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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 22 de noviembre de 2018
La Procuraduría General de la República (PGR) debe informar sobre el cumplimiento de las acciones urgentes dispuestas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) sobre la desaparición forzada de Ivette Melissa Flores Román, ausente desde el 19 octubre de 2012 en Iguala, Guerrero, ordenó el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.
Así lo informó I(dh)eas. Litigio Estratégico en Derechos Humanos, organización que realiza el acompañamiento jurídico de la familia y que explicó que la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la PGR fue omisa en implementar una investigación diligente, exhaustiva, imparcial, seria y efectiva que permita dar con el paradero de la joven; en aplicar estándares de perspectiva de género, y en aplicar las disposiciones correspondientes a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Lo que en específico ordenó el Juzgado Séptimo de Distrito a la Fiscalía Especializada, tras el el juicio de amparo 181/2018 interpuesto por I(dh)eas y a partir de las acciones de búsqueda e investigación que se hayan realizado, es emitir un informe detallado sobre el cumplimiento de las diligencias ordenadas por el CED en la acción urgente 225/2015.
Ivette Melissa Flores Román.
En octubre de 2015, Sandra Luz Román, madre de Ivette, junto con otros familiares de personas desaparecidas e integrantes del colectivo Los Otros Desaparecidos, con el apoyo de I(dh)eas, presentaron sus casos ante el Comité contra la Desaparición Forzada para solicitar acciones urgentes y medidas cautelares. El Comité emitió un total de 117 Acciones Urgentes a favor de las víctimas, ordenando al Estado mexicano tomar las acciones necesarias para investigar la suerte y paradero de Ivette y de las demás víctimas, tomar medidas cautelares para preservar la vida y la integridad de su familia, así como tomar las medidas necesarias para que se puedan realizar las actividades relacionadas con la búsqueda de sus familiares sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento.
En el contexto, las acciones urgentes son emitidas por el Comité, con base en el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ratificada por México en noviembre de 2011), para que un Estado adopte las medidas necesarias, incluidas medidas cautelares, para localizar y proteger a las víctimas de desaparición. De las acciones urgentes emitidas por el CED desde marzo de 2012, corresponden a México 331, es decir el 66.2% de los procedimientos.
A pesar de esto, el Estado mexicano ha mantenido una postura en la que considera que “las medidas requeridas por el Comité tienen un carácter de recomendación y no implican obligación alguna”.
En ese sentido, Verónica Berber Calle, abogada de I(dh)eas, señaló que la resolución del Poder Judicial es paradigmática porque se pronuncia sobre el avance, la observancia y cumplimiento, por parte de las autoridades mexicanas, de las acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
Imágenes de portada e interiores: I(dh)eas.
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