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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 24 de julio de 2018
Ante la coyuntura de cambio de gobierno, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas presentaron la iniciativa Rompe el Silencio, hacia un Proceso de Verdad y Memoria en México, con la que proponen la creación de una comisión de la verdad y la memoria con un modelo centrado en las víctimas y bajo el marco de la justicia transicional.
«La iniciativa Romper el Silecio supone la creación de una comisión de la verdad y la memoria para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, entre muchas otras, que fueron cometidas en el marco de la guerra contra el narcotráfico, entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018 por venir. Se trata de graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado y por grupos del crimen organizado. Unas veces cometidas de manera independiente y otras, hay que enfatizarlo, muchas otras en colusión.

De izquierda a derecha, María Luisa Castellanos, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León; María Emma Mora, de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos; Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. | Foto: CDHDF.
«Partiendo del principio de la centralidad de las víctimas y de sus familiares en la búsqueda de la verdad, esta comisión de la verdad tendría como mandato visibilizar a las víctimas, identificar a los perpetradores de las graves violaciones de derechos humanos, tendría que explicar los métodos del horror de la violencia y las causas estructurales de la misma. Asimismo, esta comisión tendría que explicar si estas graves violaciones a los derechos humanos, en su caso por ser sistemáticas y generalizadas, llegaron a constituir crímenes de lesa humanidad», explicó Guillermo Trejo, académico de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos que forma parte del grupo que diseñó la propuesta.
Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), dijo que Romper el Silencio es resultado de más de dos años de trabajo Añadió y que quienes participaron en el diseño de la propuesta son conscientes de que se requiere un esfuerzo mayor: un mecanismo de combate a la impunidad y la construcción de una Fiscalía General de la República realmente autónoma. «Esperamos que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador secunde esta discusión y (contribuya con) aportaciones en el marco de las medidas como parte de la justicia transicional».
Se trata, añadió Guillermo Trejo, de una propuesta para romper «ese silencio asfixiante» sobre las grandes violaciones que se han cometido en el marco de la guerra contra el narcotráfico en los últimos 12 años. Porque «ante más de 150 mil muertes asociadas al crimen organizado, más de 30 mil desaparecidos, más de 300 mil personas desplazadas, más de mil fosas clandestinas y ante cientos de líderes sociales, periodistas, alcaldes y políticos locales asesinados en los últimos años, hoy podemos afirmar con mucha energía que las instituciones del orden común en este país se encuentran rebasadas, cooptadas o colapsadas, y que los derechos de las víctimas se encuentran pisoteados, negados, abandonados».
El Estado de derecho es inexistente
María Luisa Castellanos, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, dijo que durante diez años se ha escuchado del gobierno «la verdad que ellos han querido señalar y decir de las y los nuestros. El estigma que hemos cargado, ellos como desaparecidos y nosotros sus familiares. Siempre las chicas se fueron con un hombre, los muchachos andaban en una actividad irregular, siempre somos criticados y la sociedad en general se cree esta historia».
Pero es momento de cambiar, «de contar nuestro lado de la historia», de señalar lo que ha sucedido. «Tenemos casos recientes en los que no se aplican los protocolos y las personas desaparecidas de antes de 2015 y posterior al trabajo del GIEI siguen desaparecidas». De modo que con la comisión de la verdad que propone Rompe el Silencio «nosotros vamos a poder dar cuenta de lo que está sucediendo, de cuál es la verdad y cuál es la realidad a la que nos hemos enfrentado en el norte del país».
Lucía Díaz Genao, del colectivo Solecito de Veracruz, consideró que con la iniciativa Rompe el Silencio se siembra la semilla para que México transite del oscurantismo, de la terrible violencia y de la impunidad, hacia el Estado de derecho. Hay una coyuntura excepcional para hacer cambios en todos los sentidos.

