila: Familias Unidas para la Búsqueda de Desaparecidos; Estado de México: Deudos y Defensores para la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, y Uniendo Esperanzas; Guerrero: Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, y Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos; Jalisco: Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, y Por Amor por Ellxs; Nayarit: Por Nuestros Corazones; Familias Unidas por Nayarit; Querétaro: Desaparecidos Justicia; y Veracruz: Solecito de Veracruz.

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Foto de portada: Cinabrio Blog.