SOMOSMASS99
Oscar Alzaga*
Miércoles 24 de febrero de 2021
A casi dos años de la reforma laboral del 1 de mayo de 2019, que inicia en febrero de 2017 con la reforma al artículo 123 Constitucional, no se han tenido cambios substanciales en el mundo laboral, pese a todos los alegres anuncios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ya que los cambios y avances no llegan. Veamos:
En México tenemos la férrea tradición de que los patrones no cumplen las reformas, hasta que son presionados por los trabajadores, gobiernos o ambos. De otro modo es imposible. Peor ahora que durante 36 años hicieron retroceder los derechos e intereses laborales para encumbrar los empresariales, el lucro, apoyados por los gobiernos neoliberales de 1982 a 2018. En esos años el país retrocedió como nunca, lejos de avanzar. Por ello los retos hoy son más difíciles.
Hasta 1982 teníamos sindicatos antidemocráticos, pero fuertes; de ese año en adelante decrecen y debilitan a los trabajadores sindicalizados, de 12 millones bajan a 4.4 en 2018. Eso significa la debilidad extrema del principal medio de defensa de los trabajadores: los sindicatos. En cambio, con Cárdenas la sindicalización subió al triple, caso único, de 300 mil trabajadores a 900 mil de 1934 a 1940.
La CTM, CROC y otros sindicatos, antes poderosos y del PRI, ahora son parte de la privatización, del adelgazamiento del Estado, del PRI y de los sindicatos. En 1982 la CTM convocaba a movilizaciones de millones de marchistas el 1 de mayo; ahora la mayor movilización en 2020 con AMLO, fue apenas de 8 mil afiliados.
La calidad de la CTM ahora es de caricatura. Es lo más opuesto al cambio que propone la reforma laboral, cuyo corazón es la libertad sindical: que las y los trabajadores voten en secreto para elegir a sus líderes sindicales y que a través del voto secreto y mayoritario se aprueben o no los convenios anuales de revisión salarial o contractual.
Antes de 1982 los mejores contratos colectivos de trabajo (CCT) eran orgullo del país del: IMSS, SME, Telefonistas, Petroleros, Ferroviarios, Mineros, etc. Hoy casi todos fueron mutilados. La CTM, CROC y otros los vendieron a los patrones, para convertirlos en contratos colectivos de protección patronal (CCPP). Una infamia histórica. Góngora ayudó en 1996 con su jurisprudencia de la Corte, al permitir la disminución de los CCT, las prestaciones y los salarios, “siempre y cuando no fueran abajo de lo establecido por la Ley Federal del Trabajo” (LFT).
Los salarios cayeron igual, pues en 1976 alcanzaron su mayor nivel y valor, pero el FMI y el Banco Mundial aconsejaron que los altos salarios eran inflacionarios y contrarios el desarrollo. El TLCAN de 1994 volvió los salarios un atractivo para las maquilas, una ventaja comparativa; así mientras EUA y Canadá ponían capital y tecnología, a México le tocaba poner mano de obra barata. Los gobiernos y empresarios seguían puntualmente al FMI, BM y al Consenso de Washington. Nunca a favor de los trabajadores. Ellos inventaron el tope salarial que, además de bajar los salarios cada año, negaba la libre negociación colectiva, hasta llegar al 2018 a tener aquí los salarios más bajos de América Latina.
El TLCAN, de 1994 en adelante, hizo crecer los CCPP como un cáncer contra los trabajadores, se multiplicaron, según Arturo Alcalde eran casi el 80 o 90% del total de CCT.
A partir de la reforma laboral del PRI-PAN-PRD de 2012 se “legalizó” la subcontratación (outsourcing), que antes era una excepción obligada a justificar ese carácter, y en pocos años se volvió una plaga patronal; junto con los empleos eventuales destruyeron un principio y una norma básica: la planta o la estabilidad en el empleo, que es la base de todos los derechos laborales y sindicales, hoy humanos. Hoy la patronal defiende la subcontratación con el apoyo de Monreal y la STPS.
Con el debilitamiento de los sindicatos el derecho de huelga cayó tanto que con cinismo el gobierno de Peña se sintió orgulloso de su política de “cero huelgas” en el siglo XXI, lo que fue falso, ya que de los grandes sindicatos nacionales, el Minero realizó decenas de huelgas, resistiendo los embates patronales y de gobiernos.
Como bien señaló el maestro Mario de la Cueva: los derechos colectivos forman un triángulo indisociable, lo que hoy con la reforma de 2011 a la Constitución, gracias a la Corte Interamericana, forma parte de los principios de la Ley Suprema de: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Pero hoy nuestros derechos colectivos de sindicalización, contratación colectiva y huelga están destrozados, son herramientas jurídicas que corresponde a las y los trabajadores, a la sociedad y los gobiernos legítimos, reivindicar y poner en marcha.
Hay que recordar que la caída salarial de 36 años automáticamente destrozó las cuotas obrero-patronales de la Seguridad Social, la vivienda, las pensiones y jubilaciones. Además, se implementó una política de privatización de esas instituciones de Seguridad Social, ante la que hubo una lucha y resistencia notable de 1994 a 2006, contra la parcial privatización del IMSS con la reforma de 1995-97. Como también se llevó a cabo la privatización de la educación, para fortalecer la medicina y hospitales privados y universidades particulares.
Además de lo expuesto, toda reforma reclama de medios para su implementación, como los tribunales que den acceso a los trabajadores y sindicatos a la Justicia Social, al reconocimiento de sus derechos e intereses. El acceso a la justicia es indispensable. Pero se equivocó el camino apostando a dejar intactas y sin cambios, las Juntas estatales y la Federal de conciliación y Arbitraje, pensando que en los nuevos tribunales laborales judiciales y en los Centros estatales y Federal de Conciliación y Registro Laboral se aplicaría la reforma.
Si antes de 1982 las Juntas no eran el mejor modelo de la Justicia Laboral y Sindical, de ese año a 2018 fueron convertidas en un lastre y brutal atraso, propiamente, en Juntas de Protección Patronal, con alta dosis de corrupción de las autoridades. Esto nunca fue ni es un secreto para nadie, porque las Juntas y la STPS fueron disminuyendo los sindicatos del país, con su apoyo cayeron los salarios, crecieron los CCPP, destruyeron los CCT, surgió y creció la subcontratación y todos los demás lastres neoliberales.
Por eso nos sorprendió que en un gobierno que ha puesto tanto empaño en combatir la corrupción se haya optado deliberadamente por dejar las Juntas igual que antes. Apostaron a un futuro incierto y despreciaron el presente; debilitando las reformas laborales de 2017 y 2019, las dejaron sin fuerza y viabilidad.
Quizá hubo personas sin experiencia y conocimiento de la situación de las Juntas, pero no en los que van a cumplir 50 años en el medio. Porque cuando menos en los próximos 4 años, hasta finalizar el sexenio, las viejas juntas seguirán atendiendo la mayor parte de los asuntos laborales y sindicales, mientras que las nuevas instituciones solo verán los asuntos nuevos, a partir de su funcionamiento. Mal futuro para las y los trabajadores y, claro, para el país, en tanto que ellas y ellos con sus familias, son hoy la mayoría nacional.
¿En cuántos sindicatos de la CTM y la CROC se han aplicado las reformas, cuántos sindicatos han modificado sus estatutos conforme a la reforma, para que de inicio la libertad sindical? ¿Por qué para muchos y la inercia de autoridades, la CTM sigue siendo la representante de los trabajadores, si durante 36 años representó más a la patronal?
*Abogado, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
Foto de portada: Industri All Global Union.
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