Segob: reforma al Código Penal de Querétaro por Covid-19, viola DDHH

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Lunes 4 de mayo de 2020

 

La reforma al Código Penal de Querétaro para enfrentar la pandemia de Covid-19, aprobada el 29 de abril por la Cámara de Diputados de esa entidad y que crea nuevos delitos y endurece otros ya existentes, viola derechos humanos y contraviene principios constitucionales, sostuvo este día la Secretaría de Gobernación a través de su subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

Encinas Rodríguez llamó al Congreso de la Unión, a los congresos estatales, y a los poderes Ejecutivo y Judicial a no hacer uso del derecho penal para enfrentar la emergencia sanitaria, como establece la Guía de Derechos Humanos para las Medidas Covid-19, publicada por la propia Secretaría de Gobernación.

El miércoles 29 de abril, el Congreso de Querétaro aprobó una reforma al Código Penal propuesta por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), que de acuerdo a la diputada de ese partido, Tania Palacios Kuri, «busca dotar de herramientas a las autoridades para amortiguar el golpe (del Covid-19). Es una iniciativa de mano dura para distintos temas para diversificar las conductas tipificadas en el Código Penal, endurecer sanciones y multiplicar los instrumentos al alcance de la autoridad, prevenir la violencia familiar, la discriminación, proteger nuestros bienes y la  integridad de quienes nos defienden, pero sobre todo evitar el dolor evitable que tiene el contagio” (Noticias de Querétaro).

Entre la creación de nuevos delitos y el endurecimiento de otros, la reforma aprobada establece como delito y una pena de cuatro a seis años de prisión «a la persona que no respete el periodo de aislamiento impuesto por padecer una enfermedad transmisible grave o cuarentena»; tres a cinco años de cárcel a las personas que no obedezcan las medidas de la autoridad sanitaria o de protección civil decretadas durante la emergencia sanitaria; tres a cinco años a la persona que se oponga a que la autoridad ejerza sus funciones por medio de amenazas o violencia, pena que se incrementa por una mitad más si se opone a autoridades de servicios de salud, seguridad o protección civil; por agravante al tipo penal de provocación a cometer un delito o apología del delito, se establecen de tres a seis años de prisión para las personas que promuevan o convoquen públicamente a realizar saqueos, robos y actos similares, misma pena que se deberá aplicar a las personas que participen en esos hechos. La reforma, además, ordena un aumento de penas «a los delitos de riesgo de contagio y omisión de auxilio».

Alejandro Encinas informó, a través de un comunicado, que la reforma también prevé el aumento de penas y la adición de otros delitos no relacionados con el combate a la pandemia, por lo que preocupa el artículo 289 que prevé de dos a cinco años de prisión a las personas que obstruyan obras o trabajos públicos, con la agravante de cuatro a seis años si participan varias personas. «Este tipo penal criminaliza la protesta social», dijo.

Ante las nuevas disposiciones, el funcionario federal precisó que la suma de estos delitos, «redactados de forma poco clara y amplia, violan los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica. Asimismo, no son proporcionales al usar de forma desmedida sanciones privativas de la libertad para conseguir objetivos que podrían obtenerse con sanciones menos restrictivas, como las administrativas en contra de establecimientos, o incentivos positivos que regulen la conducta humana».

El aumento de penas privativas de la libertad, alertó, no garantiza una disminución de los delitos, pero lesiona el tejido social, satura las prisiones, implican un gasto alto para el erario y tiene efectos trascendentales sobre los familiares y dependientes de las personas condenadas. «Sanciones penales como las planteadas por el Congreso de Querétaro para hacer frente a la contingencia, criminalizan la pobreza y tienen efectos desproporcionales sobre grupos excluidos y vulnerables».

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Imagen de portada: Salón de plenos del Congreso de Querétaro. | Foto: JG Open Systems.