Lydia Cacho recibe disculpa pública del Estado mexicano por violaciones a sus derechos humanos

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / 10 de enero de 2019

 

Luego de 13 años de la tortura sexual y las violaciones de derechos humanos en su contra, la periodista Lydia Cacho Ribeiro recibió un disculpa pública del Estado mexicano y las garantías de no repetición establecidas en la resolución adoptada el 31 de julio de 2018 por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que también ordenó reparar los daños causados a la también defensora de derechos humanos.

“Ciudadana Lydia Cacho, a nombre del Estado mexicano le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, le ofrezco una disculpa por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano derivado de la acusación de los delitos de difamación y calumnia por parte de las autoridades”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, en el acto de reconocimiento público de la responsabilidad del Estado mexicano celebrado en el auditorio Revolución de la Segob.

Para Artículo 19, organización internacional defensora de los periodistas y la libertad de expresión, se trató de un acto muy significativo que, no obstante, se da trece años después de ocurridas las violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho por la publicación del libro Los demonios del Edén. «Sin duda, escuchar por primera vez en voz de un alto funcionario del Estado mexicano que se reconocen la vulneración de sus derechos y se pide una disculpa por ello es un acto con un potencial efecto reparador».

El ataque y persecución sufridos por la periodista se dio meses después de la aparición de Los demonios del Edén (2004), durante el gobierno del presidente Vicente Fox. Y aunque en 2017 un juez de Puebla condenó a cinco años de prisión a uno de los policías involucrados en la detención arbitraria de Cacho Ribeiro, la impunidad se prolongó desde 2005 cuando ocurrieron los hechos y los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En diciembre de 2005, al revelarse la existencia de una red de explotación infantil en la que participaban empresarios y políticos, como Kamel Nacif Borge, Jean Succar Kuri (actualmente condenado a más de cien años de prisión), Miguel Ángel Yunes Linares y Mario Marín, entonces gobernador poblano, Lydia Cacho fue detenida por policías ministeriales en Cancún, Quintana Roo, y trasladada a Puebla por carretera. A lo largo de mil 500 kilómetros fue amenazada y torturada, y al ser recluida en la cárcel fue otra vez amenazada pero ahora con desaparecerla. Kamel Nacif la había acusado de difamación y obtenido la ayuda de su amigo Mario Marín.

En febrero de 2006 salieron a la luz algunas grabaciones en que Nacif y Marín hablan de Lydia Cacho y de cómo festejarían su detención. Los audios fueron presentados ante ministros la Suprema Corte de Justicia de la Nación y autoridades de todos los niveles, ante quienes los abogados de la periodista pidieron el desafuero del gobernador Mario Marín para que se le juzgara por tortura y detención arbitraria. Nada se logró.

Recordó que el 14 de febrero de 2006 salieron a la luz las grabaciones entre Nacif y Marín donde hablaron sobre Lydia Cacho, las cuales fueron expuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todas las autoridades para solicitar el desafuero del gobernador y que se juzgara al gobernador por tortura y detención arbitraria.

En el acto de hoy en la Secretaría de Gobernación, la periodista sostuvo que cada gobierno tiene que asumir una responsabilidad histórica y que el actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tiene la responsabilidad de utilizar los próximos seis años para crear un verdadero Estado de derecho, pues los feminicidios aumentan en la proporción en que la impunidad crece.

Relató entonces que como mujer periodista, su generación llegó a las redacciones de los medios de comunicación en medio de burlas misóginas, hostigamientos y acoso. «Nos dijeron que el periodismo era cosa de hombres, que los Derechos Humanos eran sensiblería femenina, que las voces de la niñez no pertenecían a las páginas de los periódicos. (Pero) ese logro nadie podrá arrebatárnoslo. Ni torturadas, ni perseguidas, habremos de someternos a la narrativa del periodismo corrupto, mentiroso, machista y complaciente del poder patriarcal. Las mujeres llegamos para cambiar la historia de este país”.

Y al pedir justicia para las mujeres de Atenco y las familias de las y los niños que perecieron en la guardería ABC, dijo que la disculpa pública que recibe ahora es un primer paso para alcanzar la reparación integral que ordenó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En ello coincidió Artículo 19, que consideró que la disculpa es un punto de partida, no de llegada, pues para lograr restañar en todas sus dimensiones a la periodista, como lo reconoció el propio Estado mexicano en voz de Alejandro Encinas, quedan asignaturas relevantes pendientes de cumplir como la captura, enjuiciamiento y sanción a los responsables materiales e intelectuales.

«Resulta urgente que el Estado mexicano adopte medidas  de carácter estructural para revertir el patrón de agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, así como erradicar la impunidad concomitante. Sin garantías de no repetición, la probabilidad de que ocurran similares violaciones a derechos humanos contra quienes ejercen su derecho a expresarse libremente e informar a la sociedad, es muy alta. No debemos perder de vista que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y según la propia CIDH, el más peligroso de América Latina.

«Tampoco podemos dejar de lado que la tortura sexual contra mujeres detenidas por fuerzas de seguridad y castrenses, es un patrón sumamente alarmante que debe revertirse. El caso de Lydia Cacho es un botón de muestra de cómo actúan las autoridades policiales y militares cuando tienen a mujeres bajo su custodia, recurriendo a la violencia sexual como una forma de castigo o escarmiento».

La responsabilidad

«Asumimos la responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos hace poco más de trece años. El país ha cambiado. El gobierno de México dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis humanitaria y de derechos humanos que encara el país para alcanzar la paz y la tranquilidad entre los mexicanos, garantizando a todas y cada una de las personas que viven o transitan por nuestro país, a los periodistas y defensores de derechos humanos de este país, el ejercicio libre de sus derechos”, dijo en el acto el subsecretario Alejandro Encinas.

También hizo el compromiso de garantizarle a la periodista la reparación integral de daño en que incurrieron las autoridades mexicanas desde el 16 de diciembre de 2005 y reiteró amos el compromiso de implementar las medidas de no repetición, para que los hechos que violentaron sus derechos humanos no vuelvan a sucederle, ni a ella ni a ningún otro u otra periodista ni persona defensora de derechos humanos en el país.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que “nunca más, en Gobernación, la censura tendrá cabida”, y consideró que una de las tantas grandezas del periodismo radica en la oportunidad para dar voz a los niños de la sierra, a las niñas, niños y mujeres en condición de trata, a indígenas que enfrentan procesos judiciales sin traductores o a menores abusados sexualmente. Por eso «es indispensable asegurar el ejercicio periodístico, y para ello -recalcó-, desde lo que en algún momento fue un espacio de censura, ahora desde la Secretaría de Gobernación defenderemos que siempre se exprese la oportunidad de disentir y contrastar y no la homogeneidad institucionalizada».

En el evento también estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard -quien aseguró que el actual gobierno no está sometido a intereses particulares-; el representante de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón De la Fuente; Jesús Peña Palacios, representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, y el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como invitado especial.

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Foto de portada: Artículo 19