SOMOSMASS99
Binoy Kampmark*
Lunes 27 de octubre de 2025
Pocas veces en su historia la Corte Internacional de Justicia ha estado tan ocupada, si es que alguna vez lo ha hecho. Para cualquiera que ignore la existencia de la corte internacional hasta ahora, ha cubierto la cobertura de noticias con órdenes provisionales y opiniones consultivas sobre la catástrofe humanitaria en Gaza. Cada orden va acompañada de otra capa de exasperación y, hay que decirlo, de esperanza de que la situación sobre el terreno cambie de alguna manera. Los temas han sido sanguinarios y crueles en su consistencia: el hambre, la restricción de la ayuda humanitaria, las políticas de segregación racial y apartheid, los desplazamientos de población disfrazados de órdenes de evacuación y la posibilidad (que se dictaminará oficialmente) de que Israel haya cometido genocidio en el enclave.
La opinión consultiva del 22 de octubre es la primera que se emite después del alto el fuego centrado en el tenso plan de paz de 20 puntos del presidente Donald Trump. La Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó la opinión de la Corte en diciembre sobre las obligaciones de Israel como miembro de la ONU y potencia ocupante, hacia las agencias del organismo y otras entidades internacionales relevantes que operan en Gaza y la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental.
La solicitud fue motivada por la aprobación por parte de Israel de dos leyes el 28 de octubre de 2024 que prohíben cualquier actividad del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) en suelo israelí y en las zonas bajo su control y prohíben a los organismos estatales tener contacto con el OOPS. Estas acciones excluyeron efectivamente a un organismo de ayuda familiarizado con las vicisitudes y los problemas de suministro de asistencia a los civiles palestinos, dejando el camino abierto para el modelo de distribución de vigilancia asesina dirigido por la Fundación Humanitaria de Gaza respaldada por Estados Unidos e Israel. (La presentación israelí pensó que ese arreglo era perfectamente adecuado, a pesar de los asesinatos masivos de beneficiarios de ayuda por parte de las FDI y los canales de distribución lamentablemente inadecuados).
El viejo argumento de las autoridades israelíes es que la organización de ayuda ha sido un nido activo de militantes de Hamas, algunos de los cuales participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023. A pesar de las conclusiones de la Oficina de Servicios de Supervisión Internacional (OSSI) de que esa infiltración no había tenido lugar en un grado apreciable, o del examen más exhaustivo de la neutralidad de la organización realizado en el informe Colonna, sigue habiendo obstinación. (El Informe Colonna, si bien señala violaciones de la neutralidad en la UNRWA en la expresión de opiniones políticas por parte del personal y el uso de ciertos libros de texto, identificó «un número significativo de mecanismos y procedimientos para garantizar el cumplimiento de los principios humanitarios, con énfasis en el principio de neutralidad, y que posee un enfoque más desarrollado de la neutralidad que otras entidades similares de la ONU y las ONG»).
De enorme irritación para las autoridades israelíes es la continua insistencia en la cooperación con el OOPS. Las obligaciones de Israel, junto con otros Estados miembros, de cooperar con las Naciones Unidas «con respecto a la cuestión de Palestina son de suma importancia para abordar la situación crítica sobre el terreno desde octubre de 2023, en la que las Naciones Unidas, junto con otros actores, desempeñan un papel crucial en la entrega y coordinación de la ayuda humanitaria y la asistencia para el desarrollo al Territorio Palestino Ocupado». en particular a través de UNRWA en la Franja de Gaza».
Si bien Israel, como potencia ocupante, era libre de elegir las organizaciones humanitarias de su elección, el artículo 59 del Cuarto Convenio de Ginebra limitaba «la discreción de una Potencia ocupante en la medida en que requiera que esa Potencia permita y facilite un socorro suficiente para garantizar que la población esté adecuadamente abastecida». En ese sentido, el OOPS ha demostrado ser «un proveedor indispensable de socorro humanitario en la Franja de Gaza», lo que obliga a Israel a ocuparse de él.
En brutal contraste, la Fundación Humanitaria de Gaza, junto con la empresa de seguridad privada Safe Reach Solutions, había supervisado un sistema de ayuda restringido caracterizado por «centros de distribución caóticos y militarizados incapaces de entregar ayuda en el alcance y la escala necesarios». Hasta septiembre de 2025, más de 2.100 palestinos habían sido asesinados buscando asistencia humanitaria en los sitios de distribución o en sus proximidades. Además, se prohibió a Israel restringir y limitar la presencia y las actividades de la ONU, otras organizaciones internacionales y terceros Estados «en y en relación con el Territorio Palestino Ocupado en un grado que cree, o contribuya a, condiciones de vida que obliguen a la población a irse». Pero se van, han desplazado, dislocado y reubicado por cientos de miles.
A nivel logístico, la Corte señaló que Israel, como potencia ocupante, estaba incondicionalmente obligado por el artículo 59 a «aceptar y facilitar planes de socorro si la población local no está adecuadamente abastecida». Si bien los Estados estaban en su derecho de inspeccionar los envíos de ayuda, esto no se extendía a impedir «la entrega de envíos de socorro de una manera que socave el cumplimiento de [sus] obligaciones establecidas en el artículo 59».
Israel podía contar con la opinión disidente de un juez: la de Julia Sebutinde. Se publicaron las conocidas notas de conversación: sus colegas jueces no habían prestado suficiente atención a la infiltración de Hamas en el OOPS. Israel conservó la discreción para determinar cómo se distribuiría la ayuda humanitaria y difícilmente estaba obligado a hacerlo a través de los canales de ayuda de la ONU, especialmente aquellos que «actúan en contra de los principios de la Carta».
En su salvaje respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí continuó enfureciendo a unos 1.400 operativos de Hamas en la UNRWA cuya existencia nunca ha confirmado, descartando el resultado legal como «otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el disfraz de ‘Derecho Internacional'». Con una solidaridad inequívoca, el Departamento de Estado de Estados Unidos mostró un desprecio que raya en lo pueril, quejándose de que los jueces emitieron una opinión que «golpea injustamente a Israel y le da a la UNRWA un pase libre para su profundo enredo y apoyo material al terrorismo de Hamas».
Cuando un estado miembro de la ONU discrepa con cualquier mandato del derecho internacional, la tendencia afirmada, especialmente para los poderosos, es descartar tales restricciones como una farsa y una política desnuda. A pesar de esto, el cuerpo de jurisprudencia que ordena a los estados proteger a las poblaciones civiles y evitar asesinarlas y matarlas de hambre, continúa aumentando.
* El Dr. Binoy Kampmark fue becario de la Commonwealth en Selwyn College, Cambridge. Actualmente es profesor en la Universidad RMIT.
Fuente: Centro de Información Palestino.
Foto de portada: Agencia de Noticias de la República Islámica.
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