SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Guadalajara, Jal. / Domingo 9 de julio de 2017
Pese a que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, avaló el estudio de la UNOPS que recomienda elevar la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros, miembros del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmaarejo y las organizaciones civiles viajarán a la Ciudad de México para denunciar la violación de sus derechos humanos ante la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Senado de la República y la Cámara de Diputados federal.
Guadalupe Espinoza, del Colectivo de Abogados, informó que el proyecto no podrá avanzar porque existen tres suspensiones dictadas por los tribunales y un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigentes. Además, los habitantes de esas tres demarcaciones continuarán en su lucha por no desaparecer bajo las aguas del nuevo embalse y que se respeten sus derechos.
Explicó que denunciarán ante legisladores federales y la Oficina de la ONU-DH cómo las autoridades de Jalisco «dicen en sus comunicados que defienden los derechos humanos al agua, a la vivienda y al desarrollo, pero que para (sacar adelante) su proyecto le pagaron a la UNOPS contraviniendo lo dicho por los expertos.
«Vamos a ir con diputados federales y senadores, y a la Oficina del Alto Comisionado en México para denunciar el actuar» de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y del gobierno del estado, que hace dos meses «operó para que el Relator Especial (Léo Heller) de la ONU para el Derecho Humano al Agua Potable no viniera a Guadalajara. Nosotros hicimos muchos esfuerzos para que nos visitara, pero el gobernador torpedeó todo lo que le fue posible».
El 30 de junio, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que, de acuerdo con los estudios contratados con la UNOPS -a un costo de 90 millones de pesos-, la cortina de la presa El Zapotillo se elevará a 105 metros para garantizar el suministro de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, Los Altos de Jalisco y la ciudad de León.
Sandoval afirmó que era un mito que la cortina pudiera construirse a menor altura, pues esas dos regiones jaliscienses y la urbe leonesa, con cerca de diez millones de personas, quedarían fuera del abasto de agua. De tal cuenta que, sugirió, por recomendación de la UNOPS tendrán que ser inundados Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Ese mismo día iniciaron las protestas de los habitantes de estas tres demarcaciones, Guadalajara y los Altos. Este mes, incluso, se tienen programadas protestas durante la semana cultural en Temacapulín y en la Feria del Chile que se realiza en agosto.
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo ha hecho circular un pronunciamiento en el que señala que en las últimas décadas los gobiernos municipales, estatales de Guanajuato y Jalisco, y el federal han fallado en sus políticas por una gestión integral del agua. Pruena de ello es la contaminación de ríos y lagos, desperdicio de importantes volúmenes en las ciudades y en el campo.
«Lo peor es que políticos y empresarios voraces han diseñado una ruta para privatizar el vital líquido y con diversos discursos han querido convencernos» de que la presa El Zapotillo, en el río Verde, y el Acueducto Zapotillo-León son «la mejor alternativa» para distribuir el agua para León, Guanajuato, Los Altos de Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara.
Sin embargo, añade, «el Zapotillo es una de las presas más plagada de ilegalidades e irregularidades, muestra de una política autoritaria y cerrada al diálogo». En contraste, Temacapulín, Acasico y Palmarejo, unidos a la región alteña, desde 2005 hemos denunciado esta amenaza para Jalisco, hemos sido nosotros, nuestras comunidades y pueblos, los que pusimos en el centro del debate estatal y nacional las políticas de agua, la ilegalidad y la violación de derechos humanos. No es que seamos egoístas o que nos opongamos al progreso y al desarrollo como falsamente se ha querido hacer creer a la ciudadanía, queremos y hemos trabajado para que el agua sea para todos y para siempre».
El nuevo embalse sería «un tinaco grandote que no resolverá el problema del agua dado el desperdicio y nulo tratamiento de ella tanto en el AMG y León, Guanajuato, prueba de ello es la grave contaminación del río Lerma que desemboca en el Lago de Chapala». Por ello, con la ayuda de académicos, investigadores e instituciones especializadas en temas de agua «hemos propuesto alternativas en tiempo y forma, con respeto y seriedad. Pero no hemos sido escuchados, por el contrario, el gobierno y sus voces afines nos han dicho que por el beneficio de las mayorías nos debemos sacrificar como minorías». «Y para colmo los principales responsables del proyecto, la Conagua y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), navegan en el silencio, igual que Abengoa, la empresa española en quiebra en busca de ser rescatada por el compasivo gobierno mexicano.
«En este contexto, levantamos la voz unidos a los jaliscienses que contradecimos los argumentos del gobierno de Jalisco y esperamos que el pueblo del mismo estado, los diputados federales y estatales y diversos actores políticos y académicos como la Universidad de Guadalajara exijan el respeto a los derechos humanos de los pueblos y el cumplimiento cabal del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los jueces federales».
Considera, además, que «la opinión de la UNOPS se ha interpretado como un aval de la ONU -y así ha querido usarlo el gobernador de Jalisco para traicionar su palabra- a la obra y esto no es así». «Es inaceptable que el estudio UNOPS y la decisión del gobernador se presenten nuevamente como una decisión final, resolutiva, definitiva -esto ya lo hemos vivido en otros momentos del conflicto-, lo que sorprende es que usen a organismos de Naciones Unidas, para imponer un proyecto que no tiene la legitimidad social y ha sido bloqueado y suspendido por infinidad de irregularidades legales».
Foto de portada: Fernando Carranza García / Cuartoscuro.
0 Comentario