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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 30 de enero de 2019
- Exhortan ONG’s al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a reconocer la gravedad del fenómeno de la tortura
El Estado mexicano incumplió en 2017 su obligación de presentar el Programa Nacional contra la Tortura, como lo establecía la Ley General contra la Tortura. Ahora es fundamental que presente propuestas concretas y muestre su compromiso para eliminar esa práctica de cara al examen que realizará el Comité Contra la Tortura de la ONU en abril, sostuvieron alrededor de cien organizaciones civiles nacionales e internacionales, quienes exigieron al gobierno federal incorporar la lucha contra la tortura en el Plan Nacional de Desarrollo.
Así lo acordaron organizaciones y expertos internacionales al cabo de tres días de reunión, en también convinieron en demandar al Estado mexicano dar a conocer con oportunidad los mecanismos que se pondrán a su disposición para que puedan presentar sus aportaciones.
Representantes de las organizaciones que exigen incluir la lucha contra la tortura en el Plan Nacional de Desarrollo. | Foto: RedTDT.
Destacaron que el examen de país al que México se someterá en abril de este año ante el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), es «una prueba fundamental que permitirá determinar el verdadero compromiso del nuevo gobierno para realizar acciones concretas para erradicar la tortura».
A través de un comunicado, confirmaron los diagnósticos que constan en las 235 recomendaciones internacionales (incluyendo siete en el último Examen Periódico Universal realizado a finales de 2018) que en materia de tortura ha recibido México. De espacial valor consideraron el informe de seguimiento más reciente del Relator de la ONU sobre el tema, quien reiteró que “la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México”, así como el anterior informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) que ha insistido en el cumplimiento de las recomendaciones aún pendientes de sus visitas en 2008 y 2016.
«La gravedad de esta situación se incrementa en virtud de la baja prioridad que desde espacios oficiales se le ha otorgado al combate a la tortura. Esta situación se demuestra con el hecho de que el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura es una obligación gubernamental emanada de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General vs Tortura) que debiera haberse diseñado y comenzado a implementar desde el año 2017, pero está completamente detenido», sostuvieron las organizaciones.
En un contexto en el que los actores estatales anuncian incluso la preparación de guías institucionales de gran trascendencia como el Plan Nacional de Derechos Humanos o la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, «nos parece fundamental garantizar su adecuada conexión el combate a la tortura. En la misma lógica cabe destacar la importancia de que este tipo de planes y estrategias sean construidos de manera colaborativa con actores de la sociedad que tienen experiencia en cada tema.
Y ante la renovación institucional en curso y la persistencia en la práctica de la tortura, las organizaciones y redes nacionales e internacionales decidieron realizar aportaciones al combate a la tortura en dos sentidos. Por una parte, fortalecerán el diagnóstico actualizado de la problemática, con la realización coordinada de un informe conjunto que representará la posición unificada de la sociedad civil, el cual será presentado ante el CAT de la ONU en el mes de abril en Ginebra.
Durante el encuentro de tres días, también se dio inicio a los trabajos para construir desde la sociedad civil y con el apoyo de instancias internacionales un borrador inicial del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura con base en metodologías internacionalmente probadas. Este ejercicio tiene la finalidad de coadyuvar constructivamente en el diseño e implementación de una política de Estado que combata eficazmente y desincentive la práctica de la tortura.
Foto: Jez Timms (@jeztimms) / Unsplash.
«Consideramos que estos dos elementos son muestras claras de la disposición y voluntad desde la sociedad civil para apoyar decididamente el involucramiento de los actores oficiales en el tema. Este es el sustento de nuestra exigencia de que se incluya un eje de trabajo sobre combate a la tortura en el contexto del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido, exhortamos al nuevo gobierno a reconocer la gravedad del fenómeno de la tortura y a colaborar con la sociedad civil en su combate, reconociendo la experiencia y valía de su aportación».
Las organizaciones civiles firmantes del comunicado son I(dh)eas, CMDPDH, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Prodh, AsiLegal, Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fran Matías de Córdova, Centro Diocesano para los DH Fray Juan de Larios, CEPAD, CódigoH, CODEHUTAB, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Fundar, Documenta, Equis Justicia para las Mujeres, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Programa de Derechos Humanos Ibero Puebla, Red de Peritos Independientes, Servicio Jesuita a Migrantes y 87 organizaciones y colectivos de 23 estados de la República aglutinados en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
Informe de seguimiento del Relator de la ONU sobre Tortura.
Foto de portada: Centro Prodh.
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