Tlanixco, donde el derecho al agua lleva a la cárcel

SOMOSMASS99

 

Agustín Galo Samario / SomosMass99

San Pedro Tlanixco, Tenango del Valle, EdoMex. / Martes 21 de agosto de 2018

 

Ellas son Maricela Molina González, Tomasa Estrada y Tomasa Pérez González. Denuncian por enésima ocasión el irregular encarcelamiento y sentencia a más de 50 años de prisión de Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles y Marco Antonio Pérez González, que junto con Dominga González Martínez, Teófilo Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal defendieron por años el derecho al agua de su pueblo nahua.

La lucha que los llevó a prisión empezó desde los años 80 del siglo pasado, pero fue en el sexenio del gobernador Arturo Montiel Rojas cuando se agudizó la represión contra la población nahua que se opuso a ser despojada del agua del río Texcaltenco para entregársela a empresas floricultoras extranjeras que se asentaron en el municipio colindante de Villa Guerrero.

Maricela Molina González y Tomasa Estrada  son esposas de Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles, respectivamente, y Tomasa Pérez González es hermana de Marco Antonio Pérez González, presos desde hace más de diez años en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, por un delito que no cometieron: la muerte en abril de 2003 del empresario floricultor Alejandro Isaak Basso. No fue asesinato, lo que pasó fue que Isaak Basso resbaló por una ladera al ir a revisar los terrenos por donde pasaría la tubería para llevar el agua a Villa Guerrero, una incursión para «provocar al pueblo», dice Maricela Molina.

En 1999, la Comisión Nacional del Agua le había otorgado al pueblo de Tlanixco el uso de los manantiales el Bellotal, Puente de Trozo, Agua Bendita y el Salitre. Pero al mismo tiempo también se los entregó a los empresarios floricultores de Villa Guerrero que tenían vínculos con el gobierno de Montiel Rojas. Dos años de conflicto llevaron al pueblo nahua a interponer un amparo (1740/2001) para detener la extracción de los floricultores.

Pese a los recursos legales, la comunidad no logró tener acceso al agua a que tienen derecho. En cambio, se desataron los allanamientos ilegales, secuestros, torturas y persecuciones contra los indígenas por oponerse a la privatización y defender su derecho al agua.

De modo que Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles no se encuentran presos por el asesinato de Isaak Basso -aunque esa es la acusación sin pruebas en su contra-, sino que fueron señalados por las autoridades mexiquenses por representar a su pueblo. Desde entonces toda la fuerza del Estado se puso en su contra, lo mismo durante el gobierno de Montiel Rojas que en las administraciones de Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y continuará, o al menos eso esperan estas tres mujeres indígenas, en la de Alfredo del Mazo.

Maricela Molina González, Tomasa Estrada y Tomasa Pérez González afirman que la lucha seguirá hasta ver libres a sus familiares, porque «no son criminales» sino defensores del agua.

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Foto de portada: Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.