Redacción SomosMass99 / Serapaz / Lahaine.org
31 de agosto de 2014
Más de 50 organizaciones defensoras de los derechos humanos en México, emitieron un comunicado en el que señalan que la falta de verdad y justicia en relación a las desapariciones ocurridas durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta ha incentivado las desapariciones cometidas en años recientes y su constante aumento. La falta de localización de las víctimas y la impunidad son el hilo conductor entre ambos periodos históricos.
Por Guanajuato suscriben el documento el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C., el Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos, y el Programa Universitario de Derechos Humanos UIA –León, todos con sede en esa ciudad. Además del Centro de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C., ubicado en Dolores Hidalgo, Gto.
Las organizaciones exigen el cese de las desapariciones en nuestro país, así como avances tangibles en la búsqueda de las víctimas de desaparición y la sanción a las personas responsables.
Así como la creación de un Mecanismo de Búsqueda Trasnacional de personas desaparecidas, que incluya la búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Dicho mecanismo deberá partir de un registro transparente de personas desaparecidas. La creación de un Mecanismo de Investigación de las personas responsables de las desapariciones de los años sesenta, setenta y ochenta y las desapariciones de la época actual, incluyendo las de las personas migrantes. La aprobación de una Ley General contra las Desapariciones. La aceptación de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales conforme al artículo 31 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Mecanismos efectivos, adecuados y expeditos que garanticen el derecho a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares, tanto en el caso de las desapariciones forzadas ocurridas en los años sesenta, setenta, ochenta y las desapariciones recientes.
Con el objetivo de impulsar las presentes demandas las organizaciones que suscriben el comunicado realizarán acciones en diversas ciudades de México, Centroamérica, República Dominicana y el Estado de Texas.
Sólo seis sentencias por desapariciones forzadas
Además de las desapariciones, que por sí mismas constituyen una grave violación a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares y un crimen de lesa humanidad, la falta de voluntad política del gobierno federal y los gobiernos estatales ha derivado en la inexistencia de una política integral de búsqueda efectiva de las víctimas e investigación y sanción de las personas responsables, lo cual configura nuevas violaciones, como la violación al derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto, e impunidad persistente.
Si bien gracias a la persistencia de los familiares de las víctimas se han registrado ciertos avances en algunas entidades federativas y a nivel federal, las acciones reportadas por el Estado mexicano en su conjunto contrastan con las alarmantes -y variables- cifras oficiales de personas desaparecidas; cifras que ni siquiera consideran a las personas migrantes desaparecidas en su tránsito por México, ni las desapariciones forzadas cometidas durante los años sesenta, setenta y ochenta.
Es incomprensible que frente a la magnitud del problema el Estado mexicano haya reportado en su informe presentado el once de marzo de 2014 al Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas que han sido dictadas tan sólo seis sentencias por el delito de desaparición forzada y sólo una de ellas por hechos ocurridos durante los años setenta, por una parte, y que sólo se iniciaron 291 averiguaciones previas por desaparición forzada entre 2006 y 2013, por otra. Además, resulta preocupante que en la actual administración no sólo no han disminuido las desapariciones forzadas sino que han aumentado, de tal forma que en apenas 2 años se han producido el sesenta por ciento de todas las desapariciones ocurridas durante la administración de Felipe Calderón.



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