A prueba
Agustín Galo Samario
Este viernes, el juez de oralidad en Silao, Pablo López Zuloaga, confirmó lo que todo mundo ya sabía desde el 4 de septiembre: la agresión contra Karla Janeth Silva Guerrero fue motivada por su labor como reportera, lo que hasta ahora constituye el primer atentado contra la libertad de expresión que se comprueba en Guanajuato.
Por el trabajo del juzgador hoy puede decirse que las instituciones, aunque trabajosamente, avanzan en la resolución de un caso que ha puesto en entredicho la calidad democrática en nuestro estado. Y gracias a las afortunadas filtraciones, hoy también sabemos que el procurador Carlos Zamarripa Aguirre cumplió con su palabra de llamar a declarar al alcalde Benjamín Solís Arzola, que éste se ha negado a comparecer ante el Ministerio Público y que le ha mentido a la opinión pública de todo el país respecto de su supuesta voluntad para colaborar con las investigaciones.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las buenas noticias no ocultan otros hechos preocupantes. Que si bien el funcionario que ha sido acusado directamente de ordenar el ataque contra la reportera es Nicasio Aguirre Guerrero, hoy prófugo, el presidente municipal no deja de ser el principal sospechoso de ser el verdadero autor intelectual del atentado.
La manera en que se desarrolló la sesión de ayuntamiento en que Solís Arzola presentó su segundo informe de labores, deja ver el talante del munícipe y permite advertir hasta dónde podría llegar en su intento de aferrarse el cargo. Así lo revela la contratación de acarreados para que lo vitorearan y opacaran la manifestación de los comunicadores que apoyan a Karla Janeth Silva y con ella el derecho a la libertad de expresión. Pero más lo evidencia que elementos del Ejército se hayan dedicado a fotografiar a cada periodista, en un acto de intimidación que sólo cabe presumir fue organizado a petición del propio alcalde.
Es necesario decirlo: nadie en su sano juicio podría dejar de apostarle a la fortaleza de las instituciones y a la consolidación de nuestra democracia. Pero los avances en el caso de Karla Janeth Silva aún no son suficientes para llegar al fondo del problema ni a su origen. Es por eso que las autoridades judiciales y ministeriales aún están a prueba.
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