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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 4 de abril de 2019
La investigación penal, medidas de no repetición y atención a la salud, son algunos de los puntos principales que se atenderán por parte de los gobiernos federal y del Estado de México en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, escucha a una de las víctimas de Atenco durante la reunión del día de hoy.
Estos fueron los primeros acuerdos alcanzados entre una delegación de las mujeres denunciantes, sus representantes legales y funcionarios de diversas dependencias y organismos federales y del Estado de México, al instalarse la mesa convocada por la Secretaría de Gobernación (Segob) para acatar los términos de la sentencia de la CoIDH emitida el 28 de noviembre de 2018.
En la reunión, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo que el gobierno de la República cumplirá cabalmente la sentencia y no revictimizará a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos en San Salvador Atenco implementados en 2006 por órdenes del entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.
En diciembre, la CoIDH informó que el 28 de noviembre emitió la sentencia sobre el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, en la que declaraba al Estado mexicano “culpable internacionalmente” por la violencia sexual, violación y tortura sufridas por Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez durante su detención y traslado al Centro de Readaptación Social de Santiaguito, Estado de México. Esto, durante los operativos implementados por policías federales, estatales y municipales en Atenco y Texcoco los días 2 y 4 de mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto fungía como gobernador mexiquense y Vicente Fox Quesada como presidente de la República.
Las sobrevivientes en sesión de la CIDH en Costa Rica. | Foto: Centro Prodh.
La CoIDH dijo entonces que la lucha de las 11 mujeres se prolongó por más de 12 años por las graves violaciones a sus derechos humanos, responsabilidad del Estado mexicano, consistentes en detenciones ilegales y arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia, entre otras más.
Por ello, ordenó al Estado mexicano realizar una investigación exhaustiva de los hechos con perspectiva de género y que incluya todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal. También señaló que se deben implementar medidas para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policíaca.
De acuerdo con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que ha acompañado a las víctimas en todo el proceso, la sentencia de la CoIDH contiene puntos clave que deben guiar la agenda estructural en derechos humanos, como los controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales y el fortalecimiento del Mecanismo de la Segob para atender casos de tortura sexual.
Aspecto de la mesa para el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH.
«Las sentencias de la Corte IDH son de carácter vinculante para México, por lo que el Estado está obligado a acatar todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana. La mesa realizada hoy es un primer paso en este cumplimiento. Si hay un adecuado cumplimiento de la sentencia, el Estado tendrá la posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones a derechos humanos en otros contextos».
Fotos de portada e interiores: Centro Prodh.
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