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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 24 de febrero de 2021
- También llamó a México a asegurar que cualquier modificación se debata con amplia participación ciudadana
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado mexicano a asegurar que cualquier modificación legislativa a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) sea debatida con amplia participación ciudadana, aplicando el enfoque de derechos humanos y de modo consistente con los compromisos internacionales del país en la materia.
A través de un comunicado fechado en su sede de Washington, EEUU, la CIDH recordó que el 7 de octubre de 2020 el partido Morena presentó ante el Senado de la República una iniciativa legislativa para la aprobación de una nueva Ley de la Fiscalía General de la República con la que se busca reformar diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales que regulan sus competencias de derechos humanos.
Desde esa fecha, diversas opiniones han criticado la iniciativa por considerar que por sus implicaciones -por ejemplo la renuncia de la FGR a investigar casos de desaparición forzada- significa un grave retroceso en materia de derechos humanos.
La CIDH dijo que la adopción de la LOFGR, en diciembre de 2018, y actualmente vigente, fue resultado del trabajo de una coalición de diferentes organizaciones que solicitaron al Estado la convocatoria de un diálogo nacional y mesas de trabajo para diseñar conjuntamente una Fiscalía independiente, autónoma y profesional que garantice el acceso a la justicia y cumpla efectivamente sus deberes de investigación.
Precisamente, como resultado de esta construcción colectiva, la nueva Ley Orgánica dispuso que la revisión en torno al modelo de la Fiscalía y la política criminal debe realizarse de modo participativo y público. Al respecto el Estado agregó que estas modificaciones responden a la experiencia adquirida durante el primer año de vigencia de la Ley.
Foto (ilustrativa): Rastreadoras de Ciudad Obregón, Sonora.
En la actualidad, la CIDH tomó conocimiento de que, ante la solicitud ciudadana de realizar un parlamento abierto respecto de la iniciativa legislativa, la Cámara de Senadores optó por abrir un cuestionario en internet entre el 21 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021 cuya naturaleza podría limitar la participación de la ciudadanía de conformidad con los estándares interamericanos.
«En este sentido, a la luz del derecho a la participación ciudadana consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH señaló que la participación activa de las personas en la toma de decisiones públicas es un derecho exigible y una obligación del Estado. Para la CIDH, para impulsar la participación efectiva no basta con generar mecanismos de consulta y deliberación; es preciso incorporar las contribuciones que de ellos emanen. Los estándares interamericanos se han referido igualmente a la importancia de incluir a las víctimas de violaciones de derechos humanos en la elaboración de los programas de reparaciones. En ese sentido (…), la participación de la ciudadanía permite que se incorporen las experiencias, perspectivas y puntos de vista de las personas y grupos que son titulares de los derechos que se buscan salvaguardar.
«La Comisión reitera al Estado la importancia de los principios de participación social y de producción y acceso a la información como garantía de transparencia y rendición de cuentas en la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. A poco más de dos años de su aprobación, se alienta al Estado a que cualquier propuesta de modificación de la LOFGR ocurra en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana para que los cambios que se adopten fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos y sean el resultado de un proceso abierto, deliberativo y ampliamente participativo».
La CIDH también recordó que para organizaciones de sociedad civil y organizaciones internacionales de derechos humanos, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y mecanismos especiales de las Naciones Unidas, la preocupación es por el impacto de las posibles modificaciones, que afectarían las garantías judiciales de las víctimas, la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) en órganos de coordinación interinstitucional en materia de derechos humanos, y la búsqueda de personas desaparecidas, todo ello en contravención con las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por el Estado mexicano.
En este sentido, la CIDH puso especial atención en los pronunciamientos emitidos por la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) que alertan sobre la salida de la FGR del SNB, la derogación de los supuestos de competencia federal para la investigación de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como la supresión de la obligación expresa de la FGR y de las fiscalías de las entidades federativas de coordinarse con las comisiones de búsqueda.
Al respecto, la Comisión ha resaltado la importancia de la complementariedad e interrelación entre la búsqueda y la investigación, así como la necesaria coordinación interinstitucional para una búsqueda efectiva; y recuerda al Estado mexicano que, desde un enfoque de derechos humanos, la política pública sobre búsqueda debe ser transparente y visible, debiendo construirse e implementarse en todas sus etapas y alcances con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
Imagen de portada: Salón de plenos del Senado de la República. | Foto: Canal del Congreso.
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