Ausencia federal
Agustín Galo Samario
No obstante que las autoridades estatales aseguran que han disminuido los delitos, cada vez aumenta más la sensación de inseguridad entre los ciudadanos. Sobran los ejemplos que contribuyen a generar la percepción de que todo va mal. Ya son los asesinatos de profesionistas, de jóvenes y de ex funcionarios públicos, o los asaltos a plena luz del día grabados en las cámaras de video colocadas en las calles supuestamente para prevenir y protegernos a todos.
Se trata de hechos que causan gran impacto en la sociedad y que demuestran que no nos salvamos de la espiral delictiva y de violencia por la que atraviesa todo el país. En este sentido, aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presuma cada vez que puede el supuesto éxito del programa Escudo, nada indica que pronto vaya a terminar esta situación y la seguridad se instale por fin en nuestro territorio.
No es que la PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tengan la responsabilidad exclusiva de todo lo que nos pasa. Desde hace años una de las obligaciones contraídas por nuestros gobiernos es la de coordinar los esfuerzos federales, estatales y municipales para enfrentar a la delincuencia. Y eso, precisamente, es de lo que se carece.
Hace un mes, cuando se celebró el Festival Internacional Cervantino, se volvió a repetir lo que cada año: policías de corporaciones federales se sumarán a los cuerpos de seguridad pública municipales y estatales para vigilar la capital del estado. Hoy se sabe que hubo denuncias ciudadanas contra la Gendarmería porque algunos de sus elementos en lugar de cuidar a la población se dedicaron a asaltar a los jóvenes en los callejones de la ciudad. Nadie les hizo caso, por supuesto.
Pero eso no es lo único, así como nos dimos cuenta que escondidos en el término “corporaciones federales” de repente llegaron los gendarmes, así desaparecieron al terminar el festival cultural: sin avisar formalmente a nadie. Lo peor del caso es que ese camino han seguido los policías federales que, formalmente, han sido asignados a Guanajuato por la Secretaría de Gobernación, que asumió las responsabilidades de la seguridad pública del país cuando al inicio del sexenio desapareció la dependencia del ramo. Porque resulta que lo único que se sabe es que una mayoría de sus elementos han sido trasladados a Michoacán para cuidar que la inseguridad no se desborde, y eso que allá se cuenta con policías comunitarios ahora avalados por la federación.
Pues bien, por razones no explicadas a nadie solamente permanecen en nuestro territorio 93 de sus uniformados. Si se toma en cuenta que deben tomar descansos, que algunos realizan funciones administrativas y que otros se enferman (a no ser que lo tengan prohibido), como sucede en cualquier centro de trabajo, nos podemos imaginar cuántos de ellos se dedican a cuidar la seguridad en el estado. Sin duda hay otras entidades donde la inseguridad se ha desbordado más que aquí, pero aquí también hace aire como lo hemos podido comprobar recientemente.
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