SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario / SomosMass99
Ciudad de México / Viernes 21 de diciembre de 2018
El día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) informó de la sentencia dictada el 28 de noviembre en que declara al Estado mexicano «culpable internacionalmente» por la violencia sexual, violación y tortura sufridas por Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez durante su detención y traslado al Centro de Readaptación Social de Santiaguito, Estado de México, durante los operativos implementados por policías federales, estatales y municipales en Atenco en mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto fungía como gobernador mexiquense y Vicente Fox Quesada como presidente de la República.

Foto: Anayeli García. | Foto: Cimacnoticias.
En su sentencia por el Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México, la CoIDH declara que el Estado mexicano también es responsable internacionalmente por la violación de los derechos de las 11 mujeres mencionadas a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad personal, a no ser sometidas a tortura, a la defensa, a las garantías judiciales y a la protección judicial; por no cumplir sus obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos sin discriminación; por la violación del derecho de reunión en perjuicio de Norma Aidé Jiménez Osorio, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares, Claudia Hernández Martínez, Mariana Selvas Gómez y Georgina Edith Rosales Gutiérrez; y por la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual.
«El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas». Además, la CoIDH encontró «que las torturas en este caso fueron utilizadas como una forma de control social, lo cual aumentaba la gravedad de las violaciones cometidas».
La sentencia se basa en lo ocurrido durante los operativos realizados por la policía municipal de Texcoco y San Salvador Atenco, la policía estatal del Estado de México y la Policía Federal Preventiva en los municipios de San Salvador Atenco, Texcoco, y en la carretera Texcoco-Lechería, para reprimir las manifestaciones que se llevaban a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006.

