Ayotzinapa: PJF destroza «verdad histórica» de PGR; ordena nueva investigación

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Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Martes 5 de junio de 2018

 

En una sentencia que fue calificada como histórica por organizaciones civiles, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito determinó que la investigación del caso Ayotzinapa realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue «pronta, efectiva, independiente ni imparcial», lo que ha impedido saber qué fue de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

A la vez, instruyó la creación de una Comisión de la Verdad y Justicia integrada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, familiares de las víctimas y la propia PGR, incluso con participación de organismos nacionales e internacionales, toda vez que en México no existe una Fiscalía independiente que pueda investigar a agentes del gobierno.

Entre las irregularidades encontradas por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, resalta que la PGR no indagó la posible participación de elementos del Ejército mexicano y de la Policía Federal, además de que hay suficientes indicios para presumir que las acusaciones y confesiones obtenidas de varios detenidos fueron producto de graves violaciones los derechos humanos, como la tortura. Por ello, pidió que en la nueva investigación se recurra a peritos ajenos a la PGR.

En la resolución de los amparos 203/2017 al 206/2017, los magistrados ordenan que los integrantes del Ministerio Público Federal, fiscales y personal de la PGR que participen en la nueva investigación deben ser distintos a los que participaron en las primeras indagatorias; que la Comisión de la Verdad y Justicia deberá estar integrada en no más de diez días naturales y que sus miembros «tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente, en especial donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se pueden encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso los lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense».

Histórico

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, organizaciones que acompañan a las familias de los estudiantes desaparecidos, informaron en su nombre que dada la extensión de la sentencia y su importancia iniciarán un proceso de análisis para revisar sus extremos y posicionarse públicamente en los próximos días.

Destacaron, sin embargo, que la resolución es «histórica», toda vez que «establece las graves irregularidades en que incurrió la PGR. Se trata de «un importante aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso.

«Frente a los múltiples señalamientos críticos ante la ‘verdad histórica’ por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Ccomisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el gobierno federal respondió siempre que serán los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial».

Momentos después de darse a conocer el fallo de los magistrados, la PGR emitió un comunicado en el que, en principio, negó haber sido informada oficialmente de la resolución y, a reserva de concluir el respectivo análisis, adelantó que no comparte el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, «pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación.

«Respecto a las acusaciones de tortura, la Procuraduría, a través de la Unidad Especializada, tiene abiertas diversas Carpetas de Investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul».

Las organizaciones no gubernamentales, en contraste, aclararon en principio que la resolución de los magistrados deriva de las impugnaciones presentadas por algunos de los acusados «que refirieron haber sido objeto de tortura», además de que la misma sentencia «pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y, en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes (…) Confirma que la investigación puso especial énfasis en la obtención de declaraciones mediante coacción y que estas alegaciones no han sido investigadas adecuadamente. Así, los Magistrados, en el párrafo 764 de la sentencia señalan: ‘En el caso, no sólo son las alegaciones sobre tortura, las que involucran al personal de la SEIDO, sino además se cuenta con múltiples casos en los que las personas aseguradas sufrieron lesiones o incremento de las mismas, hasta en tanto estuvieron a disposición de dicha Unidad'».

La sentencia añade que «en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía; por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma». Un ejemplo claro de la ausencia de independencia e imparcialidad, dijeron las organizaciones, «es lo referido por  los magistrados en el párrafo 1033 de la sentencia, pues establecen: ‘…no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se haya indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México'».

Las cuatro organizaciones civiles enfatizaron por último el exhorto de los magistrados dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, para que, en relación a la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad, «gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete para que en el marco de sus respectivas atribuciones se sirvan prestar el apoyo y las demás necesidades que requiera la referida Comisión».

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Foto de portada: Archivo.