SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Viernes 1 de mayo de 2020
- «Cualquier lenguaje oficial que sugiera que es permisible causar daños físicos a la población sin consecuencias no es aceptable», afirman organizaciones internacionales de derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y seis organizaciones internacionales reprobaron y mostraron su consternación, respectivamente, por las acciones implementadas por autoridades de El Salvador que han resultado en graves violaciones a los derechos humanos de personas en reclusión y de ciudadanos en general.
Tales medidas fueron ordenadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para frenar el incremento de homicidios y hacerle frente a la pandemia de Covid-19 en ese país. En el lapso que va del 23 al 28 de abril se registraron 84 asesinatos por parte de organizaciones criminales, de modo que el gobierno salvadoreño ordenó el encierro absoluto, en celdas selladas, de los miembros de esas bandas y el aislamiento en solitario de sus líderes en varios penales, además de autorizar a las policías y al Ejército el uso de la fuerza letal en zonas con presencia delincuencial. A la vez, el presidente Bukele dio instrucciones a las fuerzas policiales y militares de aprehender a las personas que violen la cuarentena y sometidas a detención prolongada en “centros de contención” del gobierno o estaciones de policía, como si hubiesen cometido delitos.
Desde su sede en Washington, Estados Unidos, la CIDH dijo que, de acuerdo con información del conocimiento público, el presidente de El Salvador dio la orden de decretar emergencia máxima en los recintos penitenciarios donde se encontrarían detenidos los internos que pertenecerían a organizaciones criminales. «Entre las medidas a adoptar destacan el encierro absoluto de 24 horas al día, el aislamiento solitario aplicado a los dirigentes de las organizaciones criminales, el cese de toda comunicación de las personas detenidas con sus familiares y la suspensión de cualquier actividad. Estas medidas fueron ordenadas para hacerse efectivas por un tiempo indefinido y se habrían dictado debido a un incremento en el número de homicidios registrado durante el fin de semana del 24 de abril».
Recordó que mediante la cuenta de Twitter del viceministro de Justicia y director General de Centros Penales, Osiris Luna Meza, se informó que los internos que integraban las diferentes pandillas pasarían a compartir las mismas celdas. Ello, en las cárceles de Complejo Penitenciario de Izalco, Máxima de Zacatecoluca, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera y Quezaltepeque.
«Al respecto, videos que circulan en redes sociales del gobierno de El Salvador dan cuenta de tratos inhumanos y degradantes a los que son sometidas las personas privadas de libertad en el marco de los respectivos operativos de traslado. En este sentido, la CIDH advierte que el personal de custodia mantiene a las personas en ropa interior y sin zapatos, así como amontonadas unas con las otras. Además, dichas personas serían sujetas a requisas invasivas por parte del personal carcelario. Si bien dicha Comisión toma nota de que el Estado salvadoreño rechaza la calificación de estos tratos como inhumanos y degradantes, de conformidad con los estándares internacionales en la material, dichos videos dan cuenta de actos contrarios a la dignidad humana».
Por todo ello, la CIDH urgió al Estado de El Salvador a adoptar medidas que garanticen la vida, salud, integridad y dignidad de las personas privadas de libertad, «en especial de aquellas detenidas en los centros penitenciarios donde se han implementado las medidas que responden a la emergencia máxima recientemente ordenada por el presidente salvadoreño». «Este tipo de medidas responde a una política criminal dirigida a combatir la criminalidad que se planificaría desde el interior de los centros penales mediante acciones de carácter extraordinario. En este sentido, la Comisión ha manifestado la condena respecto de estas medidas de manera pública y reiterada. Así, en las observaciones preliminares emitidas a partir de su visita in loco realizada al país entre el 2 y 4 de diciembre de 2019, la CIDH expresó que si bien entendía que es responsabilidad del Estado prevenir y combatir la criminalidad, la vigencia permanente de las llamadas medidas extraordinarias es de especial preocupación, considerando que resultan en graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tales como aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, afectaciones a la salud, suspensión del régimen de visitas, y obstáculos para garantizar un debido proceso».
Consternación
Amnistía Internacional también reprobó las medidas implementadas por el presidente Nayib Bukele para contener la pandemia, que incluyen la detención de miles de ciudadanos en confinamiento forzoso por incumplir la cuarentena domiciliaria. «Y las han llevado a centros de contención que, muchas, veces, no cuentan con medidas que garanticen un nivel mínimo de salubridad y distanciamiento físico. Con esta estrategia, el gobierno sólo incrementa el riesgo de contagio en lugar de protegerles de la enfermedad. Además, la detención de personas que salen a buscar agua, comida o medicinas afecta desproporcionalmente a quienes viven en pobreza (…) Nuevamente el presidente Bukele ha hecho sonar las alarmas de la comunidad internacional. Son Inaceptables sus mensajes públicos que llaman al incumplimiento de las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y que sugieren que los cuerpos de seguridad implementen medidas violentas y que desacreditan a las organizaciones de derechos humanos. El gobierno está siguiendo un camino muy peligroso que vulnera el Estado de derecho y los derechos Humanos».
A la vez, las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), junto con Aministía Internacional, enviaron una carta al presidente Bukele en la que le expresan su preocupación por los reportes de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en el marco de la emergencia por el Covid-19 y por acciones y declaraciones gubernamentales que podrían estar en contra del Estado de derecho y la democracia.
Le señalan que desde que entró en vigencia la cuarentena nacional obligatoria el 21 de marzo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador ha recibido cientos de denuncias de abusos supuestamente cometidos por las fuerzas de seguridad. También, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió la Resolución 148-2020, que establece que no se puede privar de la libertad a las personas por incumplir la orden de cuarentena domiciliaria y que el confinamiento forzado en «centros de contención», sin evidencias de síntomas o exposición al Covid-19, no está constitucionalmente permitido o autorizado por el decreto de emergencia.
«Las organizaciones firmantes encontramos alarmante que las detenciones por violaciones de la cuarentena, incluso las detenciones prolongadas en ‘centros de contención’, sigan a pesar de las decisiones judiciales mencionadas (…) Asimismo, le transmitimos nuestra profunda preocupación respecto a las recientes declaraciones realizadas en su cuenta de Twitter, Sr. Presidente, en las cuales rechaza las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema por considerarlas inválidas. Estamos igualmente alarmados por otras declaraciones recientes que parecen tolerar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la policía y militares que trabajan para hacer cumplir la orden de cuarentena domiciliar. Al referirse a la implementación de las medidas destinadas a salvaguardar la salud y la seguridad, cualquier lenguaje oficial que sugiera que es permisible causar daños físicos a la población sin consecuencias no es aceptable».
A la vez, le expresan su consternación por su más reciente orden, también a través de Twitter, en la que instruye al Ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, a imponer un cerco militar en la ciudad de Puerto de La Libertad y la posterior colocación de tanques y equipos militares en todo su perímetro. Orden que emitió de manera similar el alcalde de San Salvador, quien acordonó el centro histórico de la ciudad capital con miembros de la Policía Nacional Civil, Fuerzas Armadas y agentes metropolitanos. «Estas acciones son particularmente preocupantes dada la reciente historia de atrocidades y crímenes de derecho internacional cometidas por las fuerzas de seguridad de El Salvador durante el conflicto armado».
Fotos de portada e interiores: Gobierno de El Salvador.
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