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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 19 de julio de 2018
La representación legal de diez municipios indígenas mayas de Yucatán lamentó que el Poder Judicial Federal haya tardado una década en resolver el litigio que promovieron para que su territorio sea declarado Zona Libre de Transgénicos (LZT) y que no haya reconocido la discriminación que han sufrido al no hacerse efectivo su derecho a la libre autodeterminación, expresado en su decisión de rechazar la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM).

El 4 de julio, el Tribunal Colegiado en Materias Laboral y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, resolvió el amparo en revisión 115/2016, presentado por la representación legal de más de dos mil apicultores mayas pertenecientes a los municipios de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab que en el año 2012 solicitaron por escrito a sus presidentes municipales establecer en sus municipios zonas libres de transgénicos para la protección de productos agrícolas orgánicos y otros de interés de las comunidades solicitantes, como es la miel libre de polen GM.
Lo único que resolvió fue que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) es la autoridad que debe responder a los más de dos mil apicultores que exigen la declaratoria de ZLT y no el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) -que pertenece a la misma Sagarpa-, como sucedió en su momento cuando negó la solicitud de las comunidades pese a que ésta fue avalada por las autoridades de sus respectivos municipios.
Las organizaciones Indignación, Greenpeace y Ma OGM hicieron énfasis en que es fundamental que la Sagarpa reconozca la libre determinación de las comunidades mayas para que sus territorios se declaren libres de transgénicos, igual que todas las pruebas técnicas y científicas que demuestran que la siembra de transgénicos es inviable en la Península de Yucatán, dado los riegos ambientales, sociales y económicos que se generarían.
«La propia Senasica, instancia que otorgó los permisos a Monsanto para la siembra en fase comercial de soya transgénica en la Península, los ha revocado, entre otras cosas, por un ‘manejo no confiable’ de la tecnología autorizada puesto que ‘no existía certeza de la efectividad de los controles de inventarios de la semilla’. También señaló que la liberación de organismos genéticamente modificados en sitios no autorizados en el permiso y la pérdida del control del material genéticamente modificado es ‘un daño grave o irreversible’”, sostuvieron las organizaciones.

Estos argumentos refuerzan lo señalado por las comunidades al hacer la solicitud de declaratoria de ZLT en 2012, año en que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) advirtieron de la falta de condiciones para implementar medidas adecuadas de bioseguridad en la región frente a la siembra de OGM, dado que ya se había documentado, en las fases experimental y piloto, la siembra de soya transgénica de Monsanto fuera de los polígonos permitidos, incluyendo Áreas Naturales Protegidas de la Península de Yucatán.
En ese sentido, las organizaciones hicieron un llamado para que la Sagarpa, al cumplir la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado, dé la razón a los apicultores mayas y haga la declaratoria de Zonas Libres de Transgénicos, pues «resultaría irresponsable que no lo hiciera con las evidencias existentes y frente a la exigencia clara de las comunidades mayas».
Fotos de portada e interiores: Pixabay.
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