SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 25 de junio de 2019
Decir que México es un país de fosas es una frase que no escandaliza pues las evidencias disponibles lo demuestran.
En noviembre de 2018 un grupo de periodistas independientes apoyados por 5° Elemento Lab presentó la investigación: El país de las 2000 fosas (https://bit.ly/2WjExE7). En este trabajo de investigación se documenta la existencia de cuando menos 1978 fosas clandestinas ubicadas en 24 estados.
Apenas la semana pasada el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, aliada con otras dos organizaciones civiles, presentó el informe: Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas 2006 – 2017 (https://bit.ly/31N69od). En esta investigación se da cuenta de la existencia de 1606 fosas clandestinas ubicadas en 24 estados.
Una de las conclusiones del informe señala lo siguiente:
Recordamos que los datos recuperados por parte de la prensa, y aquellos obtenidos de las solicitudes de información realizadas a fiscalías o procuradurías locales, así como de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), representan sólo una fracción del total de fosas clandestinas que aún no han sido observadas o registradas en el país.
Adicionalmente, existe una disparidad entre las cifras con las que se cuenta. Por un lado, la información proporcionada por una misma institución llega a cambiar de manera significativa y sin establecer de manera clara por qué. Por el otro lado, cada una mantiene un registro que no dialoga o se cruza con el resto de las instituciones federales o estatales.
Trabajos como estos son una gran ayuda para construir el primer diagnóstico de una cruenta realidad y estos diagnósticos pueden servir para tomar buenas decisiones.
Ayer se realizó la reunión en donde la Comisión Nacional de Búsqueda informó sobre los avances luego de los primeros 45 días de reinstalado el Sistema Nacional de Búsqueda.
Al respecto la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quinta, informó, entre otras cosas, que entre el 1 de diciembre y hasta ese informe se tenían identificados 207 sitios de inhumación clandestina y 426 fosas clandestinas.
Llama la atención que se mantenga esta contabilidad que arranca el 1 de diciembre y se ignore la información del acumulado, sobre todo porque existen trabajos como el de los periodistas y el de la Universidad Iberoamericana que se desdeñan.
En esa misma reunión Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, informó que para atender el problema de la identificación de los restos encontrados en las fosas clandestinas ubicadas por los colectivos de familiares se construirán cinco institutos forenses regionales para lo cual se invertirán 230 millones de pesos.
Lo que nunca dijo es cuándo estarán funcionando estos cinco institutos regionales y cuánta capacidad tendrán para procesar la identificación de restos.
Tal parece que aún hay un gran trecho para que la información disponible pase a formar parte del diagnóstico nacional y se convierta en la línea base a partir de la cual se empiezan a dar pasos para desarrollar soluciones acordes a las expectativas de los familiares de las personas desaparecidas.
Imagen de portada: Reunión de la Comisión Nacional de Búsqueda con familiares de desaparecidos y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. | Foto: Presidencia de la República.
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