Redacción Siglo XXI / Agencias
28 de agosto de 2014
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner enfrentó este jueves un nuevo paro nacional –el tercero desde su llegada a la Casa Rosada–, que ha sido convocado por los sindicatos opositores en algunos gremios clave, como la recolección de basura y los bancos, que se adhieren de forma toral, o el transporte y los hospitales, que mantendrán los servicios mínimos.
Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli son los tres líderes de las centrales sindicales opositoras que convocaron este paro, el segundo en menos de cinco meses. Este llamamiento amenaza con paralizar las principales ciudades del país, lo que ha llevado al Gobierno a denunciar que se trata de una huelga «política».
El peronista opositor Hugo Moyano, aseguró que entre el 80% y el 90% de los trabajadores se adhirió a la protesta de 36 horas que empezó el miércoles a las 12 de la mañana (hora local) y se prolongó hasta este jueves. En cambio, el jefe de Gabinete del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Capitanich, sostenía que sólo el 25% la apoyó.
Por su parte, en unas declaraciones concedidas al diario argentino ‘La Nación’, Moyano ha reclamado a la Casa Rosada «empezar a tomar alguna medida de respuesta a los reclamos sindicales» y ha criticado la «soberbia» de la presidenta.
Las tres centrales sindicales opositoras, enfrentadas con otras dos fieles al kirchnerismo, fueron a la huelga para pedir al Gobierno de Fernández que prohibiera los despidos y suspensiones de trabajadores por un año y reabriese las negociaciones salariales firmadas en la primera mitad de 2014, dado que consideran que la inflación ha resultado superior a lo esperado.
«La medida va a ser muy importante, creo que el paro será muy fuerte a pesar de la presión, el temor y miedo que intenta imponer el Gobierno a muchas organizaciones gremiales como la UTA, con promesas que seguramente no le van a cumplir», ha apostillado el líder sindical.
Entre las reivindicaciones de los huelguistas destacan la modificación del impuesto a las Ganancias sobre los sueldos; la universalización de las asignaciones familiares; el pago de la deuda del Estado con las obras sociales sindicales; el aumento de emergencia para los jubilados; así como políticas concretas contra la inflación y la inseguridad.
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