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Ayesha Khan* / La Intifada Electrónica
Jueves 9 de octubre de 2025
En enero, un soldado israelí huyó de Brasil con la ayuda de la embajada de Israel para evadir el arresto después de que un juez brasileño ordenara a la policía que lo detuviera por una denuncia penal presentada por la Fundación Hind Rajab (HRF).
La denuncia acusaba al soldado de «participar en demoliciones masivas de viviendas civiles en Gaza durante una campaña sistemática de destrucción».
En julio, Bélgica se convirtió en el primer país europeo en actuar sobre una denuncia presentada por la HRF, que se creó específicamente para buscar la responsabilidad legal por los crímenes de guerra cometidos en Gaza, así como por la Red de Acción Legal Global (GLAN).
La fiscalía belga ordenó a la policía belga que identificara, arrestara e interrogara a dos soldados israelíes mientras asistían al Festival Tomorrowland cerca de Amberes. Los soldados fueron liberados después de ser interrogados, pero la Fiscalía Federal belga anunció que «remitiría los archivos a la Corte Penal Internacional (CPI)».
HRF ha presentado solicitudes de arresto similares en 23 países.
Mientras tanto, en Bogotá, Colombia, 12 países firmaron una declaración en julio a instancias del Grupo de La Haya que, entre otras medidas, incluía el apoyo a los mandatos de jurisdicción universal, un principio legal que permite a los estados individuales enjuiciar a los criminales de guerra sin importar dónde se cometieron los crímenes.
En respuesta a tales movimientos, el ejército israelí se ha visto obligado a aconsejar a varios de sus soldados que no viajen por temor a ser arrestados cuando estén en el extranjero. Los medios israelíes incluso han publicado una guía para israelíes sobre cómo evitar ser arrestados cuando están de vacaciones en el extranjero.
Livni y el Reino Unido
Esa guía es de poca utilidad si los presuntos criminales de guerra israelíes viajan al Reino Unido, lo que hasta ahora ha hecho, y a pesar del anuncio de esta semana de que el Reino Unido reconocería formalmente un estado de Palestina, no hizo ningún movimiento para responsabilizar a los funcionarios o soldados israelíes.
Una especie de precedente para otorgar impunidad a los funcionarios israelíes tiene una larga historia. En 2009, los abogados de las víctimas palestinas del asalto militar israelí de 2008-09 a Gaza solicitaron con éxito a un tribunal británico que emitiera una orden de arresto contra la ex ministra de Relaciones Exteriores israelí, Tzipi Livni, que debía visitar el Reino Unido y dar una charla al Fondo Nacional Judío.
Livni fue miembro del gabinete de guerra de Israel durante la «Operación Plomo Fundido», una ofensiva de tres semanas en Gaza que mató a 1.400 palestinos, incluidos 333 niños.
Al ser notificada de la orden, Livni canceló su viaje al Reino Unido.
El incidente causó ira en Israel y vergüenza en Londres, donde el entonces primer ministro Gordon Brown llamó a Livni para disculparse. Brown, incluso como primer ministro, era miembro de los Amigos Laboristas de Israel y fue descrito por el Jewish Chronicle como «criado con un espíritu que parece distante y pintoresco ahora, el del devoto sionismo cristiano».
En respuesta a la orden de arresto, David Miliband, secretario de Relaciones Exteriores de Brown, dijo que cambiaría la ley para evitar que las organizaciones de derechos humanos, abogados y ONG obtengan órdenes de arresto para criminales de guerra israelíes de los tribunales del Reino Unido, limitando la implementación de la jurisdicción universal.
El cambio final, que se produjo en el gobierno de coalición conservador-liberal demócrata que sucedió al gobierno laborista de Brown, significó que, en lugar de que un tribunal pudiera emitir una orden de arresto directamente, el director de la Fiscalía Pública (DPP) ahora tendría que dar su consentimiento antes de que se pudiera emitir cualquier orden bajo jurisdicción universal.
El gobierno afirmó que esto «garantizaría que el sistema ya no esté abierto al abuso por parte de personas que buscan órdenes de arresto por delitos graves sobre la base de escasas pruebas para hacer una declaración política o causar vergüenza». Sin embargo, además de socavar los esfuerzos de los tribunales británicos, la explicación fue falsa: los tribunales solo otorgan órdenes de arresto bajo jurisdicción universal cuando se presentan pruebas suficientes para sugerir que se han cometido los delitos alegados.
Por lo tanto, cuando Livni llegó al Reino Unido en 2011, y los abogados y los grupos de derechos humanos solicitaron nuevamente una orden de arresto, esta vez, tuvieron que esperar a que el DPP diera su consentimiento.
El DPP era Keir Starmer.
Inmunidad especial
DPP Starmer, ahora primer ministro del Reino Unido, reflexionó sobre la solicitud durante varios días, antes de que el Ministerio de Relaciones Exteriores otorgara retrospectivamente a Tzipi Livni inmunidad de «misión especial», lo que significa que no podría ser arrestada en el Reino Unido. Starmer, un hombre que, como líder de la oposición británica en 2023, sugirió que Israel tenía derecho a negar alimentos, agua y electricidad a la población civil de Gaza, estaba libre de culpa.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, saliendo del número 10 de Downing Street el 22 de septiembre de 2025. A pesar de reconocer un estado de Palestina, el gobierno británico no ha hecho ningún esfuerzo por responsabilizar a los criminales de guerra israelíes.