Los operativos en Atenco se realizaron en el último año de la presidencia de Vicente Fox. | Foto: Hilo Directo.
En el curso de los operativos, que el 11 de mayo de 2012 Enrique Peña Nieto reconoció que se realizaron bajo su responsabilidad, las once mujeres víctimas fueron aprehendidas, durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social de Santiaguito fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas. Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al centro de reclusión, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual. Posteriormente se iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos denunciados por las mujeres víctimas, pero ninguno ha concluido a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución.
Los hechos
De acuerdo con la relatoría de los hechos que hace la CoIDH, en el curso de los operativos realizados los días 3 y 4 de mayo del año 2006 por las policías municipales de Texcoco y San Salvador de Atenco, la policía estatal del Estado de México y la Policía Federal Preventiva las 11 víctimas fueron sometidas a las siguientes formas de violencia, incluida la violación sexual:
- Fue golpeada, pateada, insultada, jalada del cabello, maltratada y amenazada de muerte y desaparición al momento de ser detenida. En el traslado al penal fue manoseada por un policía quien le levantó la blusa y “le apretó y pellizcó los pezones”, le removió la ropa interior, “le tocó y rasguñó la vagina”. Al llegar al centro de reclusión, nuevamente la golpearon, jalaron de los cabellos y patearon, así como la hicieron desnudarse en frente de múltiples personas para ser revisada.
- Fue golpeada y dejada semi-desnuda al momento de su detención. Durante los traslados, le caminaron por encima, le tocaron y golpearon en los glúteos y la amenzaron con violarla. En el segundo vehículo en el que fue trasladada al penal, varios policías “tomaron turnos” introduciendo sus dedos en su vagina y ano, otros introdujeron su lengua en su boca, la manosearon y le apretaron los pechos y pezones.
- Fue golpeada, insultada y amenazada de agresión al momento de su detención. En la Subprocuraduría de Texcoco fue golpeada, fue amenazada de violación y sometida a insultos sexualizados. En el traslado, varios policías “hicieron de ella lo que quisieron”, le apretaron los senos, jalaron los pezones y le tocaron los genitales por encima del pantalón, todo ello estando a metros de su hijo y su padre. Luego, en Santiaguito, la golpearon nuevamente y lanzaron violentamente contra una pared.
- Fue golpeada, pateada, insultada y jalada del cabello al momento de su detención. En el traslado al penal, la acostaron boca bajo y le apilaron a múltiples personas encima por lo que se le dificultaba respirar. La golpearon, patearon y empujaron, le dieron puñetazos, la amenazaron con que la iban a matar, así como la insultaron por ser mujer. Un policía “le metió las manos entre las piernas y le frotó por encima del pantalón”, le pellizcó “las nalgas, la vagina, e incluso le metió sus dedos en la vagina”. Luego otro policía la manoseó, le metió las manos en la ropa, le rompió la ropa interior y le pellizcó los pezones. En el centro de reclusión la siguieron golpeando e insultando.
- Fue golpeada, jalada del cabello, sometida a insultos sexualizados y maltratada al momento de su detención. Durante el traslado, fue golpeada nuevamente, empujada, amenazada de ser violada analmente y de muerte, manoseada por un policía que “colocó sus manos entre sus glúteos, le apretó la vagina, la pellizcó y la lastimó, además le apretó los senos por debajo de la blusa”, le apilaron personas encima y nuevamente fue golpeada e insultada. Ya en Santiaguito, además de lo anterior, fue obligada a desnudarse frente a cuatro médicos.
- Fue golpeada, jalada del cabello, pateada, sometida a insultos sexualizados y maltratada al momento de su detención. En el trayecto, fue nuevamente golpeada, le tocaron “los pechos, la vagina y los glúteos” al mismo tiempo que la insultaban de “perra” y “puta”, un policía le introdujo su pene en la boca y la forzó a hacerle sexo oral y con la mano, mientras otros dos policías le tocaban los senos y la vagina. Luego, otro policía la forzó nuevamente a hacerle sexo oral, eyaculando en su boca y forzándola a tragarse el líquido seminal, mientras que otros dos policías “la siguieron manoseando”, le metieron sus dedos en la vagina bruscamente, rompiendo su -3- ropa interior, y la amenazaban con mayores violaciones. En el centro de reclusión, además de lo anterior, nuevamente la golpearon, empujaron y patearon.
- Fue golpeada, manoseada y sometida a insultos sexualizados al momento de su detención. Un policía la semidesnudó, le tocaron el pecho, los gluteos y le pellizcaron los senos, así como trataron de quitarle los pantalones, pero cuando “cerró las piernas el policía se las abrió con las botas y le pateó la vagina”. Durante el traslado al penal, varios policías le pellizcaron los senos, le “jalaron el pantalón”, le apilaron a personas encima y la golpearon al azar. Le “jalaron el brasier”, dejándola con los senos descubiertos, se los pellizcaron y mordieron, mientras la insultaban. Sintió que varios policías metieron sus dedos en su vagina, “incontables veces (porque) pasaban unos y lo hacían, pasaban otros y lo hacían”. Fue amenazada de muerte y sometida a posiciones estresantes, semidesnuda y en presencia de su pareja. En Santiaguito, nuevamente fue golpeada y obligada a desnudarse para una revisión.
- Fue golpeada, sometida a insultos sexualizados, maltratada y amenazada de muerte y de violación sexual al momento de su detención. Durante el traslado al penal, nuevamente fue golpeada, empujada, apilada encima de otras personas y desnudada. Describió que le pellizcaron los senos, mientras la golpeaban y le decían frases obscenas, entre ellas obligándola a decirle “vaquero” a uno de los policías que la estaba agrediendo. Al menos tres policías la penetraron con los dedos en la vagina, animándose unos a otros y en una ocasión dos policías le sujetaron la cadera mientras alentaban al otro policía a “cogérsela”, mientras a ella la amenazaban, insultaban, golpeaban con puños y le forzaban la lengua en la boca. Varios policías le frotaron los genitales en sus genitales externos “primero fue uno, después otro hizo lo mismo y pasó por segunda ocasión el primero”, y después fue penetrada nuevamente “pero esta vez con un objeto pequeño” que cree identificar como llaves. Todo ello ocurrió mientras estaba recostada sobre otras personas. Luego. la dejaron desnuda en una posición estresante y sumamente vulnerable durante el resto del camino al centro de reclusión, el cual duró varias horas. En el penal, fue golpeada nuevamente además de insultada y negada asistencia médica.
- Fue golpeada y amenazada de muerte al momento de su detención. Durante el traslado al penal, la golpearon mientras la interrogaban y fue obligada a cantar y a contar chistes obscenos, la manosearon, le tocaron y apretaron los senos y entre las piernas, y vio cómo forzaban a otra mujer a hacer sexo oral. Al llegar a Santiaguito, la patearon, insultaron y amenazaron nuevamente.
- Fue golpeada, sometida a insultos sexualizados, amenazada de muerte y violación sexual y maltratada al momento de su detención. Durante los traslados, la golpearon e insultaron nuevamente, la dejaron semidesnuda, le apretaron fuertemente los senos, la manosearon y le tocaron los glúteos y genitales por encima del pantalón. Relató que podía escuchar los gritos y súplicas de otras mujeres que estaban siendo violadas, así como el sonido de películas pornográficas, y que los policías los amenazaban con desaparecerlas. En el penal, nuevamente fue golpeada, amenazada de violación sexual, y un policía le tocó “la vulva con los dedos, para posteriormente penetrarla”.
- Fue golpeada, insultada y maltratada al momento de su detención. Además de lo anterior, durante el traslado, un policía le removió la ropa interior y al darse cuenta de que estaba menstruando le gritó a los demás “miren, esta perra está sangrando, vamos a ensuciarla un poquito más”. Varios policías le introdujeron sus dedos “violenta y repetidamente en la vagina”, mientras otros le quitaron el brasier, lamieron sus senos y jalaron sus pezones, entre otras formas de violencia sexual. En el centro de reclusión, la continuaron golpeando, la forzaron a ver una violación sexual, le jalaron el cabello y sufrió un nuevo intento de violación sexual.
México debe indemnizar a las víctimas y juzgar a los responsables
La CoIDH señala en su sentencia que en el trámite del caso, el Estado mexicano «reconoció su responsabilidad internacional por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura sufridos por las 11 mujeres víctimas, así como por la privación de la libertad, la falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de una defensa adecuada. Asimismo, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la falta de atención médica adecuada y la afectación a la salud, las garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley y el deber de investigar actos de tortura y violencia contra la mujer».

Las sobrevivientes en Costa Rica. | Foto: Centro Prodh.
Por todo ello, la Corte ordenó al Estado mexicano a, como medidas de reparación, continuar e iniciar, en su caso, las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, incluyendo una perspectiva de género, que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las 11 mujeres víctimas de este caso; brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas del presente caso que así lo soliciten; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas; crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México; establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza, y elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres. Además, se ordenó al Estado el pago de determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales, el reintegro de gastos y costas, así como el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
* Este caso fue tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como durante el procedimiento del caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el título Selvas Gómez y otras Vs. México. Por decisión del tribunal, la sentencia se emitió con el nombre Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. El caso fue sometido ante la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de septiembre de 2016.
El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.
Imagen de portada: Enrique Peña Nieto. | Foto: Presidencia de la República.
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