SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 29 de diciembre de 2015
En este año se ha consolidado el juicio de que México vive una crisis de derechos humanos.
Luego que en junio de 2011 se aprobó la reforma constitucional que reconoció a los derechos humanos como parte de ésta, nuestro optimismo se ha venido mermando frente a una realidad política y social que los menoscaba de manera continua.
Hace 15 meses que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos y a la fecha las preguntas están en pie. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los responsables? En noviembre de 2013 se quiso imponer, a los familiares de los normalistas y a la sociedad, una verdad oficial, pero al paso del tiempo esa versión se ha desfondado y continuamos sin respuesta.
La desaparición de los 43 es una especie de crisol de nuestra desgracia. Ahí convergieron policías ineptos, corruptos y asociados con la delincuencia organizada; autoridades municipales cómplices también de la delincuencia o, peor aún, que son la delincuencia misma; Ministerios Públicos que no saben investigar y cuya fidelidad pertenece a la delincuencia. Lo peor de todo es que situaciones similares se repiten por decenas y posiblemente por cientos a lo largo del país.
Somos un país federal y eso significa que frente a las fallas locales el gobierno federal podría ser subsidiario y cooperar para corregir los yerros. La historia reciente muestra cuán lejos estamos de funcionar de esa manera.
La crisis tiene muchas más aristas. A lo largo de 2015 varios de los organismos internacionales protectores de derechos humanos visitaron el país o llamaron la atención sobre algunos de nuestros numerosos problemas.
En febrero fuimos testigos del enojo gubernamental en contra del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que luego de examinar el informe oficial sobre esta problemática consideró que existe “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte [México], muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas…”. Un mes después sucedió la abierta confrontación con el Relator contra la Tortura, Juan Méndez, quien concluyó que la tortura es generalizada en México.
Durante los últimos días de septiembre y primeros de octubre tuvimos la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La cual afirma al final de la misma que “constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.
Apenas una semana después, el 7 de octubre, al concluir su recorrido por México el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó que “no quiero simplemente repetir las declaraciones hechas el viernes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al final de su visita a México. Sin embargo, sí respaldo por completo sus hallazgos, que coinciden en gran parte con las opiniones de mi Oficina y de varios expertos y órganos internacionales de derechos humanos de la ONU que recientemente han visitado o informado sobre la situación en México. Y, de hecho, las recomendaciones de la CIDH fueron también respaldadas por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como por varias organizaciones de la sociedad civil, ilustrando así que hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México”.
Una de las pocas cosas esperanzadoras es la creación y trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se afanan para que la investigación sobre la desaparición de los 43 sea exitosa y creíble. Este grupo ha estado permanentemente sometido a un cuestionamiento de algunos actores gubernamentales, de opinadores en la prensa e incluso de falsas defensoras de derechos humanos como la señora Isabel Miranda de Wallace.
La realidad de la crisis adquiere otras manifestaciones más. Veracruz destaca por el enorme número de periodistas asesinados y agredidos, a lo que debemos sumar que ahora también se reprime a los adultos mayores por el simple hecho de reclamar el pago de sus pensiones. O bien el estado de Puebla que tiene uno de los mayores números de presos políticos, es decir hombres y mujeres encarcelados por el simple hecho de reclamar derechos.
Se puede mencionar a Morelos, lugar donde la Fiscalía General de Justicia del estado tira fuera de toda norma en una fosa clandestina los restos de 150 personas. El recuento puede crecer y le pido a cada persona lectora que sume lo que considere forma parte de esta crisis de derechos humanos.
Para enfrentar una crisis se requiere un plan de emergencia. A la fecha tal cosa no existe en México, lo que encontramos son discursos que repiten vanamente que los derechos humanos son una prioridad, que proponen alternativas formuladas al vapor o bien buscan imponer falsas soluciones torciendo la realidad. Muchas formas de la vieja práctica de la simulación.
2015 Ya se termina. ¿Será que 2016 nos ofrece nuevas perspectivas?
@edgarcorterzm
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