SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Miércoles 27 de marzo de 2019
Más 48 mil personas desaparecidas, más de mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar, miles de restos humanos también sin identificar y al menos mil 300 fosas clandestinas. Estas son las cifras del horror que viven miles de familias y para lo cual urge una respuesta inmediata.
El pasado 24 de marzo se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda para Personas Desaparecidas (https://bit.ly/2TwNoju) con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos; Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y Mira Medina, integrante del Consejo Ciudadano del sistema, además de la presencia de un numeroso grupo de familiares de personas desaparecidas y de organizaciones de derechos humanos.
Una primera nota es que no era la instalación del sistema sino la re instalación. Resulta que el 16 de octubre de 2018 se instaló por primera vez este sistema pero no tuvo continuidad, ni resultado alguno; así que ahora se instala de nueva cuenta y el desafío es que en el corto plazo se empiecen a ofrecer resultados.
El 16 de enero de 2018 entró en vigor la Ley general de materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda (https://bit.ly/2JGht0s). La ley diferenció la búsqueda de la investigación, la primera la realizan la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estales, mientras que la investigación del delito de desaparición lo realiza la Fiscalía General de la República y las Fiscalías locales de cada estado.
Esta separación no supone un divorcio entre ambas tareas, sino una especialización que debe ser complementaria. Concretar esta posibilidad aún está pendiente.
En la reinstalación todas las intervenciones coincidieron que el tema de las desapariciones es una tragedia y tiene que atenderse de inmediato. El subsecretario Encinas calificó de una simulación lo pasado con las dos administraciones anteriores y, sobre todo, en lo que corresponde al gobierno de Peña Nieto.
Este Sistema tiene como responsabilidad, de acuerdo con la ley general, diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado Mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley.
Este sistema tiene que estar integrado por un representante de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá; un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; un representante de la Procuraduría General de la República; la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; quién fungirá como Secretaria Ejecutiva; la persona titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; tres personas del Consejo Ciudadano; un representante de la Policía Federal; las personas titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda, y un representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Uno de los faltantes de este sistema es que aún 19 estados no integran su Comisión local de búsqueda y algunas de las 13 existentes no cuentan con recursos suficientes para cumplir con sus responsabilidades. Uno de los compromisos asumidos en esta reunión es que para septiembre estarán creadas la totalidad de las comisiones locales de búsqueda e integrado en su totalidad el sistema.
Entras las prioridades que se señalaron en la reunión está la integración de un padrón de las personas desaparecidas, un programa especial y urgente para identificación de restos humanos así como un programa nacional de búsqueda para dar con el paradero del mayor número posible de personas desparecidas.
El presidente López Obrador se comprometió a que se destinarían suficientes recursos para la búsqueda, que para septiembre estarían integradas la totalidad de las Comisiones locales y que en tres meses se volvería a reunión con las familias y organizaciones para evaluar los avances.
Se puede decir que este reinstalación es un hecho significativo y coloca como prioridad la búsqueda de las personas desaparecidas, pero hay que decir que aún faltan las acciones concretas que se harán para pasar de los discursos a los hechos.
Otro punto sobre el que hay que llamar la atención es que el evento giró en torno a la búsqueda, exigencia central de las familias, pero se dejó de lado lo que toca a la investigación penal de estos miles de delitos. Sin duda que la búsqueda importa pero la justicia también importa y lamentablemente para esta tarea no contamos con propuestas.
A partir de ahora empieza la cuenta regresiva para que el gobierno muestre resultados y marque una diferencia de hecho con los gobiernos anteriores.
Foto de portada: Remo Contro.
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