SOMOSMASS99
Gabriel Woltke* / Nómada
Guatemala / Miércoles 15 de agosto de 2018
Alejandro Sinibaldi compite junto a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti por ver quién acumula más casos de corrupción. Y a decir de la red de offshores que el exministro usaba para recibir sobornos y financiamiento electoral ilícito, al menos les ganaba en sofisticación.
Después de tres meses de pausa en las investigaciones que han sacudido al viejo sistema de corrupción e impunidad en Guatemala tras el cambio en la jefatura del Ministerio Público, la nueva fiscal Consuelo Porras parece empezar a tomar el ritmo de la CICIG. Después de haber acusado el viernes al presidente Jimmy Morales y a la diputada de oposición Nineth Montenegro, este martes el MP y la CICIG han realizado 10 allanamientos y 13 órdenes de capturas contra políticos y empresarios de la construcción o de la municipalidad capitalina. Lo hicieron sin el apoyo del Ministerio de Gobernación, solicitando ayuda a comisarías cercanas. Solo pudieron capturar a 5 de los 11 que se encuentran en el país.
Sinibaldi, cuando anuncia su salida del PP, en 2015.
La empresa israelí (de Berger, Colom, Sinibaldi y Jimmy)
Para entender este caso es necesario recordar cómo estaba dividido el poder en el Congreso en 2009. Era el segundo año de gobierno de Álvaro Colom, Sandra Torres y la UNE tenía como principal grupo opositor al Partido Patriota, que sumaba 38 de los 158 diputados dirigidos por Roxana Baldetti y Alejandro Sinibaldi.
Sin la venia del PP ningún proyecto avanzaba en aquel Congreso. Entre esos proyectos estaba la aprobación de un préstamo por US$203 millones para la construcción de la Franja Transversal del Norte, entre Izabal y Huehuetenango. Una obra que sería codiciada por la empresa Solel Boneh, de capital israelí.
Para conseguir el apoyo del PP, la empresa israelí sobornó a Sinibaldi. Utilizaron offshores panameñas. Simulaban contratos por préstamos y asesorías con empresas de cartón del entonces diputado.
Este mecanismo se utilizó en 2009 cuando era diputado, y en 2013 y 2014 cuando era Ministro de Comunicaciones. Y lo usó no sólo con Solel Boneh, sino que de otra gran constructora de capital guatemalteco: Sigma Constructores. Sinibaldi recibió por lo menos US$6 millones de parte de Solel Boneh y US$1,1 millones por parte de Sigma Constructores.
Los sobornos de US$6 millones de Solel Boneh al entonces diputado de oposición Sinibaldi fueron muy rentables. Vendieron el proyecto de la Franja Transversal del Norte (sin licitación) en US$280 mil millones (Q2.1 mil millones).
La empresa israelí tuvo su primera época dorada durante el gobierno de Óscar Berger, en tiempos en los que Eduardo Castillo era Ministro de Comunicaciones. Le vendió al Estado sus primeros Q1 mil millones. Al Gobierno de Álvaro Colom le vendió casi Q2.5 mil millones, con el gobierno del PP bajó a Q300 millones mientras debía ejecutar la Franja Transversal del Norte. Y con Jimmy Morales ha vuelto a otra época dorada. Casi Q1 mil millones solo en 2018.
La sonrisa de Sinibaldi en su fallida campaña a la presidencia.
Así financió su multimillonaria y fracasada candidatura por la alcaldía
En 2011, Alejandro Sinibaldi quiso ser alcalde y para lograrlo no escatimó recursos. Tapizó la Ciudad de Guatemala con su sonrisa sobre fondo anaranjado y puso al aire su propio programa televisivo. La inversión en publicidad fue tanta que sus rivales la estimaban los monitoreos de la sociedad civil en cerca de Q80 millones. El fracaso fue tan grande como la inversión.
