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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 18 de julio de 2018
El Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial resolvió el día de hoy que es jurídicamente imposible crear una Comisión de la Verdad y Paz y reponer la investigación por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Enrique Peña Nieto acompañado de Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, y Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional. | Foto: Manuel Mendarte / Presidencia de la República.
Con ello, lamentaron familiares de las víctimas y las organizaciones que los representan, el magistrado encargado de ese tribunal, Sabino Pérez García, «sucumbió» a la presión del gobierno de Enrique Peña Nieto que en «una acción inédita» interpuso más de cien recursos y escritos jurídicos a través de la oficina de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, e incluso la Cámara de Diputados, para revertir la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas que el 30 de mayo ordenó crear la Comisión de la Verdad tras comprobar que los acusados en el caso fueron sometidos a tortura y graves violaciones a los derechos humanos.
«Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático», recalcaron los familiares y las organizaciones Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar y Serapaz. Por ello, añadieron, la que ahora deberá pronunciarse en definitiva será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En aquella ocasión, el Primer Tribunal Colegiado había ordenado, también, que la Comisión de la Verdad fuera integrada por el Ministerio Público, las víctimas, sus representantes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes deberían participar en la definición de las líneas de investigación a seguir. Precisamente lo que con una batería de recursos jurídicos atacó el gobierno de Peña Nieto, al que ahora termina dándole la razón el titular del Tercer Tribunal Unitario, el magistrado Sabino Pérez García.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. | Foto: SCJN.
Es un fallo que «atenta contra la verdad y la justicia», sostuvieron familiares y organizaciones, que consideraron que ahora la SCJN «debe tener una aproximación imparcial» al caso, pues «sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del gobierno federal». «Lamentamos profundamente esta decisión, que lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso que había sido recuperada con la valiente sentencia del Primer Tribunal Colegiado. El acuerdo publicado el día de hoy muestra que aún tenemos en México un Poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder».
Foto de portada: Saúl López / Cuartoscuro.
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