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Eman Abusidu*
Jueves 5 de junio de 2025
A medida que la guerra en Gaza continúa cobrando un precio devastador para los civiles palestinos, las voces de América Latina se han convertido en algunas de las más prominentes e inquebrantables en la condena de lo que muchos ahora describen como un genocidio. Desde rupturas diplomáticas y condenas públicas hasta llamados a embargos económicos y rendición de cuentas legales, los países latinoamericanos, liderados por gobiernos progresistas e impulsados por un poderoso sentido de responsabilidad moral e histórica, han adoptado posiciones audaces contra las acciones israelíes en Gaza y los territorios palestinos ocupados.
Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, se ha convertido en uno de los críticos más acérrimos de la campaña israelí en Gaza. Lula, conocido por su apoyo de larga data a la autodeterminación palestina, ha acusado a Israel de genocidio y ha comparado sus acciones con el Holocausto, declaraciones que llevaron a que el gobierno israelí lo declarara «persona non grata».
En el frente económico, la presión está creciendo desde adentro. El 25 de mayo, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros (FNP) y la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (FUP) enviaron una carta abierta al presidente Lula, exigiendo el cese inmediato de las exportaciones de crudo brasileño a Israel. Los sindicatos argumentaron que Brasil, al haber exportado aproximadamente 2,7 millones de barriles de petróleo crudo a Israel solo en 2024, estaba alimentando indirectamente la maquinaria de guerra israelí y era cómplice de crímenes contra la humanidad.
Intensificando aún más la posición de Brasil, el gobierno condenó, «en los términos más enérgicos», el anuncio israelí del 29 de mayo de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania. Citando una opinión consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que consideró ilegal la presencia continuada de Israel en los territorios ocupados, Brasil reafirmó su apoyo a una solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967, incluida Jerusalén como capital palestina.
Otra campaña de la sociedad civil también ha cobrado impulso. Más de 200 figuras públicas brasileñas, entre ellas políticos, juristas, académicos y artistas, firmaron una carta en la que instaban al gobierno a cortar las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, imponer un embargo militar y energético bilateral y revocar el acuerdo de libre comercio existente. La carta pide a Brasil que «dé ejemplo» de cumplimiento del derecho internacional, especialmente cuando asume roles de liderazgo en las iniciativas legales de la ONU en torno a la condición de Estado palestino.
El presidente chileno, Gabriel Boric, también ha tomado medidas decisivas para enfrentar las políticas israelíes. Durante su discurso anual ante el Congreso Nacional, Boric calificó las acciones de Israel en Gaza como «genocidio y limpieza étnica». Reafirmó la obligación moral de Chile de apoyar a las víctimas de tales atrocidades: «No debemos olvidar ni dejar de sentir ese dolor, porque es humano, así como somos humanos».
Respaldando sus palabras con la política, Boric retiró al embajador de Chile en Israel, retiró a los agregados militares del país y suspendió la participación de Israel en la próxima feria aérea FIDAE, una importante exposición aeroespacial y de defensa.
Este creciente alineamiento entre el Estado y la sociedad civil es evidente en las acciones de Nelson Hadad, un destacado abogado y ex embajador, quien presentó una petición en el Palacio de La Moneda instando al gobierno chileno a cortar todos los lazos diplomáticos, comerciales y militares con Israel. La carta, apoyada por más de mil ciudadanos, argumentaba que la condena por sí sola no es suficiente. «No es posible mantener lazos con un Estado que viola flagrantemente la Carta de la ONU y el derecho internacional humanitario», declaró Hadad, haciendo hincapié en el enorme número de víctimas civiles en Gaza: más de 54.000 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha sido uno de los líderes más abiertos sobre el tema. En repetidas ocasiones ha calificado las acciones de Israel de «genocidio», trazando paralelismos entre Gaza y Auschwitz, una medida que ha provocado tanto el debate interno como la atención internacional. Colombia retiró a su embajador en Israel y ha señalado una reevaluación más amplia de su relación con el Estado.
La postura de Petro se alinea con un giro más amplio en la política exterior de Colombia, uno que desafía las lealtades tradicionales y tiene como objetivo posicionar al país como una voz para la justicia y los derechos humanos en los asuntos globales.
Si bien México ha condenado la violencia y ha pedido acceso humanitario, su respuesta ha sido más moderada. El gobierno no ha empleado un lenguaje como «genocidio» y ha evitado tomar medidas que puedan comprometer su delicado posicionamiento diplomático entre el Sur Global y sus estrechos lazos económicos con Estados Unidos.
Lo que une a estas respuestas es un compromiso histórico e ideológico más profundo con el anticolonialismo, la soberanía y los derechos humanos. La solidaridad de América Latina con Palestina no es nueva; Tiene sus raíces en historias compartidas de opresión y resistencia. En toda la región, la opinión pública apoya firmemente la causa palestina, con movilizaciones masivas y manifestaciones propalestinas desde Buenos Aires hasta Bogotá.
Además, los gobiernos de la región están alineando cada vez más sus políticas exteriores con el creciente cuerpo de derecho internacional, incluidas las sentencias de la CIJ, que exigen la rendición de cuentas de Israel.
* Eman Abusidu es corresponsal de Middle East Monitor (MEMO) en Brasil.
Fuente: Centro de Información Palestino.
Foto de portada: Mohamed Jamil Latrach (@jamillatrach) / Unsplash.
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