Soberanía y reforma electoral

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Alfonso Díaz Rey*

Viernes 29 de agosto de 2025

En toda sociedad clasista, la clase en el poder arma la superestructura que le asegure su dominio y reproduzca las condiciones que le permitan conservar su posición dominante.

Parte de esa superestructura es el sistema electoral. Este contiene las leyes, normas y reglas mediante las que se designan o imponen a quienes ocupan y ejercen la dirección del gobierno en una sociedad. En nuestro país, y en muchos otros, el sistema electoral ha sido uno de los mecanismos que le han permitido a la clase dominante mantenerse en el poder y desde esa posición, crear y reproducir las condiciones para ejercer su dominio. Todas las reformas que se le han hecho, sobre todo después de 1968, han sido para reforzar ese poder.

Apoyada en un férreo control político e ideológico, la clase dominante impuso su sistema electoral para hacer creer al pueblo que vivíamos en un régimen democrático y que tal sistema era la única vía para la participación ciudadana en la política. Se manifestaba en la posibilidad de acudir a las urnas para elegir, entre diferentes candidatos, a quienes ejercerían funciones de dirección en las instancias del Poder Ejecutivo ─federal, estatal y municipal─ así como en las cámaras del Poder Legislativo.

Nos vendieron la idea de que la democracia implicaba la existencia y participación de partidos políticos que designaban a los «candidatos» por los que la ciudadanía «libremente» votaba para elegir a sus «representantes».

En ese tipo de democracia la clase dominante tiene su o sus partidos que velan por sus intereses, cuenta con otros que son sus «leales opositores» ─léase paleros─ y, por si el caso lo amerita, procura tener elementos incrustados en puestos clave de los partidos de oposición.

La realidad mostraba que en la mayoría de las ocasiones esos partidos y candidatos tenían intereses diferentes y aun opuestos a los del pueblo. Además, debían contar siempre con la aprobación del sector hegemónico de la clase dominante, la oligarquía, con lo que se aseguraba mantener el estado de cosas favorable a ese grupo. Sin embargo, cuando dicha clase detectó fallas en el control y vio en peligro «su democracia», nunca dudó en violar su propia legalidad y recurrió al fraude electoral para aferrarse al poder, como ocurrió en 1988, 2006 y 2012.

No obstante esos antecedentes, el 1 de julio de 2018, mediante el voto masivo la ciudadanía evitó la comisión de cualquier tipo de fraude, se decantó por un proyecto de transformación del país y decidió expulsar del gobierno a quienes lo utilizaban para defender los intereses de una minoría corrupta y económicamente poderosa, y para beneficio personal.

El actual sistema electoral, además de dilapidar una enorme cantidad de recursos ─sobre todo en las campañas─ y la casi nula participación democrática del pueblo en la designación de candidatos, contiene la «legalidad», las normas y reglas que permiten a quienes detentan el poder económico mantener y controlar instancias de gobierno desde las que defienden o, dado el caso, obstruyen las acciones o medidas que vayan en contra de sus intereses.

Si con el ánimo de «ganar» espacios se participa electoralmente de manera realmente independiente, figura contemplada en el sistema electoral, los candidatos con esa etiqueta enfrentarán la enorme desigualdad en la asignación y empleo de recursos para llevar a cabo sus campañas.

La existencia de muchos partidos responde a la necesidad de la clase dominante de dividir la votación de los sectores económica, política e ideológicamente dominados, con el fin de legitimar «democráticamente» su poder.

Cuando detrás de un partido político está la propiedad privada, el capital, los principios ceden ante los intereses del poder económico y esa organización política se convierte en instrumento al servicio de la clase dominante y de su segmento hegemónico, la oligarquía; los miembros más prominentes de esos partidos son recompensados por sus servicios y lealtad al amo.

En nuestro país se da el caso de partidos cuyos principios durante un buen tiempo fueron contradictorios entre sí, y en muchos aspectos irreconciliables, terminaron por ser simples apéndices de la clase dominante y ahora están unidos para recuperar las posiciones y privilegios que tenían antes de la elección federal de julio de 2018.

Por ello se requiere una reforma electoral que termine con esas y otras distorsiones y desviaciones que se dan en la «democracia» que durante mucho tiempo nos ha impuesto la clase dominante, la que en realidad deriva en una usurpación de la soberanía popular y la cesión de la soberanía nacional a poderosos grupos vinculados al capital financiero transnacional.

No obstante sus derrotas electorales ─2018 y 2024─, el enorme desprestigio de los neoliberales que antes gobernaron y la reciente reforma al Poder Judicial, defensor y cómplice del antiguo orden, el grupo económicamente dominante mantiene aún parte de la superestructura jurídica-electoral, la que pretende utilizar para continuar velando por sus intereses. Por ello es previsible que así como defendieron a sus tramposos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, a los organismos autónomos y al corrupto Poder Judicial, los neoliberales se aprestan a la defensa del actual sistema electoral.

Ahora, en el contexto del proceso de transformación por el que transita nuestro país, es de suponer, por la importancia que reviste, que la reformas y cambios que se lleven a cabo vayan en el sentido de fortalecer cada vez más la soberanía nacional y popular. Sería el caso, por su actualidad, de la reforma electoral.

La historia ha demostrado que la existencia de muchos partidos políticos no implica una práctica democrática. Por ello, para llevar a cabo una reforma electoral se requiere de una amplia participación del pueblo que conduzca a la erradicación de vicios, prácticas corruptas y derroche de recursos de la nación.

Podría parecer un sueño, pero imaginemos cómo funcionaría la democracia si

a. el pueblo mismo, organizado, informado y consciente, fuera el encargado elaborar y aprobar un programa con el que los candidatos ─seleccionados en asambleas populares, con base en virtudes, prestigio y compromiso─ estuvieran dispuestos a cumplir;

b. se encontrara una manera sencilla, práctica y equitativa de dar a conocer el perfil de cada uno y así eliminar las onerosas campañas y el peligro que representa el «apoyo» de quienes detentan el poder económico;

c. se diera la más amplia participación popular en la organización y conducción de las elecciones;

d. los emolumentos de los puestos de elección no fueran incentivo o atractivo para aspirar a ellos;

e. se implementaran asambleas de rendición periódica de cuentas ante los representados y, en cualquier momento, la facultad de tales asambleas para revocar el mandato a quienes, por causas atribuibles a ellos mismos, incurrieran en incumplimientos graves, así como la de nombrar a su sucesor;

f. para las decisiones trascendentales se tomara el parecer del pueblo, mediante plebiscito o referendo.

En ese caso, bastaría con la existencia de un partido que, nutriéndose y apoyándose en el pueblo, representara los intereses y aspiraciones de la inmensa mayoría de la sociedad, uno en el que en su seno se plantearan, analizaran y dirimieran crítica y democráticamente todo tipo de posiciones y problemas, y que tal partido no participara en los procesos electorales. Ello estaría más cerca de una práctica democrática.

La historia nos ha mostrado que mientras los pueblos se mantengan ajenos a la toma de decisiones que de una u otra forma afectan su desarrollo, continuarán subordinados a un grupo dominante y vivirán en la moderna esclavitud que les ofrece el capitalismo.

* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.

Foto de portada: Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D.