SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario / SomosMass99
Lerma, Estado de México / Viernes 20 de marzo de 2020
A quince días de una resolución judicial que ordena la suspensión definitiva de la construcción de autopista Toluca-Naucalpan, los trabajos que realiza la empresa Autovan-Teya, filial del Grupo Higa, continúan día y noche, con apoyo de policías del Estado de México, en el tramo que atraviesa las comunidades indígenas de San Francisco Xochicuautla y La Concepción Xochicuautla.
Aunado a ello, desde enero de 2019 representantes de estas comunidades hñäthö han solicitado por diversos medios una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para exponer su caso. Sin embargo, al contrario de concederles la entrevista, fueron enviados al Consejo Nacional de Población (Conapo) y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), donde terminaron por ser engañados.
Así lo informó Jaime Vargas, integrante del Consejo Supremo Indígena de la Comunidad de San Francisco Xochicuautla, quien añadió que en la comunidad ya están desesperados porque pasa el tiempo y nadie los escucha. Desde enero de 2019 «pedimos que nos tramitaran la entrevista con el presidente en el Conapo y el INPI, pero nada. Aunque nos mandaron con ellos, dijeron que no les competía. Entonces AMLO no está informado de la solicitud de reunión o les dio la instrucción de no recibirnos».
Las comunidades hñäthö de San Francisco Xochicuautla y La Concepción Xochicuautla difundieron un comunicado en el que informan que el 5 de marzo, Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, resolvió a su favor el incidente de violación de la suspensión definitiva, dentro del juicio de amparo 441/2016.
En el punto tercero, Roldán Olvera resolvió: se «requiere al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y al titular de Sistemas de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), para que en el término de 24 horas cumplan con la suspensión definitiva otorgada… de no hacerlo serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo».
En este sentido, Jaime Vargas dice en entrevista que la empresa Autovan-Teya debió suspender sus trabajos de inmediato. Pero continuó el sábado 6 y el domingo 7, «día y noche», y así hasta la fecha, cuyos trabajadores son resguardados por policías del Estado de México. Por ello, integrantes del Consejo Supremo acudieron el lunes 8 para notificarle al juez Roldán Olvera que la constructora violaba su resolución.
Le llevaron fotos y videos, pero el juez no se encontraba. «Le dijimos al secretario que nos pasara con el Ministerio Público Federal para presentar la denuncia y nos contestó que ahí no había. Luego fuimos al que está a un costado, pero nos dijeron que no se podía y que debíamos esperar al juez. Entonces nadie hace nada, creo que todos están coludidos».
Ese mismo lunes, indígenas de la comunidad organizaron brigadas para impedir que los trabajadores de la empresa continuaran con la construcción, «pero la policía los golpeó. Vecinos le pegaron a uno de nuestros compañeros, son a los que les dieron dinero para confrontar a quienes nos oponemos a la autopista».
De acuerdo al comunicado de las comunidades, más de 150 personas hicieron un recorrido desde el paraje La Bondo hasta el campo Maracaná. Les mostraron a los trabajadores y a los policías la resolución del juez, les informaron de los delitos en que incurrían. «Muchos de los trabajadores salieron del área, y sólo se lograron bajar 4 máquinas, que al día siguiente desde las 7 de la mañana ya estaban trabajando otra vez».
Además de que la constructora no ha dejado de trabajar, el día 12 de marzo «nuestro bosque sufrió otro ataque a las 3:30pm: la empresa TEYA y AUTOVAN realizaron una detonación con explosivos de alto alcance en el paraje La Ngoshti. Nuestras casas están fracturadas y nuestra vida está en peligro, hay mucho daño psicológico y material. Desde el mes de mayo de 2019 se realizaron denuncias y hasta el momento no hay una respuesta, las empresas TEYA-Autovan y SAASCAEM nunca han respetado nuestros derechos».
Jaime Vargas hace énfasis en que «esta lucha es pacífica, cultural y de legalidad. Si ha habido brotes de violencia es por los que no obedecen la ley, que violan nuestros derechos. ¿Qué se puede hacer? Al juez ya se le notificó (que la empresa continúa las obras) y no ha hecho nada. Queremos una entrevista con López Obrador para informarle, tenemos todo documentado, pero no hemos recibido respuesta, no sabemos si no está enterado o no quiere. Algunos compañeros ya quieren ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
Hoy viernes por la mañana, representantes del Consejo Supremo Indígena de la Comunidad de San Francisco Xochicuautla se reunirán con funcionarios del INPI, que les presentarán un informe de las afectaciones que han sufrido las comunidades hñäthö desde que se inició la construcción de la autopista. Más tarde, dijo Jaime Vargas, habrá una asamblea en el Consejo Supremo donde se tomarán decisiones. Antes fue elaborado otro por el antropólogo Emeterio Cruz García, que posteriormente modificó para afirmar que la construcción de la autopista no causaba afectaciones a los pueblos indígenas.
Lo que exigen las comunidades de San Francisco Xochicuautla y La Concepción Xochicuautla es que todas las partes involucradas en este conflicto reconozcan que el bosque es sagrado, todo y no sólo algunos sitios; respeto a sus derechos colectivos como pueblos indígenas y a sus usos y costumbres espirituales; el desalojo inmediato y definitivo de maquinaria, del personal de la empresa y de sus herramientas de trabajo; el desalojo inmediato y definitivo de la policía estatal y municipal; que se hagan valer por los tres niveles de gobierno los juicios de amparo con suspensión definitiva; y la cancelación inmediata y definitiva del proyecto autopista Toluca-Naucalpan.
Las imágenes de portada e interiores corresponden al recorrido que hicieron los opositores a la autopista después de la resolución del juez Alberto Roldán Olvera. | Fotos: Xochicuautla Resiste.
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