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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 18 de octubre de 2019
Cualquier cambio que afecte o amenace los intereses del capital, sus aliados o de las oligarquías local e internacional, concita la reacción de los sectores de la sociedad que se benefician del estado de cosas previo al cambio e intentan, por todas las vías posibles, el retorno al anterior orden, aunque ello signifique privaciones y sacrificios para la mayor parte del pueblo.
El imperio requiere mantener el dominio y el despojo a otros pueblos para poder conservar al interior de sus fronteras, con migajas de ese despojo, el control sobre el suyo. Sus aliados y fieles sirvientes locales, partícipes de ese despojo, son férreos defensores del orden que les favorece.
Cuando un pueblo opta por una vía distinta a la impuesta por el capital para su desarrollo, de inmediato los mecanismos del sistema se activan para evitar que se salga del control y ponga el «mal ejemplo» a los demás; para ello utilizan formas de acoso diplomático, político, económico y militar, en dependencia de la organización y fortaleza del pueblo rebelde.
El capital siempre encontrará, porque los hay y además promueve su existencia, individuos o grupos dispuestos a traicionar a sus pueblos para servir a sus amos, que esperan los momentos y posiciones políticas propicias para demostrar su lealtad al imperio.
Eso sucedió en Ecuador. Después de 10 años de un gobierno que pudiera catalogarse como progresista, con Rafael Correa como presidente de la república, en febrero de 2017 se celebraron elecciones en las que, con el apoyo de Alianza País (partido derivado Revolución Ciudadana), el movimiento que llevó a Correa a la presidencia, triunfó Lenín Moreno Garcés, quien fue vicepresidente en uno de los periodos de Correa.
Durante la gestión de Rafael Correa en la presidencia se implementaron medidas y políticas que afectaron a los grandes empresarios y a la banca, al capital financiero internacional, a los grandes medios de comunicación, a sectores de la alta oficialidad de las fuerzas armadas, a intereses geopolíticos del gobierno norteamericano y, en general, a los grupos de poder.
A partir de la ascensión de Moreno a la presidencia, en mayo de 2017, la política interna y la exterior abandonaron la línea progresista y experimentaron un cambio hacia posiciones abiertamente de derecha, subordinándose a los dictados de Washington y los organismos financieros internacionales.
Sin embargo la derecha, históricamente incapaz de resolver los problemas y contradicciones que su propio orden genera, se encargó de aportar la gota que derramó el vaso de la paciencia del pueblo ecuatoriano, el decreto 883, conocido como el paquetazo, una serie de medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implicaban la eliminación del subsidio a los combustibles, disminución de remuneraciones en contratos de trabajo ocasionales, reducción de vacaciones a empleados públicos, eliminación de impuestos a la salida de divisas, entre otras medidas al más puro estilo neoliberal adversas al pueblo, lo que ocasionó el alza inmediata en transporte y la amenaza de la elevación de precios a todo tipo de mercancías.
Esas disposiciones provocaron la indignación popular al grado que diversos sectores populares inconformes se manifestaron con tal fuerza y decisión que obligaron al gobierno de Moreno, después de una etapa de represión en la que hubo 8 muertes y centenas de heridos y detenidos, a derogar el decreto 883, y a revisarlo.
Aun cuando lo logrado por la movilización popular no es poca cosa, es prematuro hablar de un triunfo: primero, porque para la más grande organización que participó, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la movilización buscaba terminar con “las políticas económicas de muerte y miseria que genera el FMI y las políticas extractivistas que afectan a nuestros territorios”, solamente se derogó el decreto para revisarlo y; después, quienes lo revisarán son en buena parte los mismos que, sumisos a la oligarquía y al capital financiero internacional, continúan en el poder y lo elaboraron desde muy claras posiciones y objetivos de clase.
Llama la atención, y es entendible, que la Organización de Estados Americanos, con el inefable Luis Almagro al frente, la Casa Blanca, la Unión Europea, el Grupo de Lima y otras instancias defensoras de la democracia y los derechos humanos, no se hayan manifestado contra la represión y las políticas adversas al pueblo ecuatoriano, y sí, en cambio, dieran difusión a los infundios del gobierno de Ecuador acerca de conjuras externas que involucraban a Venezuela y Cuba.
Conviene a los sectores progresistas y de izquierda, latinoamericana y caribeña, dar seguimiento al desarrollo de la situación política en Ecuador, de la que pueden obtenerse valiosas enseñanzas. Por lo pronto, están las consecuencias de la infiltración de traidores en los movimientos populares, los que al quitarse la máscara se someten inmediatamente a los dictados de sus amos.
Vaya, pues, con estas líneas, nuestra solidaridad con el hermano pueblo ecuatoriano.
* Alfonso Díaz Rey es miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de interiores: Lavaca.
Foto de portada: France 24.
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