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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / 13 de mayo de 2020
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) exigieron este día la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la destitución del vocero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Gustavo Huerta Martínez, quien fue nombrado para desempeñar ese cargo el 7 de mayo pese a estar señalado como responsable de violaciones graves a los derechos humanos.
En imagen de 2011, Gustavo Huerta Martínez, nombrado vocero de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, pese a que desde 2017 fue inhabilitado para desempeñar cualquier cargo público durante cinco años. | Foto: Rosarito en la Noticia.
La CMDPDH y la CCDHN denunciaron que Huerta Martínez, capitán retirado de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue acusado de ser partícipe en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos contra 25 policías municipales, quienes fueron detenidos, torturados y procesados por delitos que no cometieron. Hechos ocurridos en 2009, cuando el funcionario fungía como director de Policía y Tránsito Municipal de Tijuana.
«Estos hechos fueron investigados y acreditados por la CNDH, como se advierte en la Recomendación 87/2011. Entre marzo y abril del 2009, Gustavo Huerta (identificado como AR2 en la Recomendación), junto con el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez –de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tijuana– (identificado por AR1 en la Recomendación), dieron la orden de detener a los policías sin justificación legal. Posteriormente, ambos funcionarios entregaron a las 25 víctimas al Ejército mexicano quienes los torturaron por varios días en las instalaciones del 28º Batallón de Infantería, conocido como Aguaje de la Tuna, en la ciudad de Tijuana.
«Los policías municipales fueron arraigados en instalaciones militares durante 40 días y después acusados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de pertenecer a la delincuencia organizada. Todos los acusados recuperaron la libertad por falta de pruebas, demostrando así la arbitrariedad de las acusaciones, la ilegalidad de su detención y el actuar criminal del Ejército mexicano. Con estos actos tanto Julián Leyzaola como Gustavo Huerta, participaron en la política de fabricación de culpables en el marco de la guerra contra el narcotráfico y una supuesta ‘limpia’ de las instituciones municipales de seguridad pública».
Pese a ser un caso ampliamente conocido por la comunidad tijuanense, añaden la CMDPDH y la CCDHN, ni el gobierno de Baja California ni el ayuntamiento de Tijuana aceptaron la recomendación de la CNDH, lo que ha tenido consecuencias graves en la honra y dignidad de las víctimas, así como en el ejercicio de su derecho a la verdad y a la reparación integral de los daños.
Foto: LJA.
Los policías, además de que fueron injustamente destituidos de su empleo con base en hechos falsos, no han podido acceder a sus derechos laborales o a la reinstalación en su empleo, como algunos de ellos desean hacerlo.
De acuerdo con una nota del diario La Jornada, la síndica procuradora del ayuntamiento de Tijuana, María del Carmen Espinoza Ochoa, informó este 8 de mayo que el ex director de la Policía Municipal, ex secretario de Seguridad Pública Municipal de esa ciudad y capitán retirado de la Secretaría de la Defensa Nacional, Gustavo Huerta Martínez, está inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos. Ello, debido a un proceso de responsabilidad administrativa «relacionado con un caso de tortura y abuso de autoridad», cuya sanción se dio desde el año 2017 «y por el momento no hay registro de ningún recurso legal vigente que se haya interpuesto en contra de la inhabilitación que se le impuso». «Dicha inhabilitación fue notificada en tiempo y forma por parte de Sindicatura Procuradora a la Oficialía Mayor y demás dependencias municipales y estatales».
Pese a todo ello, un día antes, el 7 de mayo, el ayuntamiento tijuanense encabezado por Arturo González Cruz, del partido Morena, designó a Gustavo Huerta Martínez como vocero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).
Arturo González Cruz llegó a la alcaldía de Tijuana tras 30 años de gobiernos del PRI y PAN. | Foto: Blog Tijuana.
La CMDPDH y la CCDHN consideran que esa designación no sólo contribuye a la impunidad y aleja al país de la posibilidad de erradicar las prácticas violatorias de derechos humanos, sino que constituye un agravio más para las víctimas, a quienes se les ha negado el acceso a la justicia y su derecho a ser reparadas.
Por todo ello, hicieron un llamado a la SSPCM para que destituya a Gustavo Huerta Martínez, y a la Fiscalía General de la República para que realice una investigación objetiva e imparcial de la participación del capitán y de Julián Leyzaola en el caso, toda vez que desde hace 11 años las víctimas y sus familiares «presentaron diversas denuncias ante las autoridades competentes sin obtener respuesta satisfactoria, ni mucho menos resultados positivos en torno a la identificación, procesamiento y castigo de los responsables de la detención arbitraria y tortura de los 25 policías».
También invitaron a la CNDH a pronunciarse contra la designación de Huerta Martínez, puesto que la misma Comisión lo identificó como responsable de participar en la detención ilegal y tortura de los policías municipales referidos.
Imagen de portada: Presidencia municipal de Tijuana. | Foto: Notilibre Tijuana.
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