Sin tiempo que perder
Agustín Galo Samario
Durante la noche de este miércoles y madrugada de hoy se cumplieron dos meses exactos de que policías municipales de Iguala, Guerrero, desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa y asesinaron a seis personas, tres de ellas también jóvenes estudiantes de la normal Rural Isidro Burgos. A la masacre le siguió la indignación nacional, expresada en cientos de marchas con miles y miles de participantes que exigen justicia.
No es difícil entender por qué la sociedad ha reaccionado de esta manera, en Yucatán, Aguascalientes o Guanajuato, en todos lados. Porque quedó en evidencia que la policía de Iguala, como ocurre en otras tantas partes del país, está al servicio del crimen organizado; porque el gobierno guerrerense se vio rebasado, no tuvo reflejos o porque ni siquiera se interesó en el asunto a pesar de la gravedad de lo ocurrido; porque el Ejército, a pesar de que desde los tiempos de Felipe Calderón se dijo que fue enviado a las calles para proteger a la población, no movió una sola de sus unidades ni a uno solo de sus elementos para ir a proteger a los estudiantes; porque el PRD, como todo mundo supone sucede en los demás partidos políticos, fue quien convirtió en alcalde al hoy preso José Luis Abarca, que junto con su esposa María de los Ángeles Pineda son dos de los presuntos líderes de la banda Guerreros Unidos, a quienes se atribuye la desaparición de los normalistas luego de que se los entregaron los policías municipales; y por la lenta reacción del gobierno federal para atraer el caso y aún más para realizar las investigaciones para dar con el paradero de los desaparecidos.
Si todo esto no es prueba de que en México hay un Estado fallido, por lo menos es evidencia de que las instituciones les han fallado a los mexicanos y nada garantiza que no lo volverán a hacer. Ese es el problema, ese es el motivo principal de la desconfianza ciudadana en nuestros gobiernos. Porque, simplemente, no es la primera vez que hay desapariciones individuales o masivas y luego hallazgos de fosas clandestinas con decenas de muertos. Así ha sucedido en Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua e incluso en Guanajuato. Porque las injusticias y la impunidad recorren la República entera.
El día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto hará anuncios importantes para reestructurar todo el sistema de justicia en el país. Cualesquiera que sean las medidas que se emprenderán, lo que se requiere con urgencia es encontrar a los culpables de todas las desapariciones en el territorio nacional, no sólo a los 43 normalistas, y castigar a los responsables, sean quienes sean; desarticular a las bandas del crimen organizado; crear por fin la Comisión Nacional Anticorrupción para inhabilitar y sancionar a los servidores públicos, en los tres poderes y niveles de gobierno, que se hayan corrompido. El Estado mexicano debe darse la oportunidad de rescatarse a sí mismo. Si no, todos lo padeceremos. El tiempo se agota.
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