Lucía de los Ángeles Díaz Genao, del colectivo Solecito de Veracruz. | Foto: SemMéxico.
«Para la sociedad civil ha sido sufrir y aguantar las violaciones tan graves a nuestros derechos, los atropellos, la continua indiferencia, la negligencia, las omisiones, la corrupción de las autoridades de todos los órdenes. Una de las cosas que nos llama la atención es que, por lo visto (…), lo que realmente han hecho las autoridades es administrar de una manera inmoral, inhumana, toda esta tragedia. Se dice que estamos viviendo una catástrofe humanitaria y nos quedamos cortos. La cifra de los 37 mil desaparecidos es absurda. En Veracruz tenemos cinco mil y pico de casos con denuncia, cuando sabemos que la cifra negra es posiblemente de 15 mil, de 20 mil. Estamos ante una catástrofe sin haber guerra (…) El Estado de derecho en México es inexistente, no hay garantías individuales, no hay nada en absoluto, cada quien para cada quien. Y eso ya lo sabemos, yo creo que no es el silencio, es la indiferencia la que tenemos que romper (…) Tenemos que romper la indiferencia de las autoridades que piensan que ya su trabajo está garantizado y no necesitan hacer más nada para quedar bien. Romper la indiferencia de todo el que piensa que porque terminó su trabajo del día en una oficina, ya cumplió con el lado humano que se requiere en la vida diaria.
«La sociedad civil se decidió y tomó el lugar de las autoridades. Nosotras, por ejemplo, ya estamos luchando para llenar todos esos espacios que nos permite la ley, recuperando cuerpos en fosas. Qué madre quiere ir a una fosa, abrir esa fosa y encontrar los huesos de una persona que indignamente, inhumanamente, fue llevada ahí con todo el horror del mundo, posiblemente a los 14 años, a los 15. Qué madre quiere exponerse a un espectáculo de ese tamaño, sin embargo lo tenemos que hacer, no nos han dejado ningún otro espacio donde meternos. Es lo que la sociedad está haciendo, las víctimas lo estamos haciendo».
Para María Emma Mora, de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, la iniciativa Romper el Silencio ayudará a visibilizar un problema que se vive en todo el país, pues resulta tan triste y doloroso que las personas que no han sufrido la pérdida de un familiar sean tan apáticas e insensibles.
«Creen que no sentarse con nosotros o con alejarse no van a estar expuestos a una situación como la nuestra. Nadie está exento de que le suceda, aquí no se ven estratos sociales o religiosos, agarran parejo a niñas, niños, abuelitos, gente madura. Mientras te veas bien físicamente eres vulnerable. Entonces ahorita es el momento, cuando vamos a iniciar la transición hacia un nuevo gobierno que quiere acabar con la impunidad, para que alcemos la voz, que nos unamos y demos a conocer a toda la sociedad la realidad que estamos viviendo, la realidad que muchos quieren desconocer o tapar con un dedo (…) Lo que queremos es que aquellas personas que nos hicieron daño, que cuando sean localizados que realmente sean castigadas de acuerdo a la ley».
Simplemente no hubo transición
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, reconoció el papel preponderante de la sociedad civil para hacer los cambios de políticas públicas, y sostuvo que el de la justicia transicional es un tema de importancia excepcional en el que México, durante los años de la presidencia de Vicente Fox, «tuvo una experiencia no muy exitosa».
Además, se trata de un tema invocado muchas veces en el contexto «de la actual sangrienta guerra contra el narcotráfico, pero que (en el sexenio 2000-2006) no hubo condiciones para empezar un proceso de justicia transicional porque simplemente no hubo transición, porque las políticas de migración, de seguridad, de la fuerza sin límites ni contrapesos, sin rendición de cuentas, seguían vigentes. De hecho siguen vigentes hasta hoy, con la paradoja de que, por ejemplo, tenemos 30 desapariciones en Nuevo Laredo, tuvimos una reacción tardía del Estado y hasta hoy no se ha identificado a los perpetradores.
Consideró que «la desaparición es uno de los fenómenos más dramáticos de violaciones a los derechos humanos en México» y que en la coyuntura actual se abre una ventana de oportunidad histórica, sobre todo por los anuncios hechos por los representantes del futuro gobierno y, en particular, por la intención de Olga Sánchez Cordero de iniciar un proceso de justicia transicional.
Las propuestas en ese sentido son las más esperanzadoras, aunque serán las más difíciles, afirmó. «Desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos saludamos de manera entusiasta la intención de superar la lógica punitivista de mano dura imperante en los últimos doce años. Superar esta lógica disfuncional de enfrentar la violencia con más violencia, lógica que sólo resultó en (…) este infierno, esta normalización de la violencia, cada vez más extrema, contagiosa».

No se trata de ensanchar la impunidad, sino de fortalecer la capacidad del Estado para superar también la impunidad que, a su vez, explica en gran parte la reproducción de la violencia. Hay que romper este paradigma, este círculo vicioso, esta espiral de violencia caracterizada por la ausencia de rendición de cuentas.
En ese sentido, dijo que la experiencia internacional recogida por las Naciones Unidas en varios documentos puede ser útil a México. Evidentemente, no de manera mecánica, pues los contextos son distintos. Se debe aprender a no repetir modelos, a no importar modelos extranjeros y más para el caso mexicano, cuyas circunstancias no derivan de un conflicto político, de una guerra civil o del tránsito de un régimen autoritario a una democracia, sino del «cambio de modelo de seguridad» que ha traído «a estos líderes insospechados de violencia y de violaciones a los derechos humanos».
México, explicó, destaca de otros países por padecer patrones de violencia mucho menos lineales, mucho más multidimensionales. Sin embargo, los procesos de justicia transicional en otros países sí pueden ser útiles porque nos muestran que las soluciones no son sencillas, que los dilemas son múltiples, que no hay procesos de justicia transicional totalmente ajenos a la controversia. Que hay errores ya identificados que deben evitarse, que sí se necesita conocer el marco conceptual de la justicia transicional, que las buenas intenciones son necesarias pero no suficientes y que no se necesita inventar el hilo negro.
«La propuesta de la comisión de la verdad necesita contar con la complementariedad, un carácter multidisciplinario con presencia nacional e internacional y la paridad entre hombres y mujeres», sostuvo Jan Jarab.
Aquí se puede leer el documento completo de Rompe el Silencio, hacia un Proceso de Verdad y Memoria en México.
Foto de portada: Moisés Pablo / Cuartoscuro.
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