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Edgar Cortez
Martes 19 de febrero de 2019
La impunidad aqueja a varios países de América Latina y algunos de los mayores esfuerzos para hacer frente a este serio problema están a punto de ser derruidos. Es el caso de Guatemala y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Guatemala vivió un largo conflicto armado, 36 años, el cual concluyó con la firma de los acuerdos de paz. Uno de los pendientes fue lograr justicia para los casos de graves violaciones de derechos humanos, como las numerosas masacres en contra de comunidades indígenas.
Luego de diversos esfuerzos, en 2007 se alcanzó un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y Naciones Unidas para establecer un mecanismo extraordinario que pudiera ayudar a reconstruir la justicia del país, que fue la CICIG (https://www.cicig.org/).
La CICIG empezó a colaborar con el Ministerio Público para la investigación y procesamiento de asuntos de corrupción oficial, de delincuencia organizada y de connivencia entre ambos.
Este mecanismo fue desarrollando su capacidad de investigación y progresivamente dando resultados. Entre los casos exitosos estuvo el llamado La Línea, juicio en el que se acusó de corrupción al ex presidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes fueron declarados culpables.
Otro de los procesos relevantes fue la acusación contra el hijo y un hermano del presidente Jimmy Morales, a los que se señaló de realizar tres contratos anómalos por unos 36 mil dólares pagados por el Registro de la Propiedad sin que se concretara el servicio comprometido. Esto sucedió en enero de 2017.
El año pasado la misma CICIG acusó al presidente Morales de financiamiento ilícito en su campaña presidencial y solicitó que le fuera retirada la inmunidad para seguir adelante con la investigación.
Este hecho desencadenó un embate en contra de la CICIG por parte del presidente y de los grupos de poder políticos y económicos de Guatemala, quienes pretenden conservar sus privilegios y mantener la impunidad de la que han gozado durante décadas.
Lo primero fue anunciar que daría por concluido de manera anticipada el mandato de la CICIG, luego impedir que el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, ingresara el país al regreso de un viaje y, finalmente, el 7 de enero pasado anunció su decisión de no renovar el mandato de la CICIG para impedir que siguiera con su trabajo.
Además, el presidente Morales y sus cómplices intentan socavar la Corte Constitucional, mientras que el Congreso pretende aprobar una ley de amnistía que abarque los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto guatemalteco.
En realidad en Guatemala se está viviendo una conjura en contra de las víctimas y de las posibilidades de alcanzar una justicia verdadera, y de esa manera preservar los privilegios de políticos y empresarios corruptos para seguir depredando al país.
@EdgarCortezm
Imagen de portada: Jimmy Morales, presidente de Guatemala. | Foto: Sercano.
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