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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 26 de agosto de 2018
El 25 de agosto de 2010 se hallaron los cuerpos de 72 migrantes en el rancho El Huizachal del municipio de San Fernando, Tamaulipas, al norte de México. Eran 58 hombres y 14 mujeres quienes fueron asesinados por un grupo de crimen organizado por motivos aún inciertos, aunque desde entonces hasta ahora se ha dicho que su suerte se debió a que no aceptaron trabajar para los criminales.
Al cabo de ocho años, la investigación penal de la Procuraduría General de la República (PGR) todavía no es pública y, ahora se sabe, la investigación y la recomendación correspondiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvieron grandes fallos, sostuvo la organización Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
«A la fecha, las autoridades siguen sin esclarecer el caso y las interrogantes permanecen abiertas. No hay transparencia en cuanto al papel que tuvo el Estado, tanto a nivel federal como municipal, ni de los motivos de los perpetradores para llevar a cabo la más grande masacre de personas migrantes en la historia de México», añadió.
Entre las víctimas había 24 hondureños, 14 salvadoreños, 13 guatemaltecos, cinco ecuatorianos, tres brasileños y una persona de la India. Hay 11 cuerpos sin identificar.
La organización recordó que públicamente se conoce que dos personas sobrevivieron a la masacre. Sus testimonios evidenciaron la violencia que ejerce el crimen organizado contra unos de los grupos más vulnerables, las personas migrantes.
«Esa información podía haber sido utilizada para prevenir que los hechos volvieran a ocurrir, es decir, para evitar la repetición de las masacres. Sin embargo, los secuestros, las extorsiones y los asesinatos de personas migrantes continuaron. Un año después se hallaron en el mismo municipio de San Fernando 193 cuerpos en 47 fosas clandestinas que presentaban señales de ejecución arbitraria y tortura. La mayoría de las víctimas eran personas migrantes que iban de paso, varios de ellos centroamericanos. Y en mayo de 2012 se encontraron 49 torsos arrojados en la carretera de Cadereyta en Nuevo León.
«Distintos órganos de derechos humanos internacionales e instituciones gubernamentales se pronunciaron sobre la masacre de 72 personas migrantes: el Secretario General de la Organización de Estado Americanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, entre otros. Todos hicieron una enérgica condena a los hechos y llamaron al Estado mexicano a asumir su responsabilidad, a esclarecer los hechos. Pese a la presión de dichas instancias el Estado mexicano no ha garantizado los derechos a la verdad, al reconocimiento, a la justicia y a la reparación de las víctimas».
En cambio, los procesos de exhumación e identificación de los restos encontrados en San Fernando han estado plagados de errores y falencias que evidencian, cuando menos, una falta de diligencia por parte de las autoridades mexicanas. Contradicciones entre las versiones oficiales de los hechos, vacíos judiciales, negligencia en los procedimientos forenses… La impunidad afectó todos los aspectos de uno de los casos más emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos contra personas migrantes.
Si bien hay poca información pública del caso, la organización estadounidense National Security Archive (Archivo Nacional de Seguridad), a través de la Ley de Libertad de Información de EE.UU. desclasificó archivos que documentan la detención de nueve miembros del grupo criminal Los Zetas y 17 elementos de las fuerzas policíacas de San Fernando por participar en los asesinatos. En particular, un testimonio evidencia el modus operandi de la policía que presuntamente secuestró a las víctimas y las entregó al grupo criminal. Además, agentes de la policial municipal no persiguieron a los criminales y los mantuvieron lejos del peligro de ser capturados. Hasta la fecha no se tiene conocimiento de sentencias por el caso.
En respuesta a una petición enviada por el Archivo de Seguridad Nacional. de los documentos sobre la detención de esos 17 funcionarios de la policía de San Fernando, la PGR finalmente cumplió en diciembre de 2014 con una orden del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) para revelar información. El documento es una cronología de las acciones de investigación emprendidas por subdirección de la PGR para el crimen organizado (SEIDO) después del descubrimiento de las fosas comunes con los restos de cientos de víctimas en San Fernando, Tamaulipas, en abril del 2011. La nota incluye un testimonio incriminatorio nunca antes visto sobre cómo la policía presuntamente ayudó a Los Zetas tanto en el secuestro de las víctimas como para que los perpetradores evitaran ser capturados.
Primer Documento del Archivo del Caso de San Fernando.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho dijo también que algunos documentos desclasificados han revelado que 10 de los 17 miembros de la policía ya fueron liberados de los cargos. Los otros siete están aún en procesamiento bajo siete cargos diferentes. Desde entonces, ninguna otra información se hizo pública.
Imágenes de portada e interiores: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
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