SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 2 de febrero de 2020
«Reprochamos las represalias al ejercicio de la libertad de expresión contrarias al espíritu de una sociedad democrática y el uso perverso de los medios legales para silenciar las voces críticas en México», dijeron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y las organizaciones nacionales Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) e I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Al condenar lo que calificaron como persecución judicial contra el columnista, las tres organizaciones expresaron su preocupación por la información difundida por diversos medios de comunicación sobre la existencia de un posible conflicto de interés del titular de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Francisco José Huber Olea Contró, cuyo hermano Jean Paul recibió en 2017 la patente de una notaría por parte del exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, hermano de Humberto Moreira.
La FIDH, I(dh)eas y CMDPDH exhortaron al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a que investigue y esclarezca el posible conflicto de interés del magistrado, de manera pronta, expedita y diligente. «No debemos permitir que el Poder Judicial resuelva los casos por presiones políticas o conforme a intereses particulares».
Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila. | Foto: El Siglo de Torreón.
Francisco José Huber resolvió en octubre de 2019 imponerle a Aguayo Quezada el pago de 10 millones de pesos por daño moral al haber publicado un texto en enero de 2016 en el que opinó que un «hedor corrupto» acompaña al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Una «exorbitante cantidad» (530 mil dólares aproximadamente), dijeron las organizaciones, lo que obligó al columnista a desembolsar un monto de 450 mil pesos (cerca de 23 mil dólares).
Pero, añadieron, «como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia reiterada (Caso Kímel vs Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008): «En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas.
Las organizaciones celebraron, finalmente, la decisión del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de proponer a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción del asunto. «Sin duda, se trata de una ventana de oportunidad para la justicia en el caso. Urgimos a la Primera Sala a asumir jurisdicción y resolver el juicio de amparo de conformidad a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Desde luego, seguiremos de cerca el curso del proceso judicial».
Imagen de portada: Sergio Aguayo Quezada. | Foto: I(dh)eas.
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