SOMOSMASS99
Rigoberto Beltrán Vargas*
Viernes 18 de septiembre de 2020
En este mes de septiembre, mes patrio, es necesario construir una reflexión que abarque una de las realidades, podemos llamar “las venas abiertas de México”, es decir, la minería con sus problemas económicos, sociales y ecológicos.
Para esto habrá que meternos en el análisis de la ley actual que existe desde 1992, que daña derechos básicos tanto de pueblos como de ciudadanos y de la nación, manifestándose en conflictos sociales eternos.
Con todo esto el patrimonio de la nación cae solo en el beneficio de empresas extranjeras.
El marco legal de la minería, a pesar de ser una actividad prioritaria, permite una inversión extranjera del 100 por ciento y un pago al erario por derechos, simbólico: las contribuciones no se cobran de acuerdo a los minerales extraídos si no por las hectáreas de tierra concesionadas. Se trata entonces de un verdadero despojo (art. 25, 27, 28 y 29 de la Constitución).
Históricamente y de acuerdo a la Constitución la nación, por conducto del Estado, ha tenido el dominio sobre su patrimonio mineral pero la actual legislación (1992) se aparta de los principios constitucionales, de la historia jurídica de México, violenta los derechos fundamentales suscritos en tratados internacionales, provoca conflictos sociales y daña gravemente el medio ambiente.
La participación extranjera es alarmante: expresas canadienses, estadounidenses, australianas, inglesas, japonesas y de otros países. Las empresas violentan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y de los núcleos agrarios; los derechos de los trabajadores son relativizados; el empleo técnico y de calidad no se queda para los mexicanos sino para técnicos y profesionistas extranjeros; el medio ambiente se ve afectado por la minería a cielo abierto, por el alto consumo del agua, cosas todas estas que en sus propios países están prohibidas.
En resumen: la ley minera (1992) fue diseñada para favorecer al capital nacional y extranjero en detrimento de los derechos de los mexicanos y de los principios económicos de nuestra Constitución.
Recientemente en el “Pacto por México” (gobierno de Peña Nieto y los tres partidos mayoritarios, PRI, PAN, PRD) manifestaron su interés por aprobar una nueva ley minera.
El “Pacto por México” es ineficaz ante la gravedad del problema, la situación del país y la urgencia de solución: la revisión debe ser integral para una solución general; el cobro de derechos a los concesionarios debe ser de acuerdo con los volúmenes del material que se obtiene; el respeto del derecho de consulta que tienen los pueblos, las comunidades y los núcleos agrarios de acuerdo con la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las soluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la prohibición de la minería a cielo abierto y de las minas de carbón de tiro vertical; el pleno respeto, promoción y garantía de los derechos de los trabajadores mineros; la derogación del principio previsto en el artículo 6° de la ley vigente, que considera primordial a la actividad minera sobre cualquier otra actividad productiva de los pueblos, las comunidades, los núcleos ejidales, del propio Estado; el incremento de los requisitos para obtención de una concesión minera; la disminución del tiempo de las concesiones; el aumento de causales que anulen, suspendan, cancelen y sancionen a los concesionarios mineros que violenten los principios constitucionales y los derechos fundamentales de los mexicanos y poner el interés de la nación por encima de los intereses privados de las empresas mineras.
Queremos llamar la atención sobre un asunto que no puede ser ignorado por los mexicanos; urge una nueva ley minera que sea consecuente con el orden constitucional, el medio ambiente, los derechos de los trabajadores, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los núcleos agrarios y con las finanzas públicas del país.
E-mail: [email protected]
* Presbítero y Coordinador del Observatorio Acambarense por los Derechos Humanos Raúl Vera López.
Foto de portada: Observatorio Acambarense por los Derechos Humanos Raúl Vera López.
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