Exigen parar represión contra normalistas en Chiapas

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Martes 25 de febrero de 2020

 

Luego del ataque perpetrado por policías estatales de Chiapas contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes de las escuelas normales rurales Mactumatzá y Raúl Isidro Burgos, que dejó diez personas heridas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que «para el gobierno de Chiapas los derechos a la libre manifestación y de reunión pueden ser vulnerados, como lo hicieron los policías del Estado, con el argumento falaz de que los estudiantes son un peligro para la estabilidad social».

A través de un comunicado, el Centro Tlachinollan afirmó que «en el estado de Chiapas se ha normalizado el uso de la fuerza como el recurso más efectivo para acallar las protestas sociales» y acusó que en el ataque «hubo complicidad y condescendencia por parte del gobernador Rutilio Escandón, porque tuvo la oportunidad de impedir que los policías accionaran sus armas» y no lo hizo.

Por ello, exigió una investigación exhaustiva, pronta e imparcial contra los policías responsables de la agresión y a toda la cadena de mando; que se brinde de manera urgente atención médica de calidad a los tres estudiantes heridos hasta su total recuperación, entre ellos Juan Antonio Flores Bernal, normalista de Ayotzinapa de 18 años; y que el gobierno de Rutilio Escandón pare la represión contra los estudiantes de la normal rural de Mactumactzá y se atiendan con presteza sus legítimas demandas.

El Centro Tlachinollan recordó que el domingo 16 de fueron agredidas las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, los estudiantes de las normales rurales Raúl Isidro Burgos y de Mactumatzá cuando realizaban un volanteo informativo sobre el inicio de la caravana En Busca de los 43.

Relató que «en el momento en que las madres y padres de los 43 se preparaban para dar inicio a la primera reunión con los estudiantes de la normal, más de 200 policías del estado apertrechados con tanquetas y respaldados por elementos de la Guardia Nacional se apostaron en el punto denominado ‘La Coca’, a menos de 100 metros de la escuela normal rural de Mactumatzá.

«Ante esta provocación las madres y padres de los 43, acompañados por los estudiantes, pidieron a los uniformados que se retiraran porque no existía motivo alguno para cercar a la normal. La respuesta de los policías fue temeraria: además de utilizar sus escudos para empujar a las madres y padres cuando intentaban dialogar, los policías ubicados en la segunda fila levantaron sus armas para disparar a los estudiantes que se encontraban al frente de la comisión. Fue una lluvia de gases lacrimógenos que obligaron a las mamás y papás a replegarse. En ese instante cayó el estudiante Juan Antonio Flores García, quien recibió un impacto de gas lacrimógeno en su cabeza quedando totalmente inerme. Los policías actuaron de manera brutal, al ignorar los protocolos para el uso de la fuerza; arremetieron contra los estudiantes, lesionando a 10 personas, entre ellas dos madres y 3 estudiantes, que al día de hoy permanecen hospitalizados. La nieta de una de las madres sufrió varias quemaduras en su cuerpo».

La agresión se prolongó durante más de 40 minutos sin que las autoridades del estado intervinieran para ordenar el retiro de la policía y sólo la presión nacional e internacional, que condenó los hechos, obligó a las autoridades chiapanecas a investigar a los responsables y a proceder penalmente contra dos policías que participaron en la agresión. No obstante estas detenciones, la misma Fiscalía de Chiapas anunció el 22 de febrero que ha abierto una carpeta de investigación en contra de los estudiantes por ataques a las vías de comunicación y daños.

Además, las posturas asumidas por la secretaria de Seguridad Pública, Gabriela Zepeda Soto, y de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, «van en la misma línea de criminalizar a los estudiantes responsabilizándolos del desorden público» y señalándolos de ser «un peligro para la estabilidad social. En el estado de Chiapas se ha normalizado el uso de la fuerza como el recurso más efectivo para acallar las protestas sociales». «Para el gobierno de Chiapas los derechos a la libre manifestación y de reunión pueden ser vulnerados, como lo hicieron los policías del Estado, con el argumento falaz de que los estudiantes son un peligro para la estabilidad docial. En el estado de Chiapas se ha normalizado el uso de la fuerza como el recurso más efectivo para acallar las protestas sociales».

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Fotos de portada e interiores: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.