Esta fue una rara vez que se utilizó la inmunidad de «misión especial» en el Reino Unido para bloquear un arresto bajo jurisdicción universal. Su objetivo es cubrir las visitas oficiales de corta duración de funcionarios extranjeros invitados por el gobierno del Reino Unido que de otro modo no calificarían para la inmunidad diplomática.
Sin embargo, esta inmunidad nunca tuvo la intención de proporcionar un escudo general para crímenes internacionales graves como el genocidio, ya que las normas de jus cogens representan la forma más alta de derecho internacional consuetudinario.
El jus cogens (del latín, «ley imperativa») se refiere a principios fundamentales que son universalmente aceptados como normas de las que no se permite ninguna derogación. Incluye, como confirmó la CIJ en una audiencia de 2006 sobre violaciones de los derechos humanos en los combates entre la República Democrática del Congo y Ruanda, el genocidio y otras violaciones «masivas, graves y flagrantes» de los derechos humanos.
A pesar de estos límites claros, el gobierno del Reino Unido ha desplegado repetidamente la inmunidad de «misión especial» para proteger a los ministros israelíes acusados de crímenes de guerra, lo que les permite escapar de la rendición de cuentas mientras se encuentran en suelo británico.
Más recientemente, esto incluyó al jefe de la «Dirección de Operaciones» del ejército israelí, el general Oded Basyuk en febrero, y al jefe del Estado Mayor israelí Herzi Halevi en diciembre del año pasado. Ambos hombres han sido figuras centrales en el genocidio israelí en Gaza.
Los crímenes internacionales fundamentales no son solo crímenes de derecho internacional, sino que también han sido incorporados a la legislación nacional del Reino Unido por la Ley de la Corte Penal Internacional de 2001 (Ley de la CPI), lo que significa que los tribunales nacionales pueden enjuiciar crímenes de guerra y genocidio según la ley del Reino Unido.
Sin embargo, la Ley de la CPI no permite ningún procedimiento a menos que el fiscal general del Reino Unido dé su consentimiento.
Hasta la fecha, la Ley de la CPI solo se ha utilizado para procesar a soldados británicos. En 2005, el entonces fiscal general Peter Goldsmith, quien también ha realizado trabajo legal para Israel, entre otros países, anunció cargos contra el personal militar británico por «trato inhumano» de los detenidos, un crimen de guerra según la Ley de la CPI.
El cabo Donald Payne fue declarado culpable de maltratar a civiles iraquíes en un centro de detención en Basora, incluido el trabajador del hotel Baha Mousa, quien murió a causa de heridas graves a manos de soldados británicos.
Payne, el único soldado que fue castigado, fue encarcelado durante 12 meses y dado de baja del ejército.
Evidencia sustancial
A pesar de la evidencia sustancial de que los soldados israelíes cometieron crímenes de guerra, muchos de los cuales han registrado ellos mismos, el fiscal general se ha negado a dar su consentimiento para cualquier enjuiciamiento de soldados israelíes en virtud de la Ley de la CPI.
El actual fiscal general del Reino Unido es el barón Richard Hermer. Hermer, amigo de Starmer, fue nombrado por el primer ministro y nominado para un título nobiliario vitalicio en la Cámara de los Lores, la cámara alta del parlamento británico, específicamente para poder asumir el cargo.
Hermer tiene conexiones directas con Israel a través de lazos personales y familiares. En julio de 2023, confirmó al Jewish Chronicle que tiene «queridos familiares que actualmente sirven en las FDI».
En julio pasado, viajó a Israel para reunirse con funcionarios israelíes y advertirles que la postura del Reino Unido sobre las exportaciones de armas a Israel estaba a punto de cambiar. Sin embargo, cuando regresó al Reino Unido, se negó a suspender las licencias de exportación de armas a Israel, afirmando que primero necesitaba determinar qué armas eran «ofensivas» en lugar de «defensivas».
Finalmente, el gobierno de Starmer impuso una prohibición parcial de la venta de armas, a pesar de sus propias obligaciones legales.
Por lo tanto, mientras otros países se mueven en la dirección de aplicar la jurisdicción universal a los presuntos criminales de guerra israelíes, el Reino Unido continúa protegiendo al personal militar y a los funcionarios israelíes del enjuiciamiento por los crímenes de guerra internacionales más atroces.
Esto incluye la última declaración del gobierno del Reino Unido de que «no había concluido» que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza. Esto se produjo solo una semana antes de que una comisión de la ONU confirmara que Israel ha cometido genocidio en Gaza.
Es notable que, si bien el Reino Unido ha procesado a sus propios soldados por crímenes de guerra, se niega persistentemente a responsabilizar a los soldados israelíes. A los soldados israelíes, en consecuencia, se les otorgan protecciones y privilegios mucho más allá de los otorgados a los ciudadanos británicos, lo que hace que el Reino Unido y su pueblo sean serviles e inferiores a Israel.
Al hacerlo, el gobierno del Reino Unido está abandonando tanto la justicia como la soberanía.
* Ayesha Khan es una abogada con sede en el Reino Unido.
Foto: Noticias de Londres, vía La Intifada Electrónica.
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