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Anayeli García Martínez / Cimacnoticias*
Ciudad de México / Miércoles 21 de abril de 2021
“Están acusando a mi hija de que mató a Santiago (su esposo), pero eso es mentira. Ahora nadie me quiere decir dónde está”. Esas fueron las palabras de la señora Catarina Velázquez Moreno, quien denunció la desaparición de su hija Aurelia Velázquez Moreno, de quien no tiene noticias desde mayo de 2020.
La hija de Catarina es indígena Na Savi, orirginaria del municipio de Cochoapa el Grande, en el estado de Guerrero. Una noche Aurelia dormía en el suelo, con sus hijos de 6 meses y 7 y 5 años de edad, cuando alguien entró a su casa y disparó a su esposo, quien la maltrataba constantemente.
Los padres de Santiago, esposo de Aurelia, la acusaron de asesinato. Días después ella desapareció. Ahora que Catarina emprendió el camino para localizar a su hija, los familiares de su yerno le dicen que no la busque porque seguramente se fue a Estados Unidos.
La historia de Catarina es uno de los casos que acompaña el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que desde el inicio de la pandemia por COVID-19, en marzo de 2020, ha documentado 20 casos de feminicidio, 20 de delitos de violencia sexual, 80 de violencia física y 85 de violencia económica, en particular del incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, en el estado de Guerrero.
Foto: César Martínez López / Cimacnoticias.
Durante el confinamiento por la pandemia, esta organización también ha registrado tres casos de mujeres desaparecidas, entre ellas el de Aurelia. Sin embargo, los testimonios de las víctimas son más: de 2016 a la fecha han conocido 36 desapariciones, de las cuales 10 fueron de mujeres; y de 2014 hasta abril de 2021 han registrado 71 casos de feminicidio.
Así lo dio a conocer la abogada Neil Arías Vitinio, durante la presentación de la campaña “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, lanzada de forma virtual este miércoles 21 de abril, mediante la cual personas defensoras denuncian el aumento de la violencia que ejercen grupos de la delincuencia organizada que actúan en colusión con los cuerpos de seguridad y demás autoridades locales.
El antropólogo y director de Tlachinollan, Abel Barrera, expuso que durante la pandemia también se incrementaron los casos de violencia contra las mujeres, algo que vino aparejado de la insolencia de las autoridades, quienes no creen a las víctimas, las discriminan y burocratizan las denuncias.
Los esposos, parejas y autoridades, dijo el defensor, violentan a las mujeres. Por ejemplo, a pesar de que que el municipio de Tlapa y otras localidades de la Montaña están en Alerta de Violencia de Género, decretada por la Secretaría de Gobernación en 2017, y por tanto deben tener intervenciones de urgencia, en los hechos las acciones son ineficientes.
Tlachinollan pidió que las autoridades atiendan el clamor de las mujeres que exigen justicia y un alto al feminicidio, las desapariciones de mujeres y las agresiones sexuales. El desafío de este gobierno que está por concluir, señalaron los integrantes de esta agrupación, es intervenir de manera urgente ante la alerta de violencia de género.
* Cimacnoticias es una agencia multimedia especializada en periodismo con Perspectiva de Género.
Foto de portada: Hazel Zamora Mendieta / Cimacnoticias.
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