Migrantes
Agustín Galo Samario
Desde el sábado el gobernador Miguel Márquez viajó a California, Estados Unidos, para reunirse con paisanos e inaugurar la oficina de Enlace del Instituto del Migrante Guanajuatense en Bakersfield. Y este lunes, junto con mandatarios de nueve estados de la República, acompañó a la Reunión con Comunidades Mexicanas a Enrique Peña Nieto, quien aseguró que la relación de nuestro país con esa entidad estadounidense “va más allá de los siete cruces y las 145 millas de frontera (233 km) que nos unen; la nuestra, es una amistad histórica que camina hacia un futuro de bienestar compartido”.
Ya en el primer encuentro que sostuvo con 500 representantes de clubes y organizaciones de mexicanos en California, Peña Nieto criticó a los otros estados de ese país que ponen en marcha medidas discriminatorias y “éticamente reprobables” que afectan las relaciones bilaterales. Porque no reflejan la buena vecindad existente entre México y Estados Unidos, y porque “no han evolucionado y todavía escatiman reconocimiento y, peor aún, los derechos de los migrantes».
Está muy bien que Miguel Márquez y Peña Nieto se preocupen por nuestros paisanos que residen en los Estados Unidos. Ni duda. Sin embargo, llama la atención que lejos de la parafernalia que revisten actos como los mencionados, el mandatario estatal casi no se haya pronunciado, por ejemplo, sobre la crisis de niños migrantes que obligó hasta al congreso estadounidense a intervenir. ¿Cuántos menores guanajuatenses habrán recibido atención directa del gobierno estatal? Sabe. Lo único que se conoce es que, en febrero, el DIF estatal colaboró para que diez adolescentes regresaran a sus hogares en Dolores Hidalgo, Salamanca y San Miguel de Allende, además de que en 2012 fueron repatriados 935 jóvenes de los 46 municipios del estado. Nada más.
El contraste se da con el gobierno de la República, que desde inicio de año emprendió acciones para contener el flujo de migrantes centroamericanos que intentan llegar a la frontera norte e internarse en los Estados Unidos. Casi nada se dijo de los menores mexicanos que también emprendieron el camino y que en algunos puntos de las rutas utilizadas se mezclan con hondureños, guatemaltecos o nicaragüenses. Lo que sí, es que de enero a julio del presente año, nuestro país deportó a alrededor de 70 mil extranjeros, de los que 13 mil eran menores de 18 años, según un reporte del Instituto Nacional de Migración difundido por la prensa nacional.
Pero de la defensa de los derechos humanos de los migrantes en general y en particular de los menores que viajan solos, muy poco se reporta. La política migratoria mexicana, que reproducen los estados, prácticamente se limita a detener, deportar y, en el caso de los guanajuatenses, a ayudar a que vuelvan a sus lugares de origen.
Por eso no resulta raro que la organización Sin Fronteras repruebe a México. En su Estudio regional Sobre Políticas de Integración de Migrantes en Centroamérica y México señala que el gobierno mexicano no atiende al 100 por ciento las necesidades de la población migrante y que en la mayoría de los rubros analizados está por debajo del 60 por ciento. En cuanto a la reagrupación familiar, sí hay una aprobación del 84 por ciento, pero se destaca que los migrantes enfrentan muchos obstáculos provocados por los tiempos de espera, el alto margen de discrecionalidad en la distribución de visas y las complicaciones para comprobar solvencia económica, de acuerdo a las consultas realizadas con funcionarios de instituciones públicas nacionales.
Todo esto no quiere decir otra cosa que nuestro país está en vías de convertirse en un gendarme más de las políticas migratorias establecidas por los Estados Unidos. Al trasladar prácticamente la frontera estadounidense al sur de México para frenar, con nuestros propios policías, la ola de centroamericanos que en su travesía se unen a miles de mexicanos que buscan un futuro en el norte. Resulta lamentable que la gran tradición mexicana en política exterior se haya perdido en el tiempo.
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