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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 2 de septiembre de 2018
- «De forma indolente y agresiva se dirige a la población en general y a las madres y padres para culpabilizarlos por no aceptar una teoría sin sustento científico», afirma
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reprobó las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, en las que con motivo de su último informe de gobierno sostiene la validez de la «verdad histórica» sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y exigió retomar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y profundizar y agilizar todas las líneas de investigación.
En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que tras la resolución A/RES/65/29 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se celebra cada 30 de agosto, la organización defensora de derechos humanos recordó que el derecho a la verdad es el que desde hace casi cuatro años reclaman y exigen las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, «y al cual no sólo no han respondido las autoridades mexicanas sino que lo continúan vulnerando».
Entfatizó que en su resolución, la Asamblea General de la ONU retoma y resalta la importancia del derecho a la verdad en los casos de desaparición forzada al señalar los elementos esenciales que enmarcan ese derecho, que van desde conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, conocer la evolución de las investigaciones y hasta los responsables de los hechos y la suerte de la persona desaparecida.
Pero el pasado miércoles «el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, subió un spot relacionado con su sexto informe de gobierno en el cual una vez más insiste en la llamada ‘verdad histórica’ de la Procuraduría General de la República y llama a las madres y padres a ‘aceptar’ que sus hijos fueron incinerados por el crimen organizado.
Enrique Peña Nieto. | Foto: Presidencia de la República.
«Enrique Peña Nieto desacredita con esta declaración lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Tribunal Primer Colegiado de Circuito en Tamaulipas», sostiene el Centro Tlachinollan
El GIEI y el EAAF, añade, después de los estudios científicos realizados a la evidencia encontrada en el basurero de Cocula «concluyeron que no se produjo un fuego capaz de quemar 43 cuerpos» los días 26 y 27 de septiembre, por su parte la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y el Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas «establecieron que las personas que confesaron haber incinerado a los estudiantes fueron torturados, por lo que ellos dijeron lo que la PGR quiso. La conclusión de todos refiere que es necesario continuar con la investigación hasta agotar todas las líneas para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos».
Tlachinollan sostuvo que con sus declaraciones, el presidente Enrique Peña Nieto «expresa públicamente la negativa del Estado mexicano de cumplir lo señalado en las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Además, busca minimizar una vez más la desaparición forzada de los 43 normalistas y quitar la responsabilidad que las autoridades mexicanas, de los distintos órdenes de gobierno, tienen y que ha sido señalada por múltiples instancias. Se busca limpiar la mancha de sangre que ha marcado su sexenio y presentar el caso sólo como una problemática de seguridad y no como una práctica sistemática que se da en todo el país, y que en el estado de Guerrero se vive desde la época de los años setentas».
Causa preocupación que, precisamente la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzada, «de forma indolente y agresiva se dirige a la población en general y a las madres y padres para culpabilizarlos por no aceptar una teoría sin sustento científico y una investigación plagada de violaciones a derechos humanos e irregularidades. Esto demuestra que se encubre a autoridades de alto nivel que pudieran estar implicadas en los hechos del 26 de septiembre y por ello se niegan a ser investigados como lo ordenó el Colegiado de Reynosa Tamaulipas. Es lamentable que un Jefe de Estado invierta la responsabilidad a los familiares de los desaparecidos y los obligue aceptar una teoría sin sustento científico ni fáctico».
El Centro Tlachinollan condenó esa «práctica abominable perpetrada por autoridades y por particulares con la aquiescencia de aquellas» y exigió como lo ha hecho estos caso cuatro años que se investigue el paradero de los desaparecidos y se sancione a los responsables, y que las autoridades cambien la narrativa del caso.
Fotos de portada e interiores: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
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