Sinibaldi quedó en tercer lugar por detrás de Roberto González de CREO y el difunto Álvaro Arzú del Partido Unionista. Pero tenía un Plan B y como consuelo, el gobierno de Otto Pérez Molina le entregó el Ministerio de Comunicaciones.
El Ministerio Público y la CICIG empezaron con las investigaciones del caso Construcción y Corrupción en 2017 Allí llegaron hasta grandes empresas constructoras que lo sobornaron mientras era Ministro y que financiaron el inicio de su campaña presidencial adelantada entre 2014 y 2015. Pero conforme el MP y la CICIG continuaron con las investigaciones, llegaron no solo a 2015 y su relación con Jimmy Morales, sino a 2011 y su relación con otras grandes empresas, petroleras y constructoras.
Este caso de Construcción y Cooptación Fase 2 incluye a la Compañía General de Urbanizaciones S.A., PRECON, S.A., Constructora CODICO S.A., HW Contractors, Sigma Constructores y Solel Boneh International. Estas empresas habrían pagado por lo menos Q3.37 millones en sobornos.
El dinero lo transferían a las empresas Impresos Urbanos, Gestión Operativa, Comunicación Interactiva, Seguridad ASA y Espectaculares Urbanos, todas eran propiedad de Alejandro Sinibaldi. Ninguno de estos aportes, obviamente, fue reportado al TSE.
La Compañía General de Urbanizaciones no sólo invirtió en Sinibaldi. El MP también encontró evidencia de que pagaron al menos Q250 mil a una agencia de publicidad para pautar publicidad de Patricia de Arzú, candidata entonces a la presidencia, y de Álvaro Arzú, candidato a la municipalidad capitalina.
El financiamiento brasileño no era sólo un “papelito shuco”
En 2014, en los meses previos a que iniciara la debacle del Partido Patriota, el nombre de Alejandro Sinibaldi apareció en un papel del presidente de la constructora brasileña OAS que era investigada por un caso de corrupción internacional Lava Jatto. Alejandro Sinibaldi quiso restarle credibilidad afirmando que nada más era un “papelito shuco (sucio)”.
El Ministerio Público y CICIG solicitaron información a las autoridades brasileñas y encontraron que durante su testimonio, el presidente de Constructora OAS, Roberto Trombeta, había aceptado ante la fiscalía de Brasil que había pagado sobornos por US$1.5 millones a la offshore panameña Guerrero Law & Investment Corp. Esta era representada por Efraín Quevedo, un empleado de Sinibaldi.
El soborno era parte de un acuerdo que el representante de la empresa brasileña en Guatemala, Rodrigo Sampaio Mattos, había acordado con Sinibaldi para que le adjudicara la carretera CA-2 Oriente. El pago se hizo pero Sinibaldi no cumplió con su palabra y le entregó la obra a Sigma Constructores.
La “hoja shuca” que sirvió de pista para llegar a los sobornos brasileños.
Una directiva de la Cámara de Construcción con plaza fantasma
La Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (ANACOVI) es una rama de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Su directora durante en 2012 era María José Pepió Pensabene, quien recibió una plaza en el CIV para asesorar a la Dirección General de Correos.
Nunca cumplió con los requisitos del contrato y a cambio de su plaza fantasma entregaba el 70% de su salario a Carlos Micheo Fernández, el abogado que registraba las empresas de Sinibaldi y que también se encargó de hacer las escrituras con las que Otto Pérez Molina adquirió la finca Zaragoza.
La información entregada por el MP y la CICIG no ahonda en el papel que jugaba Pensabene, aunque algunas fuentes señalan que la directiva de ANACOVI funcionaba como una negociadora entre los empresarios constructores y Alejandro Sinibaldi.
Sinibaldi, durante su proclamación anticipada como candidato presidencial.
Explicaciones pendientes: el esposo de la jueza, la petrolera o el expresidente del Cacif
Otra forma en que el ex ministro recibía los sobornos o lavaba el dinero era a través de la compra de propiedades, o la simulación de estas compras. El MP y CICIG identificaron esta modalidad con relación a tres propiedades de Alejandro Sinibaldi; se trata de tres apartamentos en el residencial Las Cumbres, el edificio Las Margaritas y el edificio Premier Murakami, uno de los más exclusivos de la Ciudad de Guatemala
Con esa información concluye la presentación que MP y CICIG enviaron hoy a falta de una conferencia de prensa que explique a profundidad el caso. Es por ello que aún falta mucho por aclarar alrededor de esta nueva estructura de corrupción.
Por ejemplo, aún se desconoce el motivo por el que fue allanada la sede de la petrolera Perenco, de capital francés, que durante el gobierno de Álvaro Colom recibió una prórroga de 25 años para sus contratos para extraer petróleo en el área protegida de Laguna del Tigre. Una prórroga sin licitación ni mejora en las condiciones para el país o la protección del medio ambiente.
Lo mismo ocurre con las oficinas de la Fundación del Ingenio Madre Tierra, propiedad de la familia Campollo. Su sede y la oficina de su abogado José Buitrón fueron allanadas pero se desconoce su vinculación al caso.
Tampoco se sabe a cabalidad por qué fue citado a declarar por financiamiento electoral ilícito Jose González Campo, antiguo representante legal de la constructora PreCon y expresidente del Cacif en 2016, el año en el que la patronal se opuso a las reformas constitucionales promovidas por el MP y la CICIG.
Y hay un último peso pesado entre los nombres de las órdenes de captura, de citaciones para declarar y de oficinas allanadas.
Se trata del abogado William Méndez, influyente en el sistema de justicia por su carrera y por ser el esposo de María de los Ángeles Araujo Bohr, la magistrada suplente de la poderosísima Corte de Constitucionalidad. Ambos fundaron el bufete Méndez y Araujo. En una carta enviada a elPeriódico, la magistrada aseguró que “por regla” no se dedican a la defensa en casos controversiales, de narcotráfico, robo de vehículos ni secuestro y que ella ya no ejerce la profesión liberal.
Pero esto no parece ser del todo cierto. William Méndez se postuló para ser Fiscal General en 2010 y 2014, pero no pasó los filtros de la sociedad civil, que lo señaló de retardar de forma maliciosa el caso por la masacre en la comunidad Dos Erres (link a PDF de Plaza Pública). También defendió a uno de los acusados en el caso Bancafé y a Mario Brol, condenado por defraudación fiscal. En los operativos de esta mañana, el MP y la CICIG allanaron su oficina y decomisaron documentos que podrían generar nuevas investigaciones.
Los operativos funcionaron pese a que el Ministerio de Gobernación sigue saboteando el trabajo de investigación. Ayer, nuevamente, la Fiscalía Contra la Corrupción tuvo que pedir ayuda en las comisarías porque la institución que dirige Degenhart, no quiso prestarles la ayuda policial necesaria.
De momento, agosto parece ser el mes en el que se reactivó el ritmo de las investigaciones entre MP y CICIG que había continuado desde abril de 2015 hasta mayo de 2018. Ahora será clave que presionen lo suficiente para que el Ministerio de Gobernación no continúe saboteando el trabajo de investigación. Ayer, nuevamente, la Fiscalía Contra la Corrupción tuvo que pedir ayuda en las comisarías porque la institución que dirige Degenhart, no quiso prestarles la ayuda policial necesaria.
Imágenes de interiores: Nómada.
* Gabriel Woltke (Guatemala / Xibalbá 1988) ingresó al seminario queriendo ser sacerdote, salió a estudiar literatura y luego hizo carrera como periodista. Avanza sobre el río. Desea ser escritor, corrector, carpintero, programador, diseñador, monje, mago, árbol, pájaro, ballena.
Foto de portada: Plaza Pública.
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