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Edgar Cortez
Martes 28 de mayo de 2019
Hace poco más de una semana el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas aprobó y publicó las recomendaciones que hizo al gobierno mexicano para que efectivamente se combata y erradique la tortura.
Estas recomendaciones son las últimas de una larga lista que se ha hecho a distintos gobiernos sobre el mismo punto.
En 1989 México presentó su primer informe sobre la situación de la tortura en México ante el CAT pues la Convención Contra la Tortura recién se había adoptado. Desde esos años la tortura aparecía como un serio problema en el país.
En 1993 México entregó el segundo informe al CAT y en aquel entonces el Comité manifestó claramente su preocupación por lo que sucedía en México:
“… el Comité expresó su profunda preocupación porque, de acuerdo con la propia información oficial, la cantidad y variedad de los actos de tortura era muy elevada en proporción a la estructura legal y administrativa destinada a prevenirla y reprimirla. Respecto de esto último, la imposición de castigos a los autores de torturas era escasa frente al número de denuncias existentes.”
En 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo la primera visita a México y posteriormente hizo un amplio informe con recomendaciones, donde destacaba el problema de la tortura.
En 1997 estuvo en México el Relator de Tortura de Naciones Unidas para conocer la situación de este enorme problema y también hizo un buen número de recomendaciones.
A partir de entonces han sucedido más visitas e informes lo que ha significado que el número de recomendaciones no ha dejado de crecer pero lamentablemente la tortura sigue como una práctica sistemática a lo largo y ancho del país.
Las últimas, como ya mencione, son las formuladas por el CAT y son casi un centenar de compromisos que se deben cumplir (https://bit.ly/2Kd6fPX)
Después de tanto tiempo y recibir un enorme número de recomendaciones es necesario preguntar: ¿por qué no ha sido posible erradicar la tortura en el país?
Es cierto que se han realizado distintas acciones como fue tipificar la tortura como delito en todo el país, lo que nos ocupó la década de los noventas y hasta los primeros años del siglo 21. Más recientemente, en junio de 2017, entró en vigor la ley general en la materia y la implementación penas inicia su curso.
El problema de fondo es que no se ha dado prioridad a desarrollar policías de investigación penal realmente profesionales y esta omisión es la que obliga a seguir recurriendo a la tortura como método de investigación.
Por tanto la erradicación de la tortura no pasa por más leyes sino por establecer nuevas prácticas.
Foto de portada: Senado de la República.
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