Verter pintura en un avión no es el 11-S. Los manifestantes no violentos no son terroristas.
Una mujer cuestiona los argumentos para prohibir Acción Palestina en una protesta en Londres el 23 de junio de 2025.
El plan del gobierno de prohibir Acción Palestina al señalarla como organización terrorista es un paso enormemente significativo en la erosión constante de las libertades civiles.
Este declive comenzó bajo el mandato de Tony Blair, fue impulsado por el último gobierno conservador y ahora es perseguido con entusiasmo por Keir Starmer, un ex abogado de derechos humanos.
Su ministra del Interior, Yvette Cooper, será aplaudida por el Reform UK de Nigel Farage, que dijo que los manifestantes que pintaron aviones con aerosol en la RAF Brize Norton deberían ser acusados de traición.
El gobierno también sabe que la medida cuenta con la aprobación adicional del gobierno israelí, los grupos de presión pro-Israel y las compañías de armas.
«Tratados con dureza»
La marca registrada de Palestine Action es dañar la maquinaria de las fábricas en el Reino Unido que fabrican armas para el ejército de Israel.
Cooper dijo que varios actos de daños graves por parte de Palestine Action desde su creación en 2020 habían costado «millones de libras», lo que involuntariamente dejó claro que el presunto delito es una pérdida financiera y un daño a la propiedad, en lugar de un asesinato en masa.
Los aviones pintados por Palestine Action en Brize Norton son de la flota Voyager, que la RAF utilizó para reabastecer de combustible a los aviones estadounidenses durante el bombardeo de Donald Trump a Yemen este año en salidas que mataron a cientos de civiles.
Los ministros bien podrían asumir que la medida sería bien recibida por Trump, quien llamó a Acción Palestina «terroristas» que deberían ser «tratados con dureza» después de que desfiguraron su resort de golf escocés.
La Ley de Terrorismo de 2000, en virtud de la cual Acción Palestina parece que va a ser proscrita, otorga a la policía una enorme discrecionalidad.
Pueden interrogar a una persona durante un máximo de seis horas «independientemente de que» haya o no «motivos para sospechar» que la persona ha estado involucrada en actividades terroristas.
Las personas condenadas por «apoyar» al grupo podrían enfrentar 14 años de prisión.
«Mala jugada»
Las leyes antiterroristas han sido durante mucho tiempo el primer refugio de los gobiernos ansiosos por promover un clima de miedo e inseguridad.
Entre 2000 y 2018, los sucesivos gobiernos introdujeron 13 leyes separadas diseñadas para atrapar a más y más personas en la red «antiterrorista».
A principios de este año, Starmer dijo que el contrabando de personas debería verse como una amenaza a la seguridad «similar al terrorismo».
Stella Rimington, ex jefa del MI5, criticó hace muchos años a los políticos por tratar de superarse unos a otros en su oposición al terrorismo.
«La seguridad nacional se ha convertido mucho más en un asunto político», me dijo. «Los partidos tienden a usarlo como una forma de tratar de llegar al otro lado. Ya sabes: ‘Somos más duros con el terrorismo que ustedes’. Creo que es una mala jugada, francamente».
Eliza Manningham-Buller, otra ex jefa del MI5, ha advertido que el gobierno corre el riesgo de prohibir a los «extremistas no violentos» hablar en las universidades.
Del mismo modo, Max Hill KC, cuando era el revisor independiente de la legislación antiterrorista, advirtió al gobierno sobre el intento de «criminalizar el pensamiento».
Luego, a raíz de los llamamientos de que el asesino de Southport del año pasado debería ser tratado como un terrorista, el sucesor de Hill, Jonathan Hall, advirtió que la definición de terrorismo no debería ampliarse ni cambiarse, ya que podría conducir al «enjuiciamiento de personas que no son terroristas».
Dijo esta semana que, hasta donde él sabe, la prohibición de Acción Palestina sería la «primera vez que un grupo ha sido proscrito sobre la base de daños graves a la propiedad» en Gran Bretaña en lugar de debido al uso o apoyo a la violencia grave.
Pero agregó que el ataque a la base de Brize Norton había trasladado las actividades del grupo a «la zona de seguridad nacional» y eso había actuado como «un punto de inflexión» para el gobierno.
En su introducción a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno, publicada el 24 de junio, Starmer dijo: «Debemos fortalecer nuestro enfoque de la seguridad interna, donde las amenazas continúan creciendo en su escala y complejidad. No solo en términos de terrorismo tal y como se entiende tradicionalmente…»
Por lo tanto, el mensaje de este gobierno laborista es claro: los manifestantes se enfrentarán a penas de cárcel y multas sin precedentes por acciones nunca antes consideradas similares al terrorismo y por delitos que no implican violencia contra las personas.
Esto debería preocupar a todos, especialmente al propio Starmer. Cuando era abogado de derechos humanos en 2004, defendió a un hombre que irrumpió en una base aérea de la OTAN en Gloucestershire e intentó incendiar un avión de combate en protesta por la guerra de Irak.
* Richard Norton-Taylor es editor, periodista, dramaturgo y decano de los informes de seguridad nacional británicos. Escribió para The Guardian sobre asuntos de defensa y seguridad y fue editor de seguridad del periódico durante tres décadas.
Foto de portada: Ron Fassbender, vía Declassified Uk.
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