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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 21 de abril de 2021
Pese al creciente rechazo de víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos internacionales, legisladoras e incluso de la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, diez en contra y una abstención el dictamen que abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y crea la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR).
Después de dos días de controversias, y tras la aprobación del dictamen de minuta con proyecto de decreto, la Comisión de Justicia presidida por la diputada panista Pilar Ortega Martínez envió el documento a la Mesa Directiva de la Cámara para los efectos reglamentarios que correspondan.
El aval de la mayoría de las y diputados de dicha Comisión se dio tras semanas de opiniones contrarias y que pedían la modificación del dictamen, como las de la Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja, a las que se sumó una creciente inconformidad por parte de víctimas, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Pilar Ortega Martínez, diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Justicia. | Imagen: Cámara de Diputados.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) realizó una manifestación frente a la Cámara de Diputados y denunció la resistencia de las y los legisladores para realizar un verdadero Parlamento Abierto.
Las familias pidieron “suspender el dictamen presentado por ir en detrimento de los derechos de las víctimas y de la impostergable necesidad de generar estructuras eficaces de combate a la impunidad. Esto hasta que se garantice la adecuada participación de las víctimas en el proceso y la construcción de una Ley que nos lleve a mejorar, no a retroceder”.
El movimiento de familias recordó algunos de los puntos problemáticos. Sostuvieron que el rol de la FGR en la búsqueda de personas desaparecidas es fundamental y les parece sumamente delicada la poca claridad en cuanto a sus obligaciones como miembro del Sistema Nacional de Búsqueda; insistieron en que la participación del Ministerio Público en el Protocolo Homologado de Búsqueda no debe eliminarse y sí debe hacerse una revisión exhaustiva de sus procesos con el Ministerio Público para buscar que sean transparentes y coordinados con otras instituciones.
El MNDM también consideró preocupante que la Guardia Nacional tenga facultades de investigación; sostuvo que es inaceptable cualquier retroceso al derecho de participación de los familiares en el proceso de búsqueda y que no es aceptable la eliminación de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, ni la disminución de la participación ciudadana en la designación de titulares de Fiscalías Especializadas y en el acompañamiento al trabajo de la FGR.
Hace unos días, organizaciones agrupadas en el Colectivo contra la Impunidemia consideraron una “traición a las víctimas” el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).
En la sesión, la diputada Ortega Martínez leyó las peticiones de los familiares de las víctimas, quienes solicitaron que los tomen en cuenta para decidir sobre la ley; para que se respeten los derechos humanos, para el nombramiento del fiscal general y de los fiscales, así como para la desvinculación de la FGR.
En tanto, la legisladora Lorena Villavicencio Ayala (Morena) comentó que es necesario realizar modificaciones al dictamen sin que se afecten las funciones de la FGR, para mejorar la propuesta en favor de los derechos de las víctimas y la posibilidad de acceder a la justicia.
Aprobado y enviado a la Mesa Directiva
Sin embargo, la mayoría de legisladores y legisladoras avalaron el dictamen que abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de distintos ordenamientos. Las reservas presentadas se desahogarán en el Pleno.
Foto: Cámara de Diputados.
La finalidad del dictamen aprobado, se dijo en la sesión, es crear un ordenamiento jurídico para establecer la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la FGR, así como la organización, responsabilidades y función ética jurídica del Ministerio Público de la Federación, el cual se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio.
Precisa que todas las referencias normativas a la Procuraduría o procurador General de la República, se entenderán referidas a la FGR o a su persona titular y que se coordinará con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la celebración de acuerdos interinstitucionales que se relacionen con sus atribuciones.
Respecto a la persona titular de la Fiscalía General cita que su estructura estará sujeta a la autoridad jerárquica del fiscal General, quien ejercerá ésta sobre el personal de las fiscalías, unidades y áreas que la integran y garantizará la independencia y autonomía de las funciones del Ministerio Público.
En el artículo Quinto Transitorio señala que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, quedará desincorporado de la administración pública federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales, que pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República.
En el Duodécimo señala que la persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República.
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del Decreto.
Y mientras la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) solicitaba abrir el debate para discutir el dictamen, fijar las posiciones y hacer propuestas, el morenista Alfredo Rivas Aispuro celebró «el espacio otorgado a las familias de las víctimas». Dijo: “Confíen en nosotros, que vamos a realizar nuestro trabajo, se les escuchó y se les entendió, atenderemos todas sus inquietudes”.
Con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Foto de portada: Centro Prodh